Quién es y cómo actuó la contadora que gestó el fraude millonario contra una municipalidad
La justicia imputó formalmente a la contadora de La Paz que está acusada de haber cobrado ilegalmente más de 25 millones de pesos. También quedó imputado su cónyuge.
La justicia imputó formalmente a la contadora de la Municipalidad de La Paz, Luciana Valeria Díaz Gracia, por administración fraudulenta. La mujer está acusada de haber desviado para beneficio propio más de 25 millones de pesos a través de una maniobra en la que se emitían cheques municipales que eran cobrados por su pareja, Juan Carlos Alcaraz, quien también fue formalmente acusado por el fiscal Gustavo Rosas.
El delito del que están acusados ambos es Administración Fraudulenta, en perjuicio de la administración pública. La denuncia original se realizó el 30 de julio y fue el intendente Fernando Ubieta tras detectar los pagos y que según las firmas de los cheque "él los había autorizado". La sospecha es que en realidad la contadora Díaz falsificó la firma del jefe comunal, así como también gestó la trama del fraude.
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Quién es quién
Luciana Valeria Díaz Gracia es contadora. Fue contratada por el actual intendente como parte del equipo municipal para gestionar y controlar las cuentas públicas. Tras haber estado como contratada, fue pasada a planta permanente y ahora tiene un sumario interno por el que podría resultar expulsada. La mujer no tiene militancia política, según aseguran, pero había construido confianza. Su cónyuge es Juan Carlos Alcaraz. Ambos actuaron en complicidad.
Según la sospecha, la contadora municipal generaba las órdenes de pago en base a servicios no demandados y luego iniciaba la ejecución de los pagos aprovechando el poder que tenía dentro de la comuna. Allí es donde se emitían cheques con la aparente firma fraguada. Esos documentos eran endosados para que Alcaraz los cobrara.
En principio se detectaron pagos irregulares por algo más de 25 millones de pesos. La contadora es parte de la planta permanente de la comuna y el propio Ubieta la había contratado.
Con la imputación formal, los acusados pueden ejercer su defensa. El fiscal los había citado antes, pero se excusaron de presentarse. Hoy sí lo hicieron y fueron notificados de la imputación. El delito del que están acusados prevé penas de 2 a 6 años de prisión.