Cinco años después, el juicio a Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración sigue sin fecha de inicio
El expediente donde la exjefa de los fiscales fue procesada por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública sigue en manos del Tribunal Oral Federal Nº 8 tras haber sido sorteado en junio de 2021.
Se cumplieron cinco años desde que el juez Julián Ercoini elevó a juicio oral la causa contra la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó por presuntas irregularidades en la compra de un edificio de la calle Perón 667, destinado a oficinas de la Procuración General. Pese al tiempo transcurrido desde aquella resolución, el debate todavía no tiene fecha de inicio.
Gils Carbó fue enviada a juicio el 8 de junio de 2021, luego de que la Cámara Federal Porteña ratificara su procesamiento y rechazara los últimos planteos de la defensa. Dos días después, el expediente elevado fue sorteado en casación y quedó radicado en el Tribunal Oral Federal Nº 8, donde continúa hasta la actualidad sin que se haya fijado la apertura del debate oral.
El tribunal está integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que la acusación pública se encuentra a cargo del fiscal general Marcelo Colombo.
La investigación gira en torno a la adquisición de un inmueble ubicado en Perón al 600, donde hoy funcionan dependencias de la Procuración General. Según la acusación, la operación habría sido direccionada para beneficiar a determinados intermediarios y permitir el pago de millonarias comisiones vinculadas al proceso de compra. La Justicia sostiene que la licitación fue diseñada para favorecer al edificio finalmente adquirido y que existió una estructura previamente acordada para darle apariencia de legalidad a la operación.
El caso comenzó a tomar impulso en 2016, a partir de una denuncia que puso bajo la lupa la compra concretada durante la gestión de Gils Carbó. La investigación quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez Ercolini. Un año después, en octubre de 2017, la entonces procuradora fue procesada junto a otras personas por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Ercolini consideró que la operación había generado beneficios indebidos para terceros vinculados al procedimiento de contratación.
Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal Porteña revisó posteriormente esa decisión. Los camaristas concluyeron que no estaba acreditado un perjuicio económico para el Estado por el valor pagado por el inmueble, pero entendieron que existían elementos para sostener una acusación por negociaciones incompatibles con la función pública. La nueva calificación apuntó al supuesto direccionamiento de la licitación y al beneficio obtenido por personas relacionadas con funcionarios que intervinieron en el trámite.
Entre los principales cuestionamientos figura el pago de una comisión millonaria que terminó percibiendo Juan Carlos Thill, señalado como intermediario en la operación y medio hermano de Guillermo Bellingi, entonces subdirector de Administración de la Procuración y uno de los responsables del procedimiento licitatorio. Para los investigadores, esa relación constituyó uno de los elementos centrales para sostener la hipótesis de un proceso previamente acordado.
Previo a la elevación a juicio, la defensa de Gils Carbó intentó apartar a Ercolini mediante una recusación basada en supuestas dudas sobre su imparcialidad. También solicitó la nulidad del procesamiento. Los planteos fueron rechazados por la Cámara Federal, lo que despejó el camino para el cierre de la instrucción y el envío del expediente a la etapa oral.
Al momento de conocerse la decisión, los abogados de la exprocuradora sostuvieron que durante toda la investigación no se había acreditado ninguna conducta ilícita atribuible a su defendida. "El desempeño de la doctora Gils Carbó fue intachable", afirmó entonces el exministro de Justicia León Arslanian, integrante de su equipo de defensa, quien aseguró que las acusaciones debían ser discutidas en un juicio oral.
Gils Carbó fue la primera procuradora general de la Nación enviada a juicio oral por hechos vinculados al ejercicio de su cargo. Su procesamiento, dictado en 2017, ocurrió pocas semanas antes de que presentara su renuncia al frente del Ministerio Público Fiscal, cargo que había asumido en 2012.
Cinco años después de la elevación a juicio y nueve años después de iniciada la investigación, el expediente permanece en una etapa de espera. Fuentes judiciales señalaron a MDZ que la causa sigue bajo “instrucción suplementaria”.
Mientras tanto, Alejandra Gils Carbó continúa ejerciendo la abogacía. Entre sus actuaciones más relevantes se encuentra la defensa del empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente de la constructora Electroingeniería, uno de los acusados que actualmente enfrenta juicio oral en la denominada causa Cuadernos.