El Gobierno aprobó el pago de una millonaria deuda por la comida para presos
El gobernador Alfredo Cornejo reconoció el "legítimo abono" de más de $2.800 millones para la provisión de las viandas para el Servicio Penitenciario en el mes de abril de 2025.
El Gobierno de Mendoza aprobó el pago de más de $ 2.800 millones a la empresa contratada para proveer la comida para los presos de la provincia. A través de dos decretos se reconoció la deuda por la provisión de raciones alimentarias para personas privadas de su libertar y el personal penitenciario con funciones de 24 horas, para el mes de abril de 2025.
Mediante el decreto Nº 1506, el gobernador Alfredo Cornejo reconoció el "legítimo abono" y autorizó a pagar $ 1.433.519.931,86 a Clisa Interior SA, la empresa que brinda el servicio desde 2010 hasta el día de hoy y en mayo de este año obtuvo un contrato para extender la provisión de raciones alimentarias por los próximos dos años.
Ese monto correspondía a la segunda quincena del mes de abril de 2025, mientras que por el decreto Nº 1511 se reconoció el "legítimo abono" del pago de $1.437.503.105,78, correspondiente a la primera quincena del mismo mes.
La sumatoria de ambos montos arroja una cifra de $ 2.871.023.037,64 que el Gobierno provincial autorizó a pagarle a la empresa Clisa Interior SA por la entrega de la comida de los presos durante el mes de abril.
En los dos decretos se detallan las facturas emitidas por la compañía respecto a los pagos adeudados por la provisión de las viandas.
El Gobierno de Mendoza oficializó a mediados de mayo la compra de 4 millones de raciones alimentarias destinadas a alimentar a los presos y el personal del Servicio Penitenciario Provincial, en una operación de 54 mil millones de pesos, que lo convierte en el contrato más oneroso del Estado mendocino.
La empresa adjudicataria es Clisa Interior SA, que viene brindando este servicio desde 2010, pero en esta oportunidad fue contratada tras el fracaso de una licitación pública y el rechazo de la oferta de otra compañía competidora.
El Ejecutivo decidió avanzar con esta contratación directa luego de que fracasara la licitación que lanzó en diciembre de 2024. El único oferente que se había presentado a esa licitación había sido la empresa Bio Limp Soluciones de Calidad SA. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad consideraron que la propuesta realizada tenía inconsistencias, lo que hizo fracasar el proceso.