Cada año que pasa, menos plata para las mujeres
Un informe demuestra como las políticas de ajuste impactan más a las mujeres. Por qué cada vez hay menos plata y se agranda la brecha.
Por qué las políticas de ajuste impactan más en las mujeres: menos plata.
Cada año que pasa, no hay plata y para quienes menos plata hay, es para las mujeres. Un informe demuestra que de cada 10 pesos que se dejaron de gastar en las arcas nacionales, 4 corresponden a servicios sociales, lo que afecta el funcionamiento de muchas partidas vinculadas a la garantía de derechos de la población. El Presupuesto Nacional 2026 continúa por esa misma senda, y es, de base, un 24% más bajo que el devengado en 2023.
El estudio fue realizado por la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que analiza con frecuencia las políticas públicas, y esta vez lo hizo sobre el presupuesto nacional 2026, es decir un mes previo al Día Internacional de la Mujer.
En las políticas para la igualdad de género, la eliminación de programas para la atención de la violencia por razones de género y la garantía de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, los recortes fueron mayores: el ajuste en estas áreas triplica el ajuste en el resto de la pauta de gastos, indica el análisis.
Las áreas de prevención de la violencia hacia las mujeres no son costosas, pero las recortan
ELA asegura en su reciente informe que el Poder Ejecutivo argumenta que en gestiones anteriores se hizo un supuesto “uso político de la agenda de género” y que “la violencia no tiene género” para justificar la decisión de recortar estos fondos vinculados a la prevención de la violencia hacia las mujeres.
El eje del discurso oficial se centró en afirmar que no existe una relación clara entre la implementación de estas políticas y los datos que muestran las estadísticas sobre violencia y femicidios. Desde esa perspectiva, si no puede comprobarse una relación directa entre el gasto público y los resultados obtenidos, esos recursos serían considerados gastos injustificados y, por lo tanto, susceptibles de ser eliminados.
En ese marco, se desarticularon programas específicos destinados a la protección y el acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género. En paralelo, se reforzaron políticas dentro del área de justicia, bajo la idea de un cambio de enfoque: la protección frente a la violencia pasó a encuadrarse en la categoría de “delitos contra la integridad sexual y violencia familiar”, dejando de lado la perspectiva de género.
A casi dos años del inicio de la gestión, el gobierno nacional tampoco ha presentado ni puesto en marcha un Plan Nacional de Acción para abordar la violencia por motivos de género, tal como lo establece la Ley 26.486 de Protección Integral de las Mujeres. La ausencia de ese plan implica, además, que no exista una partida presupuestaria específica destinada a su implementación.
Los argumentos oficiales para justificar los recortes —basados en la necesidad de reducir el déficit y en la supuesta ineficacia de los programas vigentes hasta 2023— no encuentran respaldo en la evidencia disponible ni reflejan el escaso peso fiscal que estas políticas tienen dentro del presupuesto general, indica el informe de ELA.
Uno por uno, todos los programas hacia las mujeres recortados
El estudio de ELA asegura que en las principales políticas destinadas a la atención de la violencia de género se consolida el camino de desmantelamiento presupuestaria iniciado en 2024.
El Programa Acompañar fue la principal política pública destinada a asistir a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género, tanto por su alcance territorial como por el volumen de recursos asignados. En 2023 concentró el 85 % del presupuesto del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
La iniciativa buscaba fomentar la autonomía económica de quienes atravesaban situaciones de violencia mediante el otorgamiento de una prestación mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante seis meses. A esa transferencia económica —depositada de forma directa en una cuenta bancaria a nombre de la persona beneficiaria— se sumaba un acompañamiento psicosocial orientado a fortalecer los procesos de salida de la violencia.
Sin embargo, en 2024 el programa sufrió un fuerte recorte presupuestario: sus recursos se redujeron en un 90 % respecto de 2023. La caída también se reflejó en su alcance: mientras que en 2023 había alcanzado a más de 100.000 personas, en 2024 la cobertura descendió a apenas 434 beneficiarias. Desde 2025, además, el programa dejó de contar con una partida presupuestaria identificable. Su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue desactivado.
La Línea 144, principal canal telefónico de alcance federal para la atención y orientación de personas en situación de violencia de género, también registró recortes. Durante 2024 perdió dos tercios de su presupuesto y redujo en 45 % su plantel de trabajadoras. En los presupuestos de 2025 y 2026 la línea dejó de tener una asignación específica, lo que dificulta conocer con precisión los recursos destinados a su funcionamiento, expresa el informe de ELA.
Según datos informados en respuesta a pedidos de acceso a la información pública sobre las metas correspondientes a 2023, las personas asistidas por la línea 144 fueron 180.000 mientras que las intervenciones realizadas en ese año fueron 50.00018. Aún cuando no es posible identificar una partida específica, en el Proyecto de Presupuesto 2026 se incluyó una meta asociada a la Línea 144 en el programa Afianzamiento de la Justicia. La meta para la cantidad de personas asistidas en 2026 se reduce a 60.000, un tercio de las personas asistidas en 2023.