Cornejo promulgó la ley que reforma dos organismos estatales y crea beneficios fiscales
El Gobierno de Mendoza puso en vigencia la iniciativa que disuelve el Fondo de la Transformación, reestructura el Casino de Mendoza y adhiere al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI)
El Gobierno de Mendoza promulgó este jueves la Ley 9718 que contempla una serie de reformas en organismos públicos y dispone beneficios fiscales para promover nuevas inversiones en la provincia. La iniciativa había sido sancionada a comienzos de julio por la Legislatura y ahora entró en vigencia.
Entre los puntos más importantes de la norma se encuentran la disolución del Fondo para la Transformación y Crecimiento (FTyC); una reestructuración en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC); el saneamiento de activos remanentes de los ex bancos oficiales y la adhesión al Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI) nacional sumando beneficios fiscales especiales para los nuevos proyectos en Mendoza.
Mendoza adhirió al RIMI
El RIMI es el régimen nacional orientado a promover diferentes inversiones productivas en el país, utilizando como herramientas una serie de incentivos fiscales apuntado a micro, pequeñas y medianas empresas.
Establece beneficios como la amortización en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA pero el Gobierno provincial decidió sumar una serie de incentivos locales a largo plazo para las empresas y proyectos que ingresen al régimen para maximizar el impacto de las inversiones.
En primer lugar, el proyecto establece una estabilidad impositiva, evitando que se creen nuevos impuestos o se aumenten las alícuotas de los existentes por un plazo de 10 años.
A su vez, quienes ingresen al régimen contarán con prioridad para programas de formación, asistencia técnica, promoción de exportación a través de ProMendoza, programas provinciales de generación de empleo y preferencia en la localización y utilización de espacios en parques industriales.
El fin del Fondo para la Transformación y el Crecimiento
Por otro lado, la ley determinó la disolución y liquidación de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC).
Señala que, tras más de 30 años desde su creación, el organismo ha visto reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen.
En ese sentido, el Ejecutivo considera que el sistema financiero privado ha alcanzado un nivel de madurez que permite al Estado reorientar su rol hacia la corrección de fallas de mercado específicas.
El organismo fue creado en octubre de 1993 en momentos en los que la provincia ganó un juicio a la Nación por regalías petrolíferas mal liquidadas, donde recibió U$S 617 millones. Meses después, llegó a manejar incluso recursos superiores a los U$S 1.000 millones, lo que hoy equivale a los famosos fondos del resarcimiento que se están utilizando para obras públicas.
Lo cierto es que, tras 33 años, producto de las crisis macroeconómicas, devaluaciones de la moneda e inflación, el Fondo ha ido achicándose en recursos. Al dar constantemente créditos a productores a tasa real negativa, los fondos se han licuado, y de los más de U$S 1.000 millones, hoy solamente cuenta con U$S 25 millones.
La reestructuración de Casino de Mendoza
Otro de los puntos de la norma es la reorganización del Instituto Provincial de Juego y Casino (IPJyC), luego del impacto negativo que tuvo el incendio ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza, provocó el cierre de la sala y la interrupción de sus actividades.
En este contexto, y considerando también los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego, la ley determina la necesidad de “avanzar en un proceso de reorganización integral” del Instituto para adecuar su estructura a criterios de eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.
Desde el Ejecutivo indicaron que la situación impacta en la recaudación, el presupuesto, la organización interna y la asignación de recursos, además de comprometer transferencias a salud, bibliotecas populares y rentas generales según la Ley Nº 7.314.
Liquidación de los activos de los ex bancos provinciales
Asimismo, la ley también avanza con la liquidación de los activos que integran el patrimonio del ex EFOR, actualmente bajo la órbita de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.).
El Gobierno tomó la iniciativa de cerrar definitivamente los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos, teniendo en cuenta que existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, lo que representa un costo para el Estado.
En esa línea, se plantea que la autorización de la baja contable en el sistema SIDICO y la cancelación de las garantías reales permitirá reinsertar a miles de deudores en el circuito económico y financiero, además de evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia por la falta de levantamiento de gravámenes sobre créditos ya extinguidos.