El Gobierno rechazó un intento del Partido Verde de voltear el convenio con Vialidad
El gobernador Alfredo Cornejo rechazó una denuncia impulsada por dirigentes opositores para frenar el traspaso de los tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143 a la provincia.
El gobernador Alfredo Cornejo rechazó un recurso presentado por los referentes del Partido Verde en contra del convenio con Vialidad Nacional a través del cual la provincia se hizo cargo por 3 años de tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143 para su mejora y mantenimiento. El Gobierno provincial resaltó que este acuerdo fue ratificado por la Legislatura provincial y tiene fuerza de ley, por lo que consideró “abstracto” el planteo de los dirigentes del partido opositor y lo desestimó.
A través del decreto Nº 1591, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Cornejo dispuso el rechazo de una presentación realizada por Mario Vadillo, actual candidato a diputado nacional por el Frente Verde y los legisladores del Partido Verde, Dugar Chappel y Emanuel Fugazzotto.
Los dirigentes opositores habían interpuesto un recurso de revocatoria contra el Decreto Nº 1165, mediante cual se oficializaba el convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Gobierno de Mendoza para que la provincia asumiera el control de los tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143 para realizar obras de mejora en estas importantes arterias.
Sin embargo, el Gobierno provincial desestimó esta presentación ya que determinó que “carecen de legitimación activa para interponer un recurso de revocatoria, al no acreditar un daño o menoscabo actual o potencial sobre intereses jurídicamente protegidos”.
Advirtió que “la presentación del recurrente debe considerarse denuncia simple y, por consiguiente, no abre la vía para la interposición de recurso administrativo”.
Por otro lado, desde el Ejecutivo resaltaron que el decreto cuestionado fue ratificado legislativamente por la Ley Nº 9640, sancionada por ambas Cámaras y promulgada en tiempo y forma. “De acuerdo con el principio de jerarquía normativa, el acto administrativo ratificado adquiere fuerza de ley; por consiguiente, la vía procedimental pertinente para cuestionarlo deviene abstracta en sede administrativa, correspondiendo, en todo caso, promover la acción de inconstitucionalidad de la Ley ratificatoria”, señalaron en los fundamentos del rechazo.
En este sentido, el Gobierno remarcó que la presentación de los dirigentes del Partido Verde devino en abstracto y por lo tanto debía ser rechazada.
A su vez, respecto del convenio propiamente dicho remarcaron que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado emitieron dictámenes favorables, sin observar objeciones sobre competencia, forma, objeto o motivación.
“La exposición de motivos del Decreto alude a la urgencia de intervenir tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, la falta de respuesta adecuada del Estado Nacional y la necesidad de resguardar la seguridad vial y el interés público”, argumentaron desde el Ejecutivo.
A su vez, agregaron que “se trata una autorización operativa, de naturaleza puntual y temporal (36 meses), sujeta a la normativa técnica de la DNV y a su control constante. Por ello no existe transferencia permanente de competencias ni reasignación estructural de recursos, requisitos sine qua non para que resulte aplicable el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional”.