El Gobierno reunió a la mesa política y busca tapar el caso Adorni con múltiples reformas
Con Manuel Adorni y Patricia Bullrich, el Ejecutivo se reunió en paralelo a la marcha universitaria para avanzar con la agenda parlamentaria.
Adorni y Karina Milei encabezaron la última reunión de la mesa política
En simultaneo a la marcha universitaria en Plaza de Mayo, el Gobierno reunió este martes a la tarde a la mesa política con el objetivo de cambiar la agenda política en torno a Manuel Adorni y reimpulsar el paquete de reformas. Para promover la actividad legislativa, el Ejecutivo contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
Para fomentar sus iniciativas, primero los libertarios deben desactivar la sesión de este jueves en la Cámara Baja, donde la oposición convocó para avanzar con los expedientes que pretenden interpelar al jefe de gabinete por las acusaciones por enriquecimiento ilícito.
Tal como adelantó MDZ, en el oficialismo hay optimismo a partir de las negociaciones con los gobernadores, que serán cruciales para que no haya quórum. “Están en 115, suponiendo que todo el peronismo se siente, cosa que no va a ocurrir”, aseguran las fuentes de la mesa política que consultó este medio.
En tanto, aseguran que no se volvió a hablar de la tensión que se vivió el viernes en la reunión de gabinete, por lo que niegan cualquier rispidez.
Los violetas buscan sesionar en Diputados el 20 de mayo, incluyendo la Ley Hojarasca, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, tres convenios internacionales, ascensos militares y una reforma en el régimen de zonas frías.
A su vez, se prevé que a fines de mayo y a comienzos de junio se convoque una sesión en la Cámara Alta, con un temario todavía a determinar dependiendo los votos que se consiguen. En el radar figura los proyectos sobre inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales, la reforma del régimen de salud Mental, Super RIGI, reforma electoral con Ficha Limpia incluida y un paquete de reformas de desregulación que buscará introducir cambios en diferentes actividades, entre las cuales se encontraría el cabotaje marítimo y fluvial de la hidrovía, por pedido de los gobernadores.
Además de esta agenda y ante la consulta sobre qué plantean hacer sobre el debate del presupuesto universitario, los funcionarios recalcan que se presentó un proyecto de financiamiento para las casas de estudio que se adecúa al equilibrio fiscal que impulsa el Gobierno.
Ese expediente se presentó en febrero y establece una recomposición escalonada para docentes y no docentes, en lugar de la indexación automática por inflación que fija la ley aprobada en 2025. El esquema propuesto contempla tres tramos de aumento: un 4,1% a partir de marzo, otro 4,1% en julio y un último 4,1% en septiembre. Este mecanismo reemplaza la recuperación integral desde diciembre de 2023 que ordena la norma actual, lo que en la práctica implica una recomposición más limitada del poder adquisitivo.
En cuanto a los gastos de funcionamiento, el proyecto elimina la actualización automática por índice de precios y dispone que las partidas se definan en el marco del Presupuesto nacional, con ajustes periódicos sujetos a la disponibilidad fiscal. Esto alcanza rubros clave como mantenimiento, servicios básicos y funcionamiento de hospitales universitarios, que en la ley vigente quedan protegidos por una fórmula de actualización.
Otro punto específico es el tratamiento de las becas estudiantiles. La iniciativa oficial no establece un mecanismo de indexación como el que fija la ley actual, sino que delega en el Poder Ejecutivo la determinación de montos y aumentos, también atados a criterios presupuestarios generales.
El proyecto también modifica el alcance de las obligaciones del Estado en ciencia y técnica dentro de las universidades. A diferencia de la norma vigente, que incorpora financiamiento para actividades de investigación y desarrollo con actualización automática, el texto del Ejecutivo no fija porcentajes ni fórmulas, sino que remite estas partidas a la planificación presupuestaria anual.
Un aspecto central de la propuesta es la incorporación de una cláusula de sostenibilidad fiscal. Allí se fija que cualquier actualización de partidas deberá ser compatible con el equilibrio financiero del Estado nacional, lo que funciona como límite explícito a aumentos automáticos del gasto.
Finalmente, el Gobierno plantea que la ley actual carece de una fuente de financiamiento específica, por lo que el nuevo proyecto elimina esa obligación implícita y concentra la asignación de recursos dentro de las previsiones generales del Presupuesto. En los hechos, esto implica pasar de un esquema de actualización obligatoria y automática a otro de incrementos definidos políticamente y de manera escalonada.