El Congreso aprobó leyes con mayoría especial: qué puede y qué no puede hacer Milei

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, se refirió en MDZ Radio al paquete legislativo que incluye el aumento a jubilados y pensionados, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad aprobado en el Senado. Advirtió que el intento de judicializar leyes aprobadas y promulgadas tras la insistencia de ambas cámaras “no solamente sería una vía muerta, sino ridícula”.

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Barcesat explicó que, en los casos donde el Congreso insiste con dos tercios de los votos sobre una norma previamente vetada por el Poder Ejecutivo, “implica la promulgación automática de la ley originalmente vetada”. En ese marco, sostuvo que “las sesiones fueron reglamentarias, no hay posibilidad de introducir forma alguna de judicialización”.

Sobre los dichos del presidente Javier Milei, quien amenazó con acudir a la Justicia si el Congreso revierte sus vetos, Barcesat fue categórico: “La Corte ha declarado que las cuestiones internas, en sesiones que no han sido cuestionadas como tal, no concitan la intervención del Poder Judicial de la Nación”.

Además, el jurista se mostró alarmado por el contenido de algunos mensajes difundidos en redes sociales tras la votación en el Senado. “Lo más temible del día de ayer son las amenazas que proliferaron en las redes a incitar al Gobierno nacional a sacar los tanques a la calle o clausurar el Congreso de la Nación, una especie de incendio del Reichstag”, señaló. Y agregó: “No creo que estos desaforados actúen por iniciativa propia, sino respondiendo a directivas que se imparten desde la Casa Rosada. No digo quién, pero desde la Casa Rosada”.

Barcesat fue más allá al advertir que “sí están reunidas las condiciones de idoneidad material como para cometer el delito de incitación al golpe de Estado, y eso obviamente no lo podemos perdonar”. En ese sentido, pidió una actuación inmediata del Ministerio Público Fiscal: “Los jueces y los fiscales, particularmente estos últimos, tienen la obligación” de actuar. “La diferencia es que a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, como a los jueces, se les paga por esto”.