Cuál es el reclamo de docentes jubilados que impacta en sus haberes y qué respondió la DGE
Llevaron a la Legislatura un reclamo por el impacto de la cláusula de garantía en el cálculo de sus haberes. Lucas Ilardo presentó un proyecto para establecer una “reparación previsional”. La DGE rechaza que la Provincia haya incumplido la paritaria de 2024.
Docentes jubilados reclamaron en la Legislatura provincial
Prensa Fuerza PatriaUn reclamo de docentes jubilados por el impacto de la cláusula de garantía llegó a la Legislatura de Mendoza y abrió una disputa con el Gobierno provincial por la interpretación de la paritaria de abril de 2024. El diputado de Fuerza Patria, Lucas Ilardo, presentó un proyecto para establecer una “reparación previsional” para los trabajadores que, según denuncia, fueron perjudicados en el cálculo de sus haberes.
El legislador recibió esta semana en la Casa de las Leyes a parte de este grupo docentes jubilados que denunciaron una reducción en sus haberes y quienes sostienen que fueron perjudicados por la forma en que se computó durante su etapa activa un componente salarial no remunerativo.
Según el planteo difundido por el legislador kirchnerista, el conflicto alcanza especialmente a docentes que se jubilaron entre 2024 y mayo de 2026. Los jubilados sostienen que el Gobierno "incumplió" un punto de la paritaria de abril de 2024 y reclaman que se revise su situación de manera colectiva, sin que cada persona deba iniciar un expediente individual o recurrir a la Justicia.
En tanto, el diputado calificó la situación como “una injusticia” y aseguró que a los docentes afectados “les han robado parte de la jubilación”, teniendo en cuenta que la cláusula (ndr: que actúa en la liquidación provincial de Mendoza como un suplemento corrector para asegurar que el salario de bolsillo no quede por debajo del piso paritario mínimo garantizado) representaba "entre un 10% y un 20% de los ingresos reales".
En ese sentido, anunció dos iniciativas legislativas: un proyecto de declaración para impulsar un convenio entre Mendoza y ANSES y una Ley de Reparación Previsional Docente.
Sin embargo, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) dieron una versión diferente sobre lo ocurrido en las paritarias y rechazaron que exista un incumplimiento de la Provincia tanto de este tema como incluso de lo que se firmó en su momento en los encuentros con el SUTE.
De hecho, el principal punto de diferencia está en la interpretación del acuerdo paritario firmado en abril de 2024.
Qué dice la DGE sobre la polémica
Desde la DGE sostuvieron a MDZ que en esa paritaria "no se acordó un blanqueo automático de la cláusula de garantía" ni se estableció un "derecho inmediato para todos los docentes que estuvieran próximos a jubilarse".
“En la paritaria de abril de 2024 no hubo ningún blanqueo automático ni un derecho acordado de entrada”, señalaron desde el Gobierno.
Según la explicación oficial, lo que se acordó fue la posibilidad de revisar determinados casos de docentes que estuvieran próximos a jubilarse, pero bajo una condición: la disponibilidad presupuestaria de la Provincia.
“Lo único que se firmó ahí fue la posibilidad de revisar los casos de quienes se estaban por jubilar, pero sujeto expresamente a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno”, expresaron.
Por eso, la DGE rechaza la interpretación de que en abril de 2024 se haya establecido un mecanismo para convertir "automáticamente" la cláusula de garantía en un concepto remunerativo para todos los docentes. “No se prometió un pase masivo a remunerativo en ese momento”, remarcaron.
Siguiendo con la información oficial, la transformación efectiva de la cláusula de garantía en un ítem remunerativo fue acordada formalmente en julio de 2025, con aplicación a partir de agosto de ese año. “El propio gremio aceptó y firmó expresamente una cláusula que dice que el cambio se daba ‘sin que tal variación pueda generar derecho a reclamo retroactivo alguno’”, señalaron desde la DGE.
“Es decir, legalmente no existe una deuda con los que se jubilaron entre 2024 y mediados de 2025 porque las partes firmaron que no era retroactivo”, sostuvo la DGE.
Por otro lado, agregaron que "para quienes tenían menos años de antigüedad o estaban en transición, la misma norma estableció que el trámite no era masivo, sino que debían notificar individualmente su voluntad en la oficina de Certificaciones de ANSES de la DGE”, explicaron.
"En concreto, no hay un incumplimiento de la Provincia lo que están pidiendo desde la oposición es reabrir un acuerdo paritario para aplicar de forma retroactiva algo que los propios gremios firmaron y aceptaron que regiría recién a partir de agosto de 2025", finalizaron.
La denuncia de Lucas Ilardo
A diferencia del Gobierno, Ilardo sostiene que en aquella paritaria "asumió un compromiso expreso instrumentado en el Punto J del Acta Acuerdo, donde estableció de mutuo acuerdo que, desde junio de 2024, la DGE se comprometió a revisar los casos y habilitó la posibilidad de transformarla en remunerativa, por el término máximo de un año, la diferencia salarial liquidada".
"A pesar de este explícito y vinculante acuerdo paritario homologado, la DGE demoró un período extraordinario e injustificado de casi dos años en dictar y formalizar la correspondiente reglamentación de su procedimiento operativo", denunció.
De esta forma, Ilardo insiste que el mecanismo dejó perjudicado a este grupo de docentes que se jubiló antes de la reglamentación posterior y planteó que la Provincia "cuenta con la información necesaria" para identificar a los afectados y revisar de oficio las liquidaciones y certificaciones realizadas.
Es por esto que el proyecto establece un mecanismo colectivo que permita relevar a los docentes alcanzados, revisar los aportes y contribuciones y generar las condiciones para solicitar ante ANSES la revisión de los haberes.
"Estamos comprometidos con esto porque es una injusticia, han perjudicado a un grupo mínimo de docentes discriminándolos y lo único que quieren es tener igualdad de condiciones con respecto a sus compañeros, les han robado parte de la jubilación”, agregó Ilardo.