El Consejo de Mayo presentó el informe final 2025: qué iniciativas se tratarán en sesiones extraordinarias

La defensa de la propiedad privada

Javier Milei siempre hizo campaña alrededor de una férrea defensa de la propiedad privada, uno de los pilares de su estricto liberalismo. El documento del Consejo de Mayo parece plasmar esa identidad del oficialismo en su defensa a la propiedad privada. En este sentido, se proponen modificaciones a las normativas relativas a expropiaciones, desalojos, regularización dominial y la compra-venta y uso de tierras rurales.

Adorni aprovechó para hacer mención directa y apuntar a la legislación promovida por Máximo Kirchner que impedía cambiar la actividad productiva de ciertas tierras productivas luego de incendios. También habló de entrega inmediata de bienes ocupados y la desregularización de la compra de tierra rural a privados extranjeros.

Equilibrio fiscal, por sobre todas las cosas

Presentado como parte de la batalla cultural y "voluntad misma de la sociedad", el equilibrio fiscal juega un rol central en el documento presentado. Así, se expone la necesidad de establecer principios y reglas tales como un "equilibrio presupuestario fijado por ley, mecanismos automáticos de corrección del gasto y los ingresos, o límites explícitos a la discrecionalidad", como se aclara textualmente.

En consecuencia, el texto propone la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; ley que no apunta a reglas de superávit estructural, sino a la limitación de la promulgación de leyes ulteriores que pongan en jaque este objetivo. Por ejemplo, el proyecto de ley prohíbe expresamente los déficits financieros en el Presupuesto General de la Nación, dando la posibilidad al jefe de Gabinete de adoptar "medidas correctivas", como recortes en partidas. Así mismo, en términos de partidas, se establecería que ningún organismo del Sector Público Nacional pueda ejecutar erogaciones por fuera de la Ley de Presupuesto, ni crear gastos sin asignación específica.

Para asegurarse el cumplimiento de esta nueva ley, se incluyen proyectos aparejados de modificaciones en el Código Penal y agravantes de penas que harán más coercitivas las reglamentaciones en torno al equilibrio fiscal. A modo de ejemplo, la pena de prisión podrá ir de uno a diez años, con una inhabilitación para ejercer cargos por el doble de tiempo, para quien autorice incrementos del gasto sin recursos acreditados o viole la Carta Orgánica del Banco Central. También se incluyen agravantes si se verifica la motivación de enriquecerse personalmente.

El rol de las provincias y los municipios

Para que las negociaciones no queden en punto muerto con las provincias, el Consejo habla de firmar un "acuerdo a la Maastricht", como aquel firmado por los integrantes de la Unión Europea en sus inicios, que establezca "criterios de convergencia" hacia el punto de equilibrio en la estabilidad económica y de precios. En ese sentido, se pretende que no se les de aval de endeudamiento a las provincias con déficit primario o a las que tengan un riesgo crediticio superior al de Nación. En palabras de Adorni, la excepción será en los casos de "roll-over de deuda".

Sin embargo, el documento insiste con dejar claro que el esfuerzo fiscal hecho por el momento en Nación no tuvo repercusión en las provincias y los municipios, con resultados diferentes en cada caso, está claro. Por eso mismo es que se reclama a las entidades subnacionales un esfuerzo extra para converger a los niveles de gasto consolidado planeados para los próximos cinco años. Estás proyecciones van acompañadas de un tasa de crecimiento del 3% anual. Para las provincias que no adhieran al acuerdo se habla, como algo "imperativo", de la posibilidad de excluirlas del esquema de reparto de los ATN.

Cambios en la educación

Aunque la reforma de 1994 delegó la educación primaria y secundaria en las provincias, el Consejo de Mayo considera que la educación en el país sigue estando excesivamente centralizada y "burocratizada". Sumado a un mal desempeño, diagnosticado en el documento, en las pruebas PISA y Aprender, se pretende dar más autonomía al ámbito educativo. Como consecuencia, las propuestas presentadas al respecto se sintetizaron en la Ley de Libertad Educativa.

Este proyecto de ley considera a la familia como "primer agente natural y primario" en la educación, mientras que promueve la autonomía pedagógica y curricular para todas las instituciones pedagógicas del país. Esto permitiría a cada escuela definir su propio proyecto educativo y curricular. para las escuelas públicas se habla de la conformación de consejos de padres, con "funciones consultivas y de acompañamiento institucional".

La desregularización también llega a las modalidades de educación, abriendo el juego a la escolarización a domicilio, sistemas híbridos, sistemas a distancia y demás. Incluso se hace énfasis en el fortalecimiento de la evaluación educativa, tanto del desempeño estudiantil, como del docente. Aunque algunas propuestas siguen en desarrollo, se presenta como novedad el Examen de Nacional de Educación Secundaria (ENES), como una evaluación anual que brinde información más realista de la situación educativa.

Uno de los temas que seguramente generarán más polémica será la propuesta de implementación de un Régimen de Prácticas Formativas, a partir de los 16 años. El objetivo es "mejorar la empleabilidad" de cara a la vida laboral. También está bajo análisis una de las viejas propuestas de Javier Milei: el otorgamiento de bonos, vales y becas a las familias "para asegurar la libertad de elección" de las familias.

Una importante discusión: la reforma tributaria

El proyecto detalla la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), beneficios para empleo ya registrado y medidas de promoción como el esquema PER, que permite regularizar vínculos deficientes sin sanciones. También incluye reformas a los impuestos internos, ajustes en el IVA y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, con amortización acelerada y devolución anticipada.

El RIFL regiría por un año y apunta a empleadores del sector privado que generen nuevo empleo con incremento neto de nómina. Entre sus principales ventajas destacan:

• Contribuciones del 2 % al SIPA, FNE y RNAF.

• Aportes del 3 % al INSSJP y al Fondo de Asistencia Laboral.

• Aplicación del beneficio durante los primeros 48 meses de cada relación laboral.

Para trabajadores ya registrados, se plantean reducciones de contribuciones para obras sociales, que bajan del 6 % al 5 %, y la opción de destinar un 3 % al Fondo de Asistencia Laboral. Este esquema se complementa con el programa Promoción del Empleo Registrado (PER), que facilita la regularización de relaciones laborales no declaradas mediante condonaciones parciales de capital e intereses.

También se pretende incorporar un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que favorece la inversión productiva mediante amortización acelerada y devolución anticipada del IVA. También se dispone una exención de IVA para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego del sector agroindustrial, medida que busca reducir costos operativos y mejorar la competitividad.

Otro anuncio de Adorni fue la eliminación al impuesto cedular a la Renta Financiera y a la Enajenación de Inmuebles, entre tantos otros impuestos internos que se pretenden eliminar.

El segundo eje del paquete es el Proyecto de Ley de Reforma del Procedimiento y Régimen Penal Tributario, que busca actualizar los umbrales para configurar delitos tributarios y concentrar la acción penal del Estado en casos de evasión significativa. Entre los puntos centrales figura la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago total de deudas e intereses o, en procesos iniciados, abonando un 50 % adicional dentro de 30 días hábiles posteriores a la imputación.

Se propone también reducir plazos de prescripción, especialmente para contribuyentes que cumplan con la presentación de declaraciones juradas (que ahora serán simplificadas) en término y no registren discrepancias sustanciales con la información oficial. Asimismo, se precisan los criterios para considerar una “discrepancia significativa” y se actualizan montos de sanciones para armonizarlos con el Código Civil y Comercial y las leyes de seguridad social.

Un apoyo a la minería y la explotación de otros recursos naturales

La presentación del documento del Consejo de Mayo se hizo prácticamente al mismo tiempo que en Mendoza se aprobaban las modificaciones para habilitar la minería del cobre, lo que habla de una amplia sintonía en pos del desarrollo minero en el país, y el Consejo no es la excepción. Adermás, el documento toca particularmente la explotación de otras posibilidades económicas en el país, como el gas natural o la salmonicultura.

En esta línea, se apoyan, en primer lugar, cambios en la Ley de Glaciares. La propuesta incorpora una definición más precisa y técnica del área periglaciar, uno de los aspectos más discutidos desde su sanción. El objetivo es reducir interpretaciones divergentes que derivaban en litigios y paralización de proyectos en zonas donde la afectación ambiental no era clara.

También hay cambios en el Régimen de Zona Fría, redefiniendo el universo de beneficiarios y restringiendo la reducción del 50 % en la tarifa de gas únicamente a las zonas geográficas originales del régimen. Actualmente, la norma vigente otorga el beneficio a todos los usuarios residenciales y del servicio general dentro de las regiones incluidas, lo que según el Gobierno ampliaba su alcance más allá de la intención inicial. Con la nueva redacción, el esquema volvería a su delimitación primaria, concentrando el descuento exclusivamente en las áreas históricamente comprendidas. El ajuste no modifica el porcentaje de bonificación, pero sí acota el acceso al beneficio, uno de los puntos debatidos por provincias y municipios que habían ingresado al régimen mediante ampliaciones posteriores.

Por otro lado, se plantean modificaciones y derogaciones a la Ley de Bosques para diferenciar la carga administrativa según el nivel de conservación ambiental. El proyecto plantea que las categorías I (roja) y II (amarilla) continúen sujetas a autorización previa, manteniendo controles estrictos en áreas críticas para la biodiversidad. En cambio, para la categoría III (verde), los productores solo deberán informar la actividad para asegurar seguimiento y trazabilidad.

Además, se plantea la revisión del régimen del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de la legislación que limita la práctica acuícola, sectores con altas expectativas de desarrollo.

Una discusión que divide aguas: la reforma laboral

El Consejo de Mayo sostiene que el régimen laboral argentino quedó congelado en otro tiempo y ya no responde a la estructura productiva actual. Plantea que la resistencia a modernizar la legislación no se explica por la defensa de derechos, que, remarcan, ya están “escasamente protegidos”, sino por la preservación de “rentas” acumuladas alrededor de la regulación laboral.

Aun con la oposición explícita de la CGT, la mayoría de los consejeros y los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco más flexible y eficiente, especialmente para atender las asimetrías productivas entre regiones del país.

En ese marco, el Consejo identifica tres fallas estructurales: la elevada carga tributaria sobre el trabajo y la proliferación de “peajes” privados; los altos costos de entrada y salida en las relaciones laborales; y la rigidez de las negociaciones colectivas, con convenios que se extienden por décadas sin actualización.

El informe muestra cómo el salario de bolsillo puede representar apenas la mitad del costo laboral total, una señal del peso que ejercen contribuciones, cargas sindicales y regulaciones accesorios.

Alta carga tributaria y “peajes” laborales

El Consejo detalla que el costo total que afronta un empleador supera ampliamente el salario bruto pactado en convenio, debido a aportes obligatorios, cargas sindicales adicionales, ART y aportes de seguridad social. El resultado es un nivel de informalidad persistente, una fuerte brecha entre el costo laboral y el salario percibido, y un desaliento estructural a la contratación. Para el Consejo, esta estructura tributaria vuelve inviable cualquier estrategia de creación de empleo formal sin una simplificación agresiva.

El documento concluye que la presión fiscal sobre el trabajo debe abordarse en paralelo con una reorganización de los incentivos, reduciendo intermediaciones y revisando el peso de los costos no salariales. Esta dimensión fiscal, subrayan, condiciona todos los demás aspectos de una reforma.

Alta litigiosidad, ultractividad y negociación colectiva

El informe critica los altos costos de salida, que desalientan la toma de riesgo por parte de las empresas y restringen la creación de empleo. A esto se agrega un nivel de litigiosidad laboral considerado “disruptivo”, que incentiva comportamientos estratégicos y vuelve incierta la previsión de costos.

Otro eje central es la ultractividad, la vigencia indefinida de convenios colectivos redactados en los años setenta, lo que, según el Consejo, impide adaptar condiciones laborales al presente tecnológico y económico. El objetivo es restablecer la temporalidad de los convenios para promover procesos periódicos de renegociación.

El Consejo argumenta que la negociación salarial centralizada genera distorsiones fuertes. En regiones de alta productividad, el salario mínimo nacional funciona como un piso relativamente bajo, mientras que en zonas menos competitivas actúa como un techo demasiado elevado, impidiendo la creación de empleo. El documento afirma que esta rigidez penaliza especialmente a las economías periféricas y propone avanzar hacia una descentralización, permitiendo acuerdos territoriales que reflejen la productividad local y reduzcan las brechas estructurales del mercado laboral.

Aportes de la discusión interna: CGT, UIA, bloques políticos y gobernadores

En el capítulo de discusión, el documento muestra que hubo coincidencias entre UIA y CGT sobre la necesidad de reducir litigiosidad y ampliar la flexibilidad negociada, sobre todo en PyMEs. Ambos sectores propusieron fortalecer mecanismos de conciliación, agilizar comisiones médicas, flexibilizar jornada y banco de horas y establecer sistemas de compensación modernos.

También se discutió la necesidad de clarificar la Ley de Contrato de Trabajo para delimitar con precisión actividades alcanzadas y permitir remuneraciones variables por mérito y fondos sectoriales de cese.

El bloque PRO y los representantes legislativos sumaron propuestas de democratización sindical, servicios mínimos obligatorios, marcos regulatorios para plataformas digitales y mecanismos más ágiles para resolver conflictos de encuadramiento.

También apoyaron programas de empleo joven y alivio al costo laboral mediante créditos fiscales. En paralelo, algunos gobernadores plantearon regímenes laborales diferenciados según región para favorecer la competitividad.

El informe anticipa que el proyecto incluirá medidas para corregir las tres fallas señaladas: reducción de cargas y costos de contratación; actualización del régimen de convenios colectivos y eliminación de su vigencia perpetua; y un esquema flexible que reconozca nuevas formas de trabajo, incluyendo plataformas, modalidades híbridas y mecanismos de resolución rápida de conflictos. El objetivo declarado es volver competitivo el mercado laboral, formalizar empleo y reducir desigualdades regionales.

Apertura del comercio internacional

El Consejo de Mayo, la Argentina aparece como el país más cerrado del mundo. El informe muestra que, mientras la suma de exportaciones e importaciones debería rondar el 93% del PBI, hoy apenas llega al 28%. Esa brecha, argumentan, resume décadas de una estrategia basada en restringir importaciones para “cuidar dólares” y proteger la industria local, que terminó encareciendo artificialmente el tipo de cambio, deteriorando la competitividad y achicando la capacidad exportadora.

El informe subraya que el debate se produce en medio de un boom potencial de capacidades exportadoras. Recuerda que Argentina exportó unos 80.000 millones de dólares el año pasado, pero proyecta que solo el petróleo, como derivado del gas de Vaca Muerta, podría aportar hasta 30.000 millones en 2030. A eso suma el salto esperado en minería, agro, ganadería, foresto–industria, software y otras actividades.

Por eso el Consejo coloca a la apertura comercial como pilar estratégico del Pacto de Mayo y avala la agenda ya encarada por el Ejecutivo basada en la flotación cambiaria, reducción de aranceles como forma indirecta de promoción exportadora, baja de impuestos a las exportaciones y eliminación de barreras paraarancelarias acumuladas durante años.

Inserción internacional: hacia una "apertura inteligente"

Se plantea la idea de una “apertura inteligente y competitiva”, gradual y selectiva, condicionada a la estabilidad fiscal y cambiaria. Propone priorizar sectores con ventajas dinámicas y alta generación de divisas, modernizar acuerdos ya firmados, recuperar mercados tradicionales y cumplir estándares sanitarios y ambientales para evitar cierres y sanciones.

En esa línea, se mencionan oportunidades concretas en carnes (mayor uso de cupos en EE.UU.), biodiésel (resolución de disputas antidumping) y cupos dentro del Mercosur. Asimismo, una reducción de la carga exportadora (baja de retenciones al agro y eliminación de derechos al tabaco), mejora del arbitraje comercial y un marco más amigable para PyMEs exportadoras e inversiones en hidrocarburos.

Como hoja de ruta, el Consejo habla de modernizar el marco institucional de inserción internacional, en otras palabras, respetar tratados ya vigentes, alinear regulaciones a los estándares de la competencia global y facilitar la inserción en cadenas de valor y comercio digital.

Esa adaptación busca dar previsibilidad jurídica a exportaciones de bienes, servicios y contenidos basados en conocimiento, en definitiva, consolidar una apertura “competitiva” al mercado global.

El documento completo del Consejo de Mayo