De Cúneo Libarona a Mahiques y el fallido intento de Milei para sumar dos magistrados a la Corte Suprema
En 1000 días de gobierno, el mileísmo tuvo dos ministros de Justicia, avanzó con el sistema acusatorio, impulsó un nuevo Código Penal, reformó el mecanismo para elegir jueces de la Corte y aceleró la cobertura de vacantes. Pero, entre la ofensiva contra el Consejo de la Magistratura y la pelea por el máximo tribunal, varias de sus principales reformas todavía dependen de acuerdos políticos.
Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, el Poder Judicial parecía uno de los frentes menos prioritarios de un gobierno obsesionado con la motosierra fiscal. Con el correr de los meses, sin embargo, la Justicia se transformó en uno de los tableros donde más se jugó la Casa Rosada: allí se peleó pliego por pliego en el Senado y se intentó, sin éxito hasta ahora, torcer la historia reciente con la incorporación de dos jueces a una Corte Suprema que lleva casi tres años funcionando con solo tres de sus cinco miembros.
Por ese sendero pasaron dos ministros con estilos casi opuestos. Mariano Cúneo Libarona, un penalista de trayectoria mediática que llegó al cargo por su afinidad personal con Milei y dejó el Gobierno tras dos años y tres meses de gestión, y Juan Bautista Mahiques, hombre de Comodoro Py que lo reemplazó en marzo de 2026 con la orden presidencial de acelerar todo aquello que su antecesor no había logrado destrabar.
Dos cortesanos por decreto.
El episodio que mejor resume las dificultades del Gobierno en materia judicial ocurrió apenas un año después de asumir. En febrero de 2025, Milei decidió saltear al Senado y designó por decreto, en comisión y durante el receso parlamentario, a dos jueces para cubrir las vacantes de la Corte Suprema producidas por las salidas de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y Juan Carlos Maqueda, en 2024.
Los candidatos de Milei eran el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. La maniobra generó un inmediato rechazo de buena parte del arco político y de organizaciones vinculadas con la justicia, que la consideraron un atajo institucional para evitar el debate en la Cámara alta.
El Senado terminó rechazando ambos pliegos el 3 de abril de 2025. García-Mansilla, que había jurado y ejercido el cargo, permaneció poco más de un mes en funciones antes de presentar su renuncia. Lijo, cuya candidatura había generado cuestionamientos por su actuación judicial y sus antecedentes, corrió la misma suerte.
Desde entonces, la Corte Suprema sigue integrada únicamente por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Este último volvió a advertir públicamente que no es normal que el máximo tribunal funcione con tres de sus cinco miembros y sostuvo que es necesario completar su integración.
Milei, en cambio, optó por no acelerar el proceso. El presidente dijo que se trata de una decisión institucional de gran importancia que requiere un trabajo serio y que avanzará cuando lo considere oportuno. En la Casa Rosada trascendió que la estrategia apunta a esperar una composición más favorable del Congreso antes de enviar nuevos pliegos, para evitar repetir el fracaso de 2025.
Cúneo Libarona: el ministro de los grandes proyectos
Mariano Cúneo Libarona fue, durante la primera etapa, el ministro de los grandes proyectos. En materia procesal penal, la administración libertaria puede exhibir uno de sus avances más concretos: la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal bajo un sistema acusatorio que desplaza hacia los fiscales el protagonismo de la investigación y busca acelerar los procesos mediante la oralidad, las audiencias y plazos más estrictos.
Rosario fue el primer paso, el 6 de mayo de 2024, y luego llegó Mendoza. El Gobierno presentó la reforma como una herramienta para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción.
Cúneo Libarona convirtió esa transformación en una de las principales banderas de su gestión. “Nuestro país necesita una justicia más ágil, eficaz y transparente”, sostuvo al anunciar la extensión del sistema a Mendoza.
Su sucesor mantuvo esa línea y fijó nuevos cronogramas para extender el sistema acusatorio. La Plata tiene prevista su entrada en vigencia para el 21 de septiembre y Córdoba, para el 8 de marzo de 2027. Además, Mahiques vinculó la transformación procesal con la necesidad de fortalecer edificios, tecnología, capacitación y estructuras de fiscales, defensores y jueces.
La otra gran apuesta de Cúneo Libarona fue la reforma penal. En febrero de 2024 se creó una comisión para elaborar un nuevo Código Penal y durante meses se trabajó sobre la actualización de un cuerpo normativo cuya estructura básica se remonta a 1921.
El proyecto fue presentado por Milei en octubre de 2025 y planteó penas más severas, nuevos delitos, restricciones a las libertades anticipadas y la imprescriptibilidad de determinados delitos graves. También incorporó herramientas contra el ciberdelito y modificó el tratamiento de delitos vinculados con el narcotráfico, la trata y la corrupción.
El proyecto de ley de juicios por jurados fue otra de las reformas que Cúneo Libarona presentó como prioritaria. La iniciativa contemplaba un jurado clásico de 12 ciudadanos, con integración equilibrada por género y distintas reglas sobre los recursos contra sus decisiones. El propio ministro defendió el proyecto ante diputados y cuestionó las críticas vinculadas con su costo. Sin embargo, la iniciativa no logró completar el recorrido legislativo.
Entre los avances que el Gobierno reivindica también figuran la sanción de la ley de juicio en ausencia, que habilita, entre otras cuestiones, avanzar en la causa AMIA contra personas prófugas, y la nueva ley de régimen penal juvenil. Cúneo Libarona también destacó que la Argentina superó el examen del GAFI, el organismo que evalúa las políticas contra el lavado de dinero, lo que permitió evitar una recategorización desfavorable para el país.
Mahiques: velocidad, pliegos y reforma institucional.
Juan Bautista Mahiques llegó al Ministerio en marzo de este año con un mandato diferente. Si Cúneo Libarona fue el rostro más visible de la primera etapa, el actual ministro asumió con una agenda más concentrada en la gestión: terminar con la vacancia judicial y avanzar con reformas estructurales que su antecesor había dejado planteadas, pero no había logrado concretar.
Al asumir Mahiques, había 381 dependencias vacantes sobre un total de 1002 cargos en el Poder Judicial de la Nación, según los datos incluidos en el balance de la gestión. En apenas cuatro meses, el ministro envió al Senado 178 pliegos de nuevos jueces, un ritmo que no se registraba en la última década.
Mahiques utiliza esa cifra para responder a quienes sospechan que el Gobierno pretende construir una justicia afín. Su objetivo es elevar la meta a 300 pliegos aprobados por el Senado y ganar peso propio en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y remover jueces, cuyas autoridades se renuevan hacia fin de año.
En ese camino, el Gobierno consiguió el respaldo del kirchnerismo para dos designaciones clave en la Cámara Federal porteña: la confirmación de Pablo Bertuzzi y el desembarco de Pablo Yadarola en Comodoro Py, acuerdos que meses atrás parecían difíciles de alcanzar.
En junio, Milei firmó junto con Mahiques el Decreto 467/2026, que modificó dos normas dictadas durante el gobierno de Néstor Kirchner y que establecían mecanismos de autolimitación para el Poder Ejecutivo en el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema.
El argumento oficial fue que el mecanismo anterior generaba una duplicación de instancias administrativas porque buena parte de la publicidad, la participación ciudadana y la evaluación de los candidatos volvía a realizarse en el Senado. La nueva norma acortó el trámite y eliminó la etapa de recepción de observaciones, adhesiones e impugnaciones ciudadanas antes de que el Poder Ejecutivo envíe la candidatura al Congreso.
La modificación fue presentada como una forma de acelerar la designación de jueces. Sus críticos, en cambio, la cuestionaron por reducir los mecanismos de participación y control ciudadano.
Lo que se avizora: sacar a la Corte del Consejo de la Magistratura
La reforma más ambiciosa que impulsa Mahiques apunta al Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar, sancionar y remover jueces. La idea central es modificar su integración y sacar a la Corte Suprema del órgano, además de reducir la cantidad de representantes de cada estamento (jueces, abogados, académicos y legisladores) con el argumento de agilizar un cuerpo que actualmente demora años en resolver concursos para cubrir juzgados.
La agenda de esta segunda etapa incluye además la creación de nuevos juzgados en el interior del país, modificaciones al proceso de selección de los ministros de la Corte Suprema y reformas a los códigos Civil y Penal.
En paralelo, el propio máximo tribunal impulsó una propuesta distinta para reformar el reglamento de los concursos con los que se eligen jueces, una iniciativa que generó debate incluso dentro del ámbito judicial. En una audiencia pública ante el Senado, el camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro, consideró que, aunque el proyecto tenía buenas intenciones, su ámbito natural de discusión debía ser el Consejo de la Magistratura y no un reglamento definido unilateralmente por la Corte.
El plan de reorganización territorial incluye además un capítulo más polémico: la eliminación de juzgados y cargos en la Cámara de Casación y en el fuero nacional, lo que dentro del propio Ministerio describen informalmente como un plan para “achicar Comodoro Py”.
Los 1000 días de la política judicial de Milei pueden sintetizarse en una paradoja. El Gobierno avanzó en uno de los cambios procesales más importantes de las últimas décadas, el sistema acusatorio, y consiguió instalar una agenda de modernización, endurecimiento penal y reorganización federal, pero no logró resolver el problema institucional más visible: la integración definitiva de la Corte Suprema.
La promesa oficial de construir una justicia “más ágil, eficaz y transparente” encontró en estos 1000 días avances concretos, pero también un límite que ningún decreto ministerial puede resolver: la necesidad de construir acuerdos políticos para designar a los jueces que deben ocupar los lugares centrales del Poder Judicial.