Caso "Chocolate" Rigau: denuncian a autoridades de Diputados por presunto encubrimiento de ñoquis
El magistrado presentó una denuncia penal luego de que la Legislatura archivara el pedido de la Justicia para identificar a los legisladores que habían firmado las designaciones de los empleados cuyas tarjetas utilizaba Julio Rigau.
La Cámara archivó expedientes del caso Chocolate y ahora fue denunciada por un juez
El juez de Garantías Guillermo Federico Atencio denunció penalmente a las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por el presunto delito de encubrimiento, en el marco de una derivación de la causa que investiga a Julio “Chocolate” Rigau y el cobro de salarios de empleados de la Legislatura.
La presentación surgió después de que el cuerpo deliberativo archivara un pedido de la Justicia para acceder a los “memos de designación” de los empleados cuyos salarios eran retirados por Rigau. La documentación había sido solicitada para determinar quiénes habían firmado las incorporaciones de esos agentes y avanzar en la investigación sobre el origen del esquema.
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La presentación fue realizada ante la UFI 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. Según fuentes del fuero penal, se trata de un desprendimiento de la investigación original, que busca determinar las responsabilidades por la presunta defraudación al Estado vinculada con el cobro de salarios de empleados de la Legislatura.
Atencio consideró que, al advertir la posible comisión de un delito de acción pública, tenía la obligación de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal para que se investigara a los eventuales responsables, aseguró Clarín.
Qué había pedido la Justicia
El origen de la nueva presentación está en un pedido realizado por la fiscal Betina Lacki, quien investiga el entramado detrás de las tarjetas de débito que estaban en poder de Rigau. La documentación era considerada relevante para reconstruir la trazabilidad de las designaciones y establecer qué legisladores o autoridades habían intervenido en la contratación de los agentes.
Sin embargo, la Cámara de Diputados decidió archivar los expedientes administrativos que contenían esa información. La decisión fue adoptada el 28 de mayo, durante una sesión en la que se trató un conjunto de miles de resoluciones administrativas. Según la información publicada sobre el caso, los expedientes relacionados con Rigau quedaron incluidos dentro de ese trámite.
Cómo comenzó el caso “Chocolate” Rigau
El escándalo se inició en septiembre de 2023, cuando Julio “Chocolate” Rigau fue detenido en un cajero del Banco Provincia, en La Plata, mientras realizaba extracciones de dinero utilizando tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.
En su poder fueron encontradas 48 tarjetas, pertenecientes a empleados legislativos. La investigación posterior buscó determinar por qué esos trabajadores le entregaban las tarjetas y cómo funcionaba el mecanismo mediante el cual Rigau retiraba sus salarios.
Durante la investigación, varios de los titulares de las tarjetas declararon ante la Fiscalía y reconocieron haberle entregado voluntariamente los plásticos a Rigau. La Justicia buscó entonces reconstruir no solamente el circuito de extracción del dinero, sino también el sistema mediante el cual esas personas habían sido incorporadas a la Legislatura.
El pedido que la Legislatura no respondió
El acceso a los expedientes de designación era considerado por la Fiscalía como una herramienta para avanzar sobre ese segundo aspecto de la investigación. Lacki había solicitado conocer quiénes habían intervenido en las designaciones de los empleados vinculados con las tarjetas. Ante las demoras y la falta de entrega de la documentación, Atencio había emitido una orden de presentación para exigir los papeles requeridos por la Justicia.
La investigación también había puesto la lupa sobre funcionarios de la Cámara y sobre Claudio Albini, quien se desempeñó durante años en el área de Personal, y su hijo Facundo Albini, en el marco de las actuaciones derivadas del caso.
Ahora, la nueva denuncia de Atencio abre una investigación separada para determinar si la decisión de archivar los expedientes y no entregar la documentación requerida por la Justicia constituyó un delito de acción pública.
La presentación quedó en manos de la UFI 11 de La Plata, que deberá analizar los hechos denunciados y determinar los pasos a seguir.