Avanza en la Legislatura el proyecto del Gobierno para combatir los basurales
El proyecto presentado por el Ejecutivo pretende darle una gestión integral a los residuos. Recibió la oposición del PJ, que denuncia una intromisión a la autonomía de los municipios.
La iniciativa pretende combatir los basurales a cielo abierto y darle sostenibilidad social.
El Senado de Mendoza le otorgó este martes media sanción al proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que pretende consolidar un modelo de gestión ambiental sostenible. Contó con una amplia mayoría oficialista de 28 votos positivos contra 9 negativos, entre los que se de destacan los del PJ, quienes criticaron el proyecto.
La iniciativa es impulsada por el Gobierno de Mendoza y plantea un sistema abarcativo a todas las etapas del tratamiento del residuo, desde su generación hasta la disposición final. Plantea la necesidad de separación en origen, el reciclaje y la valorización de materiales. Pretende combatir los basurales a cielo abierto y darle sostenibilidad social.
Entre sus principales puntos, la norma divide la provincia en cuatro zonas de tratamiento y promueve consorcios interjurisdiccionales. Cada municipio debe presentar un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos coordinado con la provincia y de no cumplir con las obligaciones puede ser sancionado. Reemplazaría una normativa del 1992, que -aseguran desde el oficialismo- no se cumple.
Tratamiento y ecos en el oficialismo
Durante su tratamiento en comisión en julio convocaron a legisladores de los distintos bloques a exponer sobre el proyecto y generar aportes. Participó un grupo de especialistas como Belén Levattino y Viviana Paredes de la Universidad Nacional de Cuyo; Celeste Alan de la Cooperativa Coreme; Norma Cabildo de la cooperativa La Fortaleza de mi Tierra; Diego Sosa de la cooperativa Grilli; entre otros.
El proyecto fue presentado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien lo expuso ante la Comisión Conjunta de Ambiente y Hacienda de esa cámara. Fue quien, tras la media sanción, celebró la noticia en las redes. "El proyecto es fruto de más de un año de trabajo con los 18 municipios: relevamos necesidades, evaluamos infraestructura y recogimos aportes, creando una Ley que busca un Sistema Provincial de Residuos con principios claros, competencias definidas y herramientas de planificación", señaló.
"Una clara muestra de nuestro objetivo fue el cierre definitivo del basural Puente de Hierro, el pasivo ambiental más importante de Mendoza. Desde entonces, el 100% de los residuos de Guaymallén se disponen en El Borbollón, el único CDF formalmente habilitado en el Área Metropolitana", agregó, haciendo referencia al cierre del basural en junio pasado, con la intervención de Cornejo y la propia Latorre explicando los alcances del proyecto.
Para cerrar, la ministra expuso: "Si no modernizamos nuestra normativa, seguiremos con 18 subsistemas desarticulados y sin eficiencia. La GIRSU propone una mirada integral y es más que una ley: constituye una estrategia a largo plazo para la sostenibilidad de Mendoza con visión ambiental, social y sanitaria".
También lo celebró la vicegobernadora Hebe Casado: "Con esta media sanción en la Legislatura, Mendoza avanza en políticas claras y responsables que impactan en la salud de los vecinos, la calidad de vida de las comunidades y el desarrollo productivo de la provincia".
El proyecto ahora debe ser acompañado por la Cámara de Diputados.
El rechazo del PJ
Los legisladores justicialistas votaron contra el proyecto y aseguraron en un comunicado posterior que la norma “viola la autonomía municipal”, “genera más confusión que soluciones” y “centraliza decisiones sin dar participación a los intendentes ni financiamiento a los municipios”. En este sentido,, también advirtieron que dicho tratamiento no tuvo en cuenta los aportes del PJ en torno al respeto por la autonomía municipal.
La senadora Adriana Cano aseguró que “ningún municipio fue tenido en cuenta en la elaboración de este proyecto, a pesar de ser los actores primarios en la gestión de residuos. No fueron invitados ni consultados, algo que es doblemente preocupante porque la Constitución les reconoce competencias exclusivas en higiene urbana, salud y limpieza pública”.
Cano también cuestionó el proceso exprés de tratamiento legislativo: “Esta ley tiene menos de un mes de discusión, sin convocar a intendentes, académicos, recuperadores ni cooperativas. Se avanzó apuradamente y sin criterios claros. Lo que termina mostrando este proyecto es una intromisión indebida del Poder Ejecutivo en las competencias municipales”.
En la misma línea, el senador Félix González advirtió que la norma aprobada “no resuelve los problemas de fondo, porque no define competencias entre Provincia y municipios, no aclara la participación de actores privados y, en cambio, impone exigencias desproporcionadas a los gobiernos locales”.
González puso como ejemplo los plazos que establece la ley: “A los municipios se les da un año para cerrar los basurales a cielo abierto, algo que requiere inversiones millonarias, mientras que la Provincia no tiene plazos para presentar su propio plan. Esa asimetría demuestra que la carga siempre se le traslada al municipio".
Por último, criticó la creación de una tasa provincial vinculada a la trazabilidad de residuos: “Aparece mencionada de forma confusa, sin definir quién la paga ni para qué. Así, la Provincia se mete por la ventana a cobrar por un servicio que es competencia municipal”.