El plan del Gobierno para que docentes puedan acceder a su vivienda propia
Presentó un proyecto para eficientizar los recursos Fondo Escolar Permanente y ampliar su utilización en garantías de créditos hipotecarios para docentes de Mendoza.
Son casi 400 las y los docentes de Mendoza que no cumplen los requisitos según salud laboral. Foto: Santiago Tagua/MDZ
Andrés Lombardi y Tadeo García Zalazar
Prensa LegislaturaEl Gobierno Provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley con el que buscará mejorar el acceso a la vivienda propia por parte de los docentes de Mendoza, uno de los desafíos y principales problemas que tienen las familias mendocinas, a causa de la falta de créditos hipotecarios y condiciones negativas en términos macroeconómicos.
Para eso, el Ejecutivo presentó la modificación la Ley 9.545, con la que había creado el Fondo Escolar Permanente en 2024, pero con dos objetivos principales: por un lado, ampliar las fuentes de financiamiento del fondo mediante la venta de bienes en desuso de la Dirección General de Escuelas (DGE); y por otro, habilitar que parte de esos recursos puedan utilizarse como garantía para operaciones crediticias destinadas a facilitar el acceso a viviendas para los docentes.
La iniciativa fue remitida este lunes a la Cámara de Diputados y está firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, donde se busca "optimizar la gestión patrimonial" de la DGE y modernizar las herramientas financieras del Estado "sin incrementar la presión fiscal ni generar nuevo endeudamiento".
Créditos para viviendas docentes
El aspecto más novedoso de la iniciativa es la incorporación de un nuevo artículo (el 6° bis), que autoriza a la Dirección General de Escuelas a utilizar parte del Fondo Escolar Permanente como garantía de operaciones financieras vinculadas a programas de acceso a soluciones habitacionales para docentes.
Este artículo (que es el 3 del proyecto) autoriza a la DGE a "afectar recursos del Fondo Escolar Permanente como garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente de operaciones crediticias, bancarias o financieras, aportes fiduciarios e intercambio de inmuebles, vinculadas al cumplimiento de los fines de la presente ley o a programas de acceso a soluciones habitacionales y/o urbanización para el personal docente", establece el artículo 3 del proyecto.
La propuesta no implica ni hace referencia a una entrega directa de dinero para construir viviendas, sino que el Fondo respaldará créditos bancarios, fideicomisos, cauciones u otras herramientas financieras que permitan desarrollar programas habitacionales.
La afectación prevista "no importará suspensión, modificación ni interrupción del Fondo Escolar, sino la constitución de una reserva (...) con disponibilidad restringida, por el plazo, alcance, porcentaje, condiciones y modalidades que establezca la reglamentación y/o ei lnstrumento específico que apruebe la operatoria correspondiente".
Un punto importante es que se establece que deberán "preservar un saldo mínimo operativo del Fondo Escolar Permanente para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, no pudiendo afectarse en garantía la totalidad de sus recursos líquidos disponibles".
"Reconocer el derecho a la vivienda digna de nuestros maestros y profesores es una política de Estado que impacta directamente en su arraigo, estabilidad y motivación institucional", fundamentan.
Límites del Fondo Escolar en el proyecto
De igual forma, se incorporan una serie de restricciones para evitar que el Fondo Escolar quede comprometido, que son las siguientes:
- No podrán utilizarse como garantía bienes inmuebles (edificios escolares), muebles registrables y todos aquellos elementos esenciales afectados de manera directa a la prestación del servicio educativo.
- Sólo podrán afectarse recursos líquidos, rentas o disponibilidades financieras.
- La DGE deberá mantener un saldo mínimo operativo del Fondo Escolar Permanente.
- La reglamentación establecerá porcentajes máximos de afectación.
- Toda operación deberá contar con dictámenes técnicos, contables, presupuestarios, financieros y legales previos.
En la fundamentación, el Ejecutivo sostiene que el déficit habitacional del sector docente requiere mecanismos innovadores que utilicen recursos públicos para facilitar financiamiento sin desfinanciar el sistema educativo.
Se amplía el destino del Fondo Escolar
Por otro lado, la reforma modifica el artículo 3 de la Ley 9.545 con la que buscará ampliar el objeto del Fondo Escolar Permanente.
Hasta ahora, la ley estaba orientada principalmente a infraestructura escolar, pero con el nuevo texto, los recursos podrán destinarse a generar rentas "para la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y su comunidad educativa".
En sus fundamentos, indicaron que en la actualidad, "la escuela no puede identificarse exclusivamente con su estructura edilicia, sino que debe comprenderse como una comunidad educativa integrada por estudiantes, docentes y demás trabajadores, cuya adecuada organización y estabilidad resultan indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo".
Venta de bienes en desuso
Uno de los cambios más importantes consiste en incorporar como recursos del Fondo Escolar Permanente todo el dinero que provenga de la venta, subasta, remate, alquiler, indemnización o cualquier otro producido derivado de bienes en desuso, rezagos, vehículos obsoletos, equipamiento o materiales pertenecientes a la DGE o al Ministerio de Educación.
Actualmente, esos recursos no forman parte del Fondo Escolar. Con la modificación, el Gobierno pretende convertir activos que hoy generan "costos de almacenamiento y mantenimiento" en recursos destinados a infraestructura educativa.
Planes de viviendas para docentes
En paralelo a este proyecto, el Gobierno provincial empezó a delinear luego de la apertura de sesiones del 1 de mayo, dos operatorias que apuntan a ampliar la oferta habitacional con un esquema distinto al modelo tradicional del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La primera línea estará dirigida a docentes y prevé unas 250 casas. La segunda se financiará con 10 millones de dólares del fondo del resarcimiento y podría llegar a unas 350 viviendas para familias que cumplan los requisitos de acceso a vivienda única.
La convocatoria admitirá dos caminos: construir en terrenos propios de los privados o avanzar sobre tierras aportadas por el Estado, especialmente por la Dirección General de Escuelas. Entre las zonas que ya aparecen en análisis figuran Guaymallén, Ciudad y San Rafael, aunque también podrían sumarse terrenos ofrecidos por municipios.
El programa tendrá una primera etapa de 250 viviendas, con unidades cercanas a los 60 metros cuadrados. El valor estimado de cada casa, incluida la urbanización, se ubicaría entre $100 millones y $120 millones.
El esquema financiero será uno de los filtros más importantes: el 80% del valor se cubrirá mediante crédito bancario, con posible participación del Banco Nación u otras entidades, y el 20% restante quedará a cargo del adjudicatario como ahorro previo.
Ese aporte no se exigirá de una sola vez, sino que podrá reunirse en 12 o 24 meses. En números concretos, implica juntar entre $20 millones y $25 millones, según el costo final de la vivienda.
La inscripción se abriría en el segundo semestre, una vez que estén definidos los proyectos habitacionales disponibles. El trámite se hará mediante una preinscripción a través del IPV, donde se revisará si los aspirantes cumplen con las condiciones exigidas. Además, los docentes deberán elegir a qué emprendimiento quieren postularse, porque la ubicación será parte de la decisión. No será lo mismo anotarse para una vivienda en el Gran Mendoza que para una alternativa en el Sur provincial.
El plan apunta a docentes con estabilidad laboral, por eso se priorizará a titulares. También se exigirá capacidad de pago. Según los criterios informados, el grupo familiar deberá acreditar ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Con el valor vigente desde el 1 de mayo de 2026, ese piso se ubica en $1.815.000. Luego de completar el ahorro previo y recibir la vivienda, el beneficiario continuará pagando el crédito hipotecario, que podría extenderse hasta 30 años.
En paralelo, el Gobierno prepara una segunda operatoria habitacional con fondos del resarcimiento. En este caso, no estará reservada para docentes, sino que se orientará a familias que cumplan las condiciones generales de acceso a vivienda única. La Provincia aportará hasta el 40% del valor de cada unidad, con un tope de referencia de $130 millones, mientras que el 60% restante deberá ser cubierto por el desarrollador, ya sea con recursos propios o mediante acuerdos con los compradores.
Los proyectos deberán reunir entre 5 y 35 viviendas, una escala que busca sumar emprendimientos medianos y agilizar la construcción. Los fondos estatales deberán ser devueltos al IPV por los desarrolladores en un plazo de 10 años, con una tasa equivalente a la del Banco Nación menos dos puntos. Aunque el Estado no intervendrá directamente en la relación comercial entre empresa y comprador, sí controlará que las casas sean para vivienda única y que las condiciones de financiamiento no resulten abusivas. Con ese esquema, Mendoza intenta responder al déficit habitacional con una fórmula compartida: el Estado como regulador y facilitador, y el sector privado como actor central de la construcción y el financiamiento.
