Régimen Penal Juvenil: qué pasará cuando un adulto y un adolescente sean acusados por el mismo delito

El proyecto de ley que el Gobierno presentó en la Legislatura provincial establece un mecanismo específico para los casos en los que una persona mayor de edad y un adolescente de entre 14 y 17 años quedan involucrados por un mismo delito. La regla será que ambos sean juzgados en un único proceso, aunque habrá una excepción cuando el adulto deba enfrentar un juicio por jurados.

La reforma del Régimen Penal Juvenil de Mendoza, que regirá desde el próximo 5 de septiembre, comienza a poner sobre la mesa una de las situaciones más complejas que puede enfrentar el sistema judicial: qué ocurre cuando un delito no tiene como único protagonista a un adolescente, sino que en el mismo hecho aparecen involucrados mayores de edad y menores.

El proyecto que el Gobierno provincial presentó ante diputados y senadores incorpora una respuesta concreta para esos casos. El artículo 59 establece como regla que el adulto y el adolescente sean sometidos a un mismo juicio, aunque con una integración especial del tribunal.

La iniciativa adapta el régimen provincial a la nueva legislación nacional y establece un sistema de responsabilidad penal juvenil para adolescentes desde los 14 años y antes de cumplir los 18. El objetivo declarado por el Gobierno es combinar la respuesta frente al delito con mecanismos de resocialización y reinserción para evitar que los jóvenes reincidan.

Un solo juicio, pero con un tribunal especial de acuerdo a la nueva ley

El cambio adquiere especial relevancia cuando el expediente involucra a imputados de distintas edades. Según explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en la presentación del proyecto en la Legislatura, la regla será que el juicio sea único. Es decir, si un adolescente y un mayor de edad son acusados por el mismo hecho delictivo, la causa no se dividirá automáticamente en dos procesos diferentes.

Para esos casos, el proyecto establece una integración particular del tribunal: estará compuesto por dos magistrados del Tribunal Penal Juvenil y un magistrado de la Justicia ordinaria.

La intención es resolver en un mismo proceso la responsabilidad de quienes participaron del hecho, pero respetando al mismo tiempo las reglas particulares que corresponden a los adolescentes sometidos al régimen penal juvenil.

El esquema adquiere importancia especialmente en investigaciones por delitos cometidos en conjunto, donde determinar la responsabilidad individual de cada acusado puede resultar determinante para establecer las consecuencias jurídicas correspondientes.

¿Qué dice el proyecto de ley de si el adulto va a juicio por jurados?

El proyecto contempla una situación particular. Si el imputado mayor de edad debe ser sometido a un juicio por jurados, el adolescente no será incorporado a ese mismo tribunal. En ese supuesto, el menor será juzgado por el Tribunal Penal Juvenil.

La razón es que la legislación mendocina que regula los juicios por jurados no incluye actualmente al sistema penal juvenil. Por eso, según explicaron desde el Gobierno, en esos casos se mantiene el esquema previsto por la legislación específica de menores.

En otras palabras, la reforma establece dos caminos posibles. Si el adulto no debe ser juzgado por jurados, la regla es un juicio conjunto, con dos jueces del Tribunal Penal Juvenil y uno de la Justicia ordinaria.

Si el adulto debe enfrentar un juicio por jurados, los procesos se separan: el mayor será juzgado por el mecanismo correspondiente y el adolescente quedará bajo competencia del Tribunal Penal Juvenil.

El nuevo enfoque para un adolescente que comente un delito

La discusión no se limita a determinar qué tribunal debe intervenir. El proyecto busca modificar de manera integral la respuesta estatal frente a los adolescentes que cometen delitos. El Gobierno sostiene que el sistema debe generar consecuencias frente al delito, pero también trabajar para evitar que los jóvenes vuelvan a delinquir, de acuerdo a lo que entiende el Gobierno.

La resocialización y la reinserción aparecen así como dos de los ejes centrales de la propuesta oficial, según transmitieron los funcionarios. La ministra Rus planteó que la intervención penal debe estar acompañada por herramientas que permitan cortar las trayectorias delictivas y reconstruir proyectos de vida.

La iniciativa llega a la Legislatura en un contexto en el que Mendoza debe adecuar su legislación provincial al nuevo régimen nacional. La presentación fue realizada ante un plenario de diputados y senadores por Rus y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto a funcionarios de las áreas de Justicia e Infancias.

El debate legislativo deberá ahora definir los alcances concretos de la reforma y, especialmente, cómo funcionará en la práctica este sistema cuando en una misma causa convivan responsabilidades penales de adultos y adolescentes.

El punto no es menor: la nueva legislación busca evitar que la edad de uno de los acusados termine fragmentando una investigación sobre un mismo hecho, pero al mismo tiempo conserva un tratamiento diferenciado para los menores. El desafío será encontrar el equilibrio entre una respuesta judicial eficaz frente al delito y las garantías específicas que corresponden a quienes todavía no alcanzaron la mayoría de edad.