Diputados sesionará el 24 de junio y debatirá el Súper RIGI, la ley de lobby y el pago a fondos buitre
La Cámara de Diputados debatirá el 24 de junio el Súper RIGI, la ley de lobby y el acuerdo para pagar US$171 millones a fondos buitre.
Diputados sesionará el 24 de junio y debatirá el Súper RIGI, la ley de lobby y el pago a fondos buitre.
NALa Cámara de Diputados continuará con su actividad legislativa pese al desarrollo del Mundial de Fútbol y ya tiene en agenda una sesión clave para el próximo 24 de junio. El presidente del cuerpo, Martín Menem, comunicó a los principales bloques políticos que reserven esa fecha para debatir una serie de iniciativas prioritarias para el Gobierno nacional.
Entre los proyectos que integrarán el temario figuran el denominado "Súper RIGI" (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), la ley de lobby y la autorización para concretar el pago acordado con dos fondos buitre, iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado.
Diputados mantiene la agenda legislativa durante el Mundial
Según fuentes parlamentarias, Menem mantuvo reuniones con referentes del oficialismo y de la oposición para avanzar en una hoja de ruta que permita llegar al 24 de junio con los dictámenes necesarios para habilitar el tratamiento de los proyectos.
De concretarse la convocatoria, la sesión se desarrollará entre dos compromisos de la selección argentina en la fase inicial del Mundial, ya que el equipo nacional jugará el 22 de junio frente a Austria y el 27 ante Jordania.
La ley de lobby avanza en comisión
Uno de los proyectos con mayores posibilidades de consenso es el que crea un régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, conocido como ley de lobby. La iniciativa comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde expusieron legisladores autores de distintas propuestas.
La próxima instancia será una reunión con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia. El oficialismo aspira a obtener dictamen el 17 de junio para llevar el proyecto al recinto una semana después.
La propuesta busca regular las gestiones realizadas por empresas, cámaras empresariales y representantes de distintos sectores ante funcionarios y legisladores. Para ello crea un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse los lobistas y declarar los intereses que representan.
Además, obliga a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso a informar públicamente las reuniones que mantengan con estos actores y a rendir cuentas sobre esos contactos.
El Gobierno impulsa el Súper RIGI para atraer inversiones
Otro de los proyectos centrales es el denominado Súper RIGI, un régimen diseñado para captar inversiones de gran escala en sectores estratégicos vinculados a nuevas tecnologías y energías limpias.
La iniciativa apunta a fomentar desarrollos relacionados con la industrialización del litio y el uranio, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, los semiconductores, la inteligencia artificial y los reactores nucleares de pequeña y mediana escala, entre otras actividades.
A diferencia del RIGI aprobado dentro de la Ley Bases, este nuevo esquema exige inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera durante 30 años.
Durante el debate en comisión, funcionarios del Ministerio de Economía explicaron que el régimen está orientado a proyectos completamente nuevos y no a ampliaciones de emprendimientos ya existentes. También destacaron que excluye expresamente iniciativas vinculadas a recursos naturales e infraestructura, dos sectores que sí podían acceder al RIGI original.
El pago a fondos buitre también llegará al recinto
La tercera iniciativa relevante que el oficialismo pretende aprobar es el acuerdo alcanzado con dos fondos buitre para cancelar litigios pendientes vinculados al default de 2001.
El proyecto ya fue aprobado por el Senado y establece el pago de 171 millones de dólares como parte de una conciliación judicial alcanzada en Estados Unidos. El Gobierno necesita que la Cámara de Diputados lo convierta en ley antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo.
Según los términos negociados, el Estado argentino abonará 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y otros 104 millones de dólares al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. La administración de Javier Milei sostiene que esta medida permitirá cerrar definitivamente los reclamos remanentes de los últimos holdouts que permanecían activos tras las reestructuraciones de deuda realizadas en las últimas décadas.