El plan del Gobierno para que docentes puedan acceder a su vivienda propia obtuvo media sanción
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial que busca que los docentes tengan mejor acceso una casa propia fue aprobada en la Cámara de Diputados.
La mitad de los docentes de la provincia tienen dificultades para acceder a una vivienda propia.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca mejorar el acceso a la vivienda propia por parte de los docentes de Mendoza. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo provincial, apunta a modificar la Ley 9545, la cual creó el Fondo Escolar Permanente, en 2024. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada en el Senado.
El proyecto fue concebido con dos objetivos principales: ampliar las fuentes de financiamiento del Fondo mediante la venta de bienes que la Dirección General de Escuelas (DGE) no utilice, y habilitar a que parte de dichos recursos sean usados como garantía en operaciones crediticias destinadas a facilitar el acceso a viviendas para los docentes.
En ese contexto, el texto de la norma resalta que el sistema educativo moderno requiere una administración de recursos transparente, dinámica, eficiente y adaptada a la coyuntura actual. "La sustentabilidad del financiamiento educativo y el bienestar de los trabajadores de la educación constituyen dos pilares indisolubles para garantizar la calidad de la enseñanza", reza la norma.
Qué dice el proyecto para que docentes puedan acceder a una casa propia
El aspecto más novedoso de la iniciativa es la incorporación de un nuevo artículo (el 6° bis), que autoriza a la Dirección General de Escuelas a utilizar parte del Fondo Escolar Permanente como garantía de operaciones financieras vinculadas a programas de acceso a soluciones habitacionales para docentes.
La propuesta no implica ni hace referencia a una entrega directa de dinero para construir viviendas, sino que el Fondo respaldará créditos bancarios, fideicomisos, cauciones u otras herramientas financieras que permitan desarrollar programas habitacionales.
La afectación prevista "no importará suspensión, modificación ni interrupción del Fondo Escolar, sino la constitución de una reserva (...) con disponibilidad restringida, por el plazo, alcance, porcentaje, condiciones y modalidades que establezca la reglamentación y/o ei lnstrumento específico que apruebe la operatoria correspondiente".
Un punto importante es que se establece que deberán "preservar un saldo mínimo operativo del Fondo Escolar Permanente para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, no pudiendo afectarse en garantía la totalidad de sus recursos líquidos disponibles".
Las restricciones que plantea el proyecto
Además, la norma incorpora las siguientes restricciones para evitar que el Fondo quede comprometido:
- No podrán utilizarse como garantía bienes inmuebles (edificios escolares), muebles registrables y todos aquellos elementos esenciales afectados de manera directa a la prestación del servicio educativo.
- Sólo podrán afectarse recursos líquidos, rentas o disponibilidades financieras.
- La DGE deberá mantener un saldo mínimo operativo del Fondo Escolar Permanente.
- La reglamentación establecerá porcentajes máximos de afectación.
- Toda operación deberá contar con dictámenes técnicos, contables, presupuestarios, financieros y legales previos.
Nuevo destino para el Fondo Escolar y venta de bienes de uso
Por otro lado, la reforma modifica el artículo 3 de la Ley 9.545 con la que buscará ampliar el objeto del Fondo Escolar Permanente.
Hasta ahora, la ley estaba orientada principalmente a infraestructura escolar, pero con el nuevo texto, los recursos podrán destinarse a generar rentas "para la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y su comunidad educativa".
Además, se buscará incorporar como recursos del Fondo Escolar Permanente todo el dinero que provenga de la venta, subasta, remate, alquiler, indemnización o cualquier otro producido derivado de bienes en desuso, rezagos, vehículos obsoletos, equipamiento o materiales pertenecientes a la DGE o al Ministerio de Educación. Cabe resaltar que, actualmente, esos recursos no forman parte del Fondo Escolar.
El debate legislativo: de la necesidad del proyecto a las críticas por falta de fondos
Durante el debate del proyecto, la diputada radical Elisabeth Crescitelli remarcó que la modificación incorpora un inciso para ampliar los recursos que se pueden aplicar al Fondo, como son los mencionados casos de los bienes en desuso. En línea con la legisladora se mostró el radical César Cattaneo, quien expuso la necesidad de que la provincia tenga una "mirada integral sobre la política educativa" que vaya más allá de "un índice".
En paralelo, Rolando Scanio -de La Unión Mendocina- también apoyó la iniciativa y resaltó las dificultades que atraviesa un docente para acceder a un crédito: "Para ingresar se le solicita al grupo familiar reunir cinco salarios mínimos, y el sueldo de un docente no alcanza para este requisito", dijo. En este sentido expresó que desde su bloque se propone que “hay muchos terrenos que están ociosos, que podrían ser destinados para la construcción de departamentos para los docentes”.
Por su parte, desde el PRO reconocieron que la provincia atraviesa un problema habitacional al que "tenemos que dar una respuesta". En ese sentido, resaltaron que el proyecto "al menos -y en forma parcial- pretende darle una solución, aunque sea pequeña, a los docentes".
Lucas Ilardo, de Frente Patria, acompañó la iniciativa, aunque se distanció del oficialismo y criticó la falta de fondos suficientes para ponerla en práctica. "Este proyecto no hace ningún daño a los docentes, pero están generando una ilusión”, indicó.
En cuanto a los legisladores justicialistas, se abstuvieron de votar y expresaron que "e hace difícil acompañar un proyecto así porque no hay una propuesta clara para el docente de Mendoza, porque no hay un proyecto claro tampoco. Este plan ya debería estar en el IPV”.
La mitad de los docentes no tienen vivienda propia
Hace algunas semanas, el ministro de Educación Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar sostuvo que el déficit habitacional en el sector docente en Mendoza alcanza cerca del 50%. En ese sentido, aseguró que la provincia cuenta con aproximadamente unos 46.000 docentes en el sistema, “y la mitad de ellos tiene algún inconveniente en el acceso a la vivienda (alquila, está con una vivienda a préstamo, etc)”, lo que “motiva poder ofrecer una solución con esta iniciativa”, aseguró.
