El Gobierno afronta la última ronda de negociaciones y cierra los cambios a la reforma laboral

El Gobierno mantiene entre "siete llaves" los posibles cambios al proyecto de reforma laboral, que será debatido este miércoles en una sesión del Senado. Si bien la Casa Rosada confía en que logrará una sólida aprobación en general, corre riesgo concreto de que se sucumban algunos artículos claves que podrían tirar abajo "el espíritu" de la redacción original.

Tensiones en el Senado: el Gobierno blinda la reforma laboral

Las negociaciones entre el Ejecutivo y los sectores dialoguistas son constantes. A toda hora se repiten los mensajes y los llamados entre los interlocutores libertarios y los gobernadores y senadores que, todavía, mantienen dudas sobre cómo será su voto, al menos en la votación en particular.

Las reuniones que se están realizando durante el martes podrían destrabar algunos votos que son cruciales para el oficialismo, que todavía no puede cantar victoria en la definición por capítulos. No quiere repetir la zozobra ocurrida a fines de diciembre, cuando La Libertad Avanza no pudo sostener el capítulo 11 del Presupuesto y puso presuntamente en jaque la estabilidad financiera sin las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y del Financiamiento universitario.

El conflicto por Ganancias y el reclamo de las provincias

Hay tres marcadas posiciones en torno al mayor obstáculo para los violetas. La principal controversia, al menos en lo que remarcan los bloques aliados, está en la baja del impuesto a las ganancias para las empresas, que es coparticipable y redundaría en una caída de 3 billones de pesos para las arcas provinciales, lo cual resulta inaceptable para los gobernadores, incluso los más cercanos a Javier Milei.

Los funcionarios "más duros" apuntan a blindar el capítulo fiscal "hasta el último momento" y llegar al recinto sin demasiada seguridad acerca de lo que se termine votando, poniendo en peligro, incluso, otros ítems claves. Hay otra biblioteca dentro de Balcarce 50 que insta en retirar el capítulo impositivo y dejarlo pendiente para una pronta reforma tributaria, que posiblemente se lance este año. Hay una tercera vía que es mantener la rebaja de la alícuota pero postergar su aplicación para el 2028, permitiendo que los mandatarios provinciales no vean amenazadas sus recaudaciones en este periodo.

Diego Santilli junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

Estrategia oficialista y el mapa de los votos indecisos

No hay consenso en el Gobierno al respecto. Por ahora hay una sola certeza. No puede haber ningún artículo que ponga en peligro la integridad del proyecto. "La orden de Javier es clara. Quiere tener aprobado el proyecto antes del 1 de marzo, que expone en el Congreso. Quiere destacar que se aprobó por lo que si se tiene que caer el capítulo fiscal, se caerá si es que pone en riesgo el resto del texto", enfatizó una fuente libertaria.

El pragmatismo del presidente fue puesto arriba de la mesa para la mesa libertaria y los operadores parlamentarios del Ejecutivo, que se reunirán este martes cerca del mediodía en Casa Rosada, donde esperarán que Karina Milei baje el martillo con la coordenada final.

En los pizarrones que hay en la Rosada figuran cerca de 15 senadores "sin una definición" sobre la reforma. Ellos son Julieta Corroza, de La Neuquinidad; Flavia Royón, por Salta; Carolina Moisés, del interbloque peronista por Jujuy; Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas por Tucumán; Eduardo “Peteco” Vischi y Mercedes Valenzuela, de la UCR correntina; Silvana Schneider, por Chaco; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; José María Carambia y Natalia Gadano, de Movere Santa Cruz; Carlos “Camau” Espínola, ex Provincias Unidas por Corrientes; Alejandra Vigo, por Córdoba; Flavio Fama, de Catamarca; Maximiliano Abad, por Buenos Aires; y Daniel Kroneberger, de La Pampa. Muchos de ellos dependen de lo que digan sus gobernadores, quienes acompañarán al Gobierno en la votación en general, pero no garantizan su respaldo pleno si no escuchan su reclamo por ganancias.

Los puntos clave: indemnizaciones, huelgas y formalización

Además del punto tributario, hay otros temas que tienden a cerrarse en estas horas. Según surge de las últimas conversaciones con gobernadores y bloques aliados, la LLA concentra el tira y afloje en otros puntos sustanciales. El primero es la modificación del régimen de indemnizaciones, que genera fuerte malestar en los gremios. Aparece la creación del Fondo de Cese Laboral, un esquema alternativo al sistema tradicional de indemnizaciones que propone reemplazar el pago por despido por un fondo financiado mensualmente por el empleador, similar al modelo de la construcción. El oficialismo lo presenta como una herramienta para reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a las empresas, mientras que la oposición exige garantías para evitar una pérdida de derechos de los trabajadores.

En paralelo, el Ejecutivo negocia cambios en la negociación colectiva y en el alcance del derecho de huelga, especialmente en actividades consideradas esenciales, una iniciativa que enfrenta fuerte oposición de la CGT y que podría sufrir retoques. A esto se suma el debate sobre incentivos para la formalización laboral y mayores esquemas de flexibilidad, como nuevas modalidades de jornada laboral y contratación, que el oficialismo presenta como herramientas para modernizar el mercado de trabajo.