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Cómo es el nuevo plan de viviendas para docentes: el 50% no accede a la casa propia

El ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, explicó el alcance de la iniciativa que modifica el Fondo Escolar Permanente para facilitar el acceso de trabajadores de la educación a la vivienda.

Tadeo García Zalazar

La Cámara de Diputados comenzó a analizar este lunes el proyecto de ley que modifica el Fondo Escolar Permanente en el marco de un plan del Gobierno provincial para facilitar el acceso de docentes a la vivienda propia. El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, fue a explicar los alcances de la iniciativa y señaló que estiman que el déficit de vivienda alcanza a la mitad de los docentes.

García Zalazar concurrió esta mañana al plenario de las comisiones de Cultura y Educación y de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios para comenzar el estudio del proyecto presentado recientemente por el Poder Ejecutivo que consiste en fortalecer el Fondo Escolar Permanente y facilitar el acceso a la vivienda docente.

Se trata de agregados a la Ley N° 9.545 (que crea el Fondo) con los que se busca “optimizar y modernizar su funcionamiento”. El ministro destacó que se “introduce una herramienta de vanguardia financiera” que “posibilita la construcción de vivienda docente”.

La modificación del Fondo Escolar Permanente

El proyecto de ley pretende optimizar la gestión patrimonial de la Dirección General de Escuelas (DGE) mediante la ampliación de los recursos que integran el Fondo Escolar Permanente, incorporando los producidos por bienes en desuso y rezagos.

Asimismo, introduce una herramienta de vanguardia financiera al crear un Régimen de Garantía y Disponibilidad Restringida, destinado a respaldar operaciones crediticias que faciliten el acceso a soluciones habitacionales para el personal docente, resguardando estrictamente el patrimonio y el giro operativo del sistema educativo público.

El proyecto de ley habilita el recupero de viviendas tras la desadjudicación por falta de pago, abandono o uso irregular del inmueble.

El proyecto de ley habilita el recupero de viviendas tras la desadjudicación por falta de pago, abandono o uso irregular del inmueble.

Entre las modificaciones propuestas, se establece que los recursos que conforman el Fondo Escolar Permanente serán utilizados para generar rentas destinadas a la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares y su comunidad educativa, garantizando una asignación específica, federal y estratégica de las rentas para fortalecer la infraestructura educativa en la Provincia.

Al mismo tiempo, autoriza a la DGE a afectar recursos de este Fondo como “garantía, contragarantía, caución, reserva, respaldo o mecanismo equivalente de operaciones crediticias, bancarias o financieras, aportes fiduciarios e intercambios de inmuebles, vinculadas al cumplimiento de los fines de la presente ley y/o a programas de acceso a soluciones habitacionales y/o urbanización para el personal docente, cuando así se autorice expresamente y conforme el régimen jurídico aplicable”.

La mitad de los docentes no tienen vivienda propia

García Zalazar estuvo este lunes en la Legislatura defendiendo el proyecto de ley y sostuvo que es “una reingeniería financiera y patrimonial inteligente” porque se busca dotar a la DGE “de la capacidad de administrar eficientemente sus rezagos y utilizar recursos como palanca de crédito para viviendas docentes y mejoras de infraestructura”.

“Estamos modernizando las herramientas del Estado en favor de la educación y de sus trabajadores”, remarcó y destacó que “tomamos un criterio más amplio, y venimos a proponer un mecanismo financiero que permita generar una herramienta financiera para la construcción de vivienda docente; ya sea para la urbanización de lotes o luego para la construcción como garantía”.

El ministro resaltó que “de ninguna manera los fondos irán a gastos corrientes; se amplía el objeto (previsto en la Ley 9545) y tiene determinadas limitaciones en plazos y en tiempo; y además, esto surge a partir de un trabajo de cooperación institucional (convenio concreto con el IPV) en el que se solicita se instrumente, se operativice un programa para el financiamiento de viviendas docentes”.

Al referirse específicamente al Fondo Escolar Permanente, el funcionario manifestó que “está constituido por unos 530 millones de pesos, producto de 5 remates ya realizados. Pero hay 12 más que están en proceso de evaluación”.

Respecto del déficit habitacional en el sector docente, García Zalazar sostuvo que en la provincia alcanza alrededor del 50%. Aseguró que en Mendoza se cuentan aproximadamente unos 46.000 docentes en el sistema, “y la mitad de ellos tiene algún inconveniente en el acceso a la vivienda (alquila, está con una vivienda a préstamo, etc)”, lo que “motiva poder ofrecer una solución con esta iniciativa”, aseguró.

Finalmente, en términos técnicos y ante la consulta de algunos legisladores, sostuvo que esta iniciativa no tiene por qué afectar el plan que se sigue de reparación de escuelas. Aseveró que la intención siempre es construir nuevas escuelas pero que todo depende de los estudios previos que se realizan respecto de las ubicaciones y de la necesidad que se tiene. Expresó que la baja de la natalidad “ha impactado en Mendoza en los últimos años”, aunque el “el plan es llegar a 33 escuelas nuevas, ya llevamos 18”; y “ampliar a 300 las escuelas con jornada extendida”.