Casa propia para docentes: cómo será el plan de viviendas que prepara Mendoza

El acceso a una casa volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública de Mendoza. Después del anuncio realizado por Alfredo Cornejo en la Legislatura, el Gobierno provincial empezó a delinear dos operatorias que apuntan a ampliar la oferta habitacional con un esquema distinto al modelo tradicional del IPV.

Esto consiste en menos obra ejecutada directamente por el Estado y más participación de desarrolladores privados, créditos bancarios y ahorro previo de los beneficiarios. La primera línea estará dirigida a docentes y prevé unas 250 casas. La segunda se financiará con 10 millones de dólares del fondo del resarcimiento y podría llegar a unas 350 viviendas para familias que cumplan los requisitos de acceso a vivienda única.

Un plan pensado para docentes con ingresos medios

La operatoria para trabajadores de la educación comenzará a moverse en mayo, cuando se publiquen los pliegos para que empresas y desarrolladores presenten proyectos. La convocatoria admitirá dos caminos: construir en terrenos propios de los privados o avanzar sobre tierras aportadas por el Estado, especialmente por la Dirección General de Escuelas. Entre las zonas que ya aparecen en análisis figuran Guaymallén, Ciudad y San Rafael, aunque también podrían sumarse terrenos ofrecidos por municipios.

El programa tendrá una primera etapa de 250 viviendas, con unidades cercanas a los 60 metros cuadrados. El valor estimado de cada casa, incluida la urbanización, se ubicaría entre $100 millones y $120 millones. El esquema financiero será uno de los filtros más importantes: el 80% del valor se cubrirá mediante crédito bancario, con posible participación del Banco Nación u otras entidades, y el 20% restante quedará a cargo del adjudicatario como ahorro previo. Ese aporte no se exigirá de una sola vez, sino que podrá reunirse en 12 o 24 meses. En números concretos, implica juntar entre $20 millones y $25 millones, según el costo final de la vivienda.

Requisitos, inscripción y plazos de entrega

La inscripción se abriría a mediados de junio, una vez que estén definidos los proyectos habitacionales disponibles. El trámite se hará mediante una preinscripción a través del IPV, donde se revisará si los aspirantes cumplen con las condiciones exigidas. Además, los docentes deberán elegir a qué emprendimiento quieren postularse, porque la ubicación será parte de la decisión. No será lo mismo anotarse para una vivienda en el Gran Mendoza que para una alternativa en el Sur provincial.

El plan apunta a docentes con estabilidad laboral, por eso se priorizará a titulares. También se exigirá capacidad de pago. Según los criterios informados, el grupo familiar deberá acreditar ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Con el valor vigente desde el 1 de mayo de 2026, ese piso se ubica en $1.815.000. Luego de completar el ahorro previo y recibir la vivienda, el beneficiario continuará pagando el crédito hipotecario, que podría extenderse hasta 30 años.

Otra línea para 350 viviendas con fondos del resarcimiento

En paralelo, el Gobierno prepara una segunda operatoria habitacional con fondos del resarcimiento. En este caso, no estará reservada para docentes, sino que se orientará a familias que cumplan las condiciones generales de acceso a vivienda única. La Provincia aportará hasta el 40% del valor de cada unidad, con un tope de referencia de $130 millones, mientras que el 60% restante deberá ser cubierto por el desarrollador, ya sea con recursos propios o mediante acuerdos con los compradores.

Los proyectos deberán reunir entre 5 y 35 viviendas, una escala que busca sumar emprendimientos medianos y agilizar la construcción. Los fondos estatales deberán ser devueltos al IPV por los desarrolladores en un plazo de 10 años, con una tasa equivalente a la del Banco Nación menos dos puntos. Aunque el Estado no intervendrá directamente en la relación comercial entre empresa y comprador, sí controlará que las casas sean para vivienda única y que las condiciones de financiamiento no resulten abusivas. Con ese esquema, Mendoza intenta responder al déficit habitacional con una fórmula compartida: el Estado como regulador y facilitador, y el sector privado como actor central de la construcción y el financiamiento.