El IPV cambia un requisito clave para acceder al plan Mi Casa

Para muchas familias, el acceso a una casa no se demora solo por la falta de cupos o por la espera propia de los programas habitacionales. A veces, el obstáculo aparece en un punto mucho más burocrático: un papel que vence antes de que el expediente llegue a la instancia final.

Con ese diagnóstico, el Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza introdujo una modificación en el programa IPV Mi Casa, con el objetivo de agilizar los procesos de adjudicación y reducir trabas administrativas. La medida fue oficializada mediante la Resolución 509, publicada en el Boletín Oficial, y ya se encuentra vigente.

Qué cambió en el programa Mi Casa

El cambio central está vinculado con la documentación que acredita los ingresos del grupo familiar. Hasta ahora, esos comprobantes no podían tener más de dos meses de antigüedad al momento de definir el plan de pago. Ese plazo, según detectó el propio organismo, terminaba siendo demasiado ajustado para muchos expedientes.

A partir de la nueva resolución, la validez se extiende a seis meses, una modificación que apunta a dar más margen sin cambiar los criterios de selección ni la fórmula de cálculo de la cuota inicial.

La diferencia no es menor. En la práctica, el ingreso familiar declarado es uno de los datos que utiliza el IPV para determinar la capacidad de pago y estructurar el financiamiento de la vivienda. Cuando esa documentación vencía antes de cerrar el trámite, muchas familias debían actualizar papeles, volver a presentar información y esperar nuevas revisiones. El resultado era un proceso más lento, incluso en casos en los que el postulante ya había cumplido con los requisitos principales.

Por qué el IPV decidió flexibilizar el requisito

Según los considerandos de la norma, la Coordinación de Preadjudicación advirtió que el límite anterior de 60 días resultaba “restrictivo” y podía afectar el acceso oportuno a la vivienda. Con la ampliación a seis meses, el IPV busca evitar que los expedientes queden frenados por vencimientos administrativos que no modifican de fondo la situación económica del grupo familiar.

Desde el organismo remarcaron que la medida no implica una relajación de los controles ni una alteración del sistema de adjudicación. La documentación seguirá siendo necesaria y los ingresos continuarán siendo evaluados para definir el plan de pago. Lo que cambia es el margen temporal aceptado para que esos comprobantes sigan siendo válidos dentro del procedimiento.

Cómo queda el esquema de pago

La resolución mantiene el esquema financiero vigente del programa. El saldo de las viviendas continuará expresado en Unidades de Referencia Salarial y se amortizará sin interés de financiación. El plazo máximo de cancelación será de hasta 360 meses, es decir, 30 años, con un límite de edad de 80 años para adjudicatarios o fiadores.

La cuota se seguirá calculando según la capacidad de pago del grupo familiar. En términos generales, tendrá una incidencia del 20% sobre los ingresos, aunque puede ampliarse al 30% en determinados casos. Para personas con discapacidad legalmente acreditada, se contemplan condiciones diferenciales más favorables, con porcentajes menores sobre el ingreso familiar.

La nueva regla también alcanza a los expedientes que ya están en trámite, siempre que todavía no se haya conformado el plan de pago. En esos casos, la aplicación será automática: si la documentación de ingresos tiene menos de seis meses de antigüedad al momento de definir la cuota, no será necesario volver a presentarla por el solo paso del tiempo. Con esta decisión, el IPV busca ganar eficiencia y evitar que la entrega de viviendas se demore por una exigencia formal que el propio organismo consideró demasiado rígida.