Durísimo fallo del Tribunal de Cuentas contra un municipio peronista y multas millonarias
Determinaron un daño de más de $26 millones por gastos sin respaldo. Apuntan a una “ruptura total del sistema de control interno”. El descargo municipal y una acción en la Suprema Corte.
El intendente Fernando Ubieta
Rodrigo D'Angelo / MDZ
Los intendentes peronistas Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (San Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz) se juegan el control de los concejos deliberantes este domingo.
El Tribunal de Cuentas de Mendoza emitió esta semana un durísimo fallo contra la municipalidad de La Paz y responsabilizó al intendente, Fernando Ubieta, y varios funcionarios, de irregularidades y desmanejo de fondos públicos en 2025 con perjuicios millonarios para la comuna.
Desde la comuna, Ubieta confirmó a MDZ que apelará ante la Suprema Corte de Justicia con un Recurso Extraordinario Federal y aseguró que el perjuicio se generó a partir de una denuncia por fraude que realizó el año pasado, donde quedó imputada una excontadora municipal y su pareja por fraude millonario.
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"¡Es una locura! Yo hice la denuncia", señaló a este medio, y agregó que se asesorará con los abogados de la comuna e insistió en que recurrirá a la Justicia.
A través del fallo 18.374, se observó un daño patrimonial, por lo que impusieron multas (sanción económica) y también cargos (que buscan resarcir el daño patrimonial) por $26,5 millones para Ubieta cinco funcionarios del área contable del municipio.
Según el Tribunal presidido por Néstor Parés (y conformado por los vocales Liliana Muñoz, Héctor Caputto, Gustavo Riera y Andrea Molina), se comprobaron “salidas de fondos sin documentación de respaldo” y graves fallas estructurales en los mecanismos de control interno, lo que derivó en un daño económico.
El fallo señala que las falencias detectadas no fueron meros "errores administrativos" o "fallas del sistema", sino que "configuran una ruptura total del sistema de control interno”.
Entre las faltas graves de control interno, enumeraron "piezas administrativas inexistentes", formación de expedientes sin documentación de respaldo, participación de más de 200 "oficinas iniciadoras" de expedientes que fueron creados de forma "ficticia", una falta de correlatividad en su generación y la posibilidad de que un mismo usuario ejecutara todas las etapas del gasto sin controles cruzados, entre otras.
"Este cúmulo de inobservancias en principio, habría permitido que se desarrollen acciones que ocasionaron daño al Estado Municipal”, planteó el Tribunal de Cuentas.
Falta de documentación y control en La Paz
Las deficiencias que se detectaron en términos de ausencia de rendición de cuentas o partidas no comprobadas por salidas de fondos sin documentación de respaldo, llegaron al total de $18,5 millones (luego de una primera notificación del TdC por $81,4 millones y posterior descargo municipal), que quedó registrada como "partida no comprobada".
Para el auditor contable, hubo "negligencias en la gestión y resguardo en el patrimonio del municipio".
En ese sentido, el informe fue contundente: “Si los movimientos de la hacienda no cuentan con esas demostraciones, se está en presencia de un hecho o acto ilegítimo que ha provocado un perjuicio patrimonial”.
Además, se identificaron múltiples irregularidades en el circuito administrativo, como expedientes inexistentes, falta de correlatividad en su generación y la posibilidad de que un mismo usuario ejecutara todas las etapas del gasto sin controles cruzados.
El propio auditor advirtió que estas fallas “habrían permitido que se desarrollen acciones que ocasionaron daño al Estado Municipal”.
El vínculo con la contadora imputada por fraude en La Paz
El fallo del Tribunal de Cuentas también hace referencia a la denuncia contra la excontadora de La Paz, Luciana Valeria Díaz Gracia, por administración fraudulenta.
Recordemos que la mujer está acusada de haber desviado para beneficio propio más de $25 millones a través de una maniobra en la que se emitían cheques municipales que eran cobrados por su pareja, Juan Carlos Alcaraz, quien también fue formalmente acusado por el fiscal Gustavo Rosas.
Desde la comuna peronista se desligaron de los problemas contables en su descargo al sostener que parte de las irregularidades habían sido denunciados en la Justicia y que provenían de ese accionar.
De hecho, la acusaron de sustraer cheques oficiales, falsificar las firmas e información de los talonarios y manipular el sistema contable, entre otros.
Sin embargo, el Tribunal descartó que eso atenúe las responsabilidades administrativas al sostener que “la formalización de una denuncia penal de fecha posterior al requerimiento de documentación realizado por la auditoría y la ampliación de dicha denuncia tras la notificación del Pliego de Observaciones, no permitiría deslindar la responsabilidad de los funcionarios”, sostiene el fallo.
"Tales afirmaciones no hacen más que evidenciar una omisión manifiesta en el deber de custodia y vigilancia de los funcionarios a cargo de la percepción e inversión de los caudales públicos", sostuvieron.
Y agregaron: “La actuación judicial posterior es una medida reactiva que no subsana la negligencia previa en la gestión y resguardo del patrimonio del Municipio”.
Incluso, el organismo remarcó que la detección de irregularidades no surgió de controles internos, sino de la intervención externa: “No fue el resultado de un control interno proactivo, sino una reacción ante el requerimiento” del propio Tribunal.
Multas y cargos contra el intendente de La Paz
Ante el dictamen de falta de respaldo a la salida de fondos por $18,5 millones, la Secretaría Relatora y el Auditor Contable plantearon que se trató de un "perjuicio patrimonial para el Municipio"; y al ser una “partida no comprobada”, debía formularse un "cargo solidario a los responsables en la medida de la intervención concreta en el hecho dañoso".
El cargo solidario finalmente quedó registrado en $26,5 millones, teniendo en cuenta que al capital de $18,5 millones, se le deben sumar intereses por poco más de $8 millones.
Los responsables del daño fueron:
- Intendente: Fernando Alcides Ubieta
- Contador General: Juan Manuel Espin
- Tesorero: Miguel Ángel Sánchez
- Secretario de Hacienda y Economía: Exequiel Osvaldo Vespa
- Jefe Departamento de Control Interno: Luciana Valeria Díaz Gracia (imputada por la Justicia en agosto pasado)
- Auxiliar Administrativo: Andrea Vanina Sánchez
En análisis de responsabilidad, se puso la lupa en cada uno de los responsables. Sobre el intendente en particular, fue "por suscribir 'Órdenes de Pago de Intendencia', que surgen del sistema contable", por ser "la máxima autoridad en su función de dirección y reglamentación" y por tener "el deber de implementar una estructura organizativa que garantice la transparencia".
"La existencia de un sistema donde un solo usuario puede realizar todo el proceso del gasto sin control evidencia una omisión en su deber de organizar una administración segura y preservar la integridad del patrimonio a su cargo", plantearon.
También se aplicaron multas de $1,8 millones a cada uno de los principales responsables por “procedimientos administrativos irregulares”.
El Tribunal sostuvo que la responsabilidad no se limita a quien ejecutó las maniobras, sino también a quienes permitieron que ocurrieran: “La atribución del perjuicio no se sustenta sólo en quién cometió la detracción indebida (…) sino también en quien permitió que tales fondos fueran ilícitamente sustraídos por no ejercer sus deberes de control”.