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El Gobierno confía en la aprobación en general de la reforma laboral, pero afronta un reciente déjà vu que divide aguas

En Casa Rosada descuentan que el proyecto tendrá media sanción en el Senado y se aprestan a la definición por capítulos. El reclamo de los gobernadores por la baja en ganancias genera grietas en la mesa chica y hay un final abierto a días de la votación.

El Gobierno confía en la aprobación en general de la reforma laboral pero afronta un reciente déjà vu que divide aguas.

El Gobierno confía en la aprobación en general de la reforma laboral pero afronta un reciente déjà vu que divide aguas.

El Gobierno se mantiene en el mismo nivel de optimismo planteado ayer por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con respecto al futuro de la reforma laboral. La exministra de Seguridad dijo que existe consenso en el 95% del articulado con las fuerzas que acompañarán el proyecto, que se tratará en sesión el próximo miércoles.

Este miércoles se concretó otra reunión de la mesa política del Gobierno, nuevamente sin la presencia del presidente Javier Milei, quien justamente se retiró en momentos del inicio del encuentro.

Las distintas vertientes del Ejecutivo aseguran que no corre peligro la aprobación en general del texto, aludiendo al presunto éxito en las conversaciones con gobernadores dialoguistas y distintos bloques provinciales que evitan dar definiciones a esta hora sobre su voto.

Ante este supuesto escenario positivo, que incluye también a sectores del peronismo que respaldarían el espíritu de la iniciativa libertaria, la preocupación está puesta en la votación por capítulos.

Si bien sigue la discusión sobre los aspectos más controvertidos del proyecto en torno a los cambios en los convenios colectivos de trabajo y otros puntos que desafían la influencia sindical, el oficialismo sostiene que esos segmentos no corren peligro de caerse.

La atención está en el capítulo fiscal, es decir en el apartado que baja las alícuotas del impuesto a las ganancias para empresas, que es coparticipable. Las provincias afirman que habrá mermas de billones de pesos para sus jurisdicciones y piden retirar esa parte dentro del texto. En segundo plano, exigen compensaciones por fuera de la ley.

Se trata de una de las principales ambiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien formó parte de este encuentro entre funcionarios junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Martín y Eduardo Menem y Santiago Caputo.

Es un tema que genera opiniones encontradas en el Gobierno. Todos coinciden que no será un aspecto que haga sucumbir el proyecto en general, pero sí reconocen que puede ser un cortocircuito con las provincias en su afán de no distorsionar el resto de los capítulos, a priori ya negociados y con cambios más superficiales.

Santilli, Bullrich y Santilli en el Senado
Santilli, Bullrich y Santilli en el Senado

Santilli, Bullrich y Santilli en el Senado

Hay quienes piensan dentro del Ejecutivo que puede aplazarse la aplicación de esa modificación de ganancias para 2028. Otros reafirman que hay sostenerlo y medir fuerzas en el recinto, con riesgo real de que sucumba en la sesión. Si cayera, podría reflotarse en una eventual reforma tributaria que el Gobierno piensa para tratar durante el 2026. Sería el plan C que deberá convalidar Caputo.

La única certeza que repiten algunos ministros es que “no habrá compensaciones especiales a las provincias”, como forma de garantizarse esos votos. En otras palabras, no habrá fondos frescos y generalizados para que los gobernadores puedan recuperar lo que pierdan por ganancias.

Es una encrucijada que rememora en Balcarce 50 al debate del Presupuesto. El Gobierno logró el acompañamiento de bloques aliados en el tratamiento en general, pero perdió en la votación del capítulo 11 que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Ese golpe legislativo obligó a la mesa política a rever la estrategia con los gobernadores y llegar a este debate con acuerdos algo más sólidos.

De igual modo, a una semana de la votación en la Cámara Alta se llega a una instancia con similitudes, donde hay sectores del Gobierno más predispuestos a encontrar un punto medio con los gobernadores y otros que se muestran más duros, sin intenciones de ceder un paso más. A esta hora, prevalece la postura menos negociadora.

“Es una realidad que se apruebe la reforma en general y se rechace ganancias. El Presupuesto salió igual sin el capítulo 11. Es un buen punto, es un presupuesto que no nos sirve”, afirmó uno de unos funcionarios que pregona esa intransigencia para modificar o retirar el capítulo fiscal. Esas mismas fuentes descartan la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque, otro de los planteos que aparecieron en los últimos días.