COVID-19: Hugo Sigman negó irregularidades en la compra de vacunas y reclamó su sobreseimiento
El empresario farmacéutico rechazó las acusaciones vinculadas con la adquisición de inmunizaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Su defensa sostuvo que no existieron maniobras irregulares ni direccionamiento de contratos a favor de empresas vinculadas con el grupo que encabeza.
Hugo Sigman fue indagado por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa donde está imputado y busca determinar si durante la pandemia de COVID-19 hubo demoras deliberadas en las negociaciones con Pfizer y si esas decisiones terminaron favoreciendo a otros laboratorios, entre ellos AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. La investigación también analiza el papel que tuvieron funcionarios y empresarios en el proceso de adquisición de dosis.
El empresario, titular del grupo Insud Pharma, declaró de manera virtual desde España. La audiencia había sido postergada en varias oportunidades: las primeras citaciones habían sido fijadas para mayo y junio y luego se estableció una nueva fecha.
La hipótesis judicial apunta a establecer si existió algún tipo de direccionamiento o tráfico de influencias en las contrataciones realizadas durante la emergencia sanitaria. En particular, el expediente puso bajo análisis la relación entre las decisiones oficiales y los acuerdos con laboratorios que participaron del esquema de provisión de vacunas.
La defensa de Sigman, el pedido de sobreseimiento y el origen de la causa
A través de su defensa, Sigman negó que haya intervenido de manera indebida en esas decisiones y planteó que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal. Con ese argumento, le pidió al juez Lijo que dicte su sobreseimiento y cierre definitivamente la causa.
El expediente se originó a partir de denuncias que cuestionaron el proceso de adquisición de vacunas y, en particular, las condiciones y los tiempos de los acuerdos celebrados durante la pandemia. La investigación había sido archivada anteriormente, pero la decisión fue revisada luego de una apelación del fiscal Carlos Stornelli, lo que permitió que el expediente continuara avanzando.