El broker amigo de Alberto Fernández, bajo presión: Lijo ordenó revisar los contratos de la causa Seguros
El estudio contable deberá determinar si las operaciones generaron un perjuicio económico para Nación Seguros y los fondos públicos.
Alberto Fernandez y Hugo Martinez Sosa.
Archivo MDZLa Justicia federal avanzó sobre uno de los principales puntos de la causa Seguros con una pericia contable destinada a establecer el impacto económico de las operaciones realizadas durante la presidencia de Alberto Fernández. El juez Ariel Lijo fijó un cuestionario específico para que los peritos analicen las contrataciones estatales y los movimientos de dinero vinculados con Nación Seguros.
El expediente incluye 45 convenios firmados entre organismos estatales y Nación Seguros, con intervención de 25 asesores privados. Entre los nombres que concentran la atención de la investigación figura Héctor Martínez Sosa, empresario del sector asegurador y allegado al exmandatario, además de pareja de María Cantero, quien fue secretaria privada de Fernández.
Quién cobró y por qué
El magistrado estableció 13 puntos de análisis para el cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión dejó afuera más de cien pedidos formulados por los abogados defensores y delimitó el trabajo de los especialistas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO).
La pericia deberá reconstruir las operaciones relacionadas con los seguros contratados por ANSES. Los especialistas tendrán que identificar a las personas y empresas que participaron de cada negocio, además de precisar las funciones que cumplieron dentro de los contratos.
Los informes también deberán consignar los montos abonados, el fundamento contractual de cada desembolso y la solvencia financiera de las compañías que asumieron las coberturas. El criterio contable establecido por Lijo contempla los valores históricos originales y su posterior actualización en moneda homogénea.
La Justicia pidió además una reconstrucción detallada del recorrido de los fondos que circularon mediante distintos intermediarios. Entre las firmas mencionadas en la investigación figuran San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A.
El antecedente
La situación de Héctor Martínez Sosa ya había quedado bajo análisis judicial antes de esta nueva medida. En febrero, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., firma representada por el empresario, como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública.
La resolución de Casanello señaló que la empresa recibió $416.546.348,81 en concepto de comisiones. El fallo también sostuvo que el vínculo personal entre Martínez Sosa y el entonces presidente constituía un indicador de riesgo dentro del esquema investigado. La investigación de ese momento alcanzó a otras compañías del sector asegurador; entre ellas figuraron: Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
El expediente incluyó además al exadministrador general de la residencia presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez. Casanello lo procesó como partícipe secundario de negociaciones incompatibles con la función pública y como autor del incumplimiento de los deberes de funcionario público.