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Avanza en el Senado un proyecto clave para regularizar la tenencia de armas en Argentina

El Senado busca dictaminar un proyecto sensible sobre la regularización de la tenencia de armas en Argentina.


El Senado se encamina a dictaminar sobre la regularización de la tenencia de armas en Argentina. El oficialismo buscará avanzar en comisión sobre un proyecto que combina la regularización de armas de fuego con la prórroga del plan de entrega voluntaria, una discusión contrarreloj ante el riesgo de perder estado parlamentario.

El proyecto será tratado en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia, con el objetivo de avanzar hacia un dictamen que habilite su posterior tratamiento en el recinto. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados desde 2024, pero su avance en la Cámara alta se demoró y ahora el oficialismo busca destrabarlo.

La urgencia no es menor: si no se aprueba en el corto plazo, el expediente podría caducar, lo que obligaría a reiniciar todo el proceso legislativo.

Regularización de armas: dos caminos posibles

El corazón del proyecto establece un esquema dual para abordar la tenencia de armas de fuego en el país. Por un lado, habilita un proceso excepcional para regularizar aquellas armas que hoy están fuera del sistema. Por otro, promueve la entrega voluntaria y anónima para su destrucción, a cambio de un incentivo económico.

Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a ordenar un universo fragmentado, donde se estima que existen cientos de miles de armas sin registrar o con documentación vencida.

El objetivo declarado es mejorar la trazabilidad del armamento en circulación y reducir los riesgos asociados a su uso, en línea con una política de control más estricta.

Prórroga del plan de entrega voluntaria

Otro eje central del proyecto es la extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública vigente desde 2007 que permite a los ciudadanos desprenderse de armas sin consecuencias penales.

La iniciativa propone prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de sostener una herramienta que, según el oficialismo, ha demostrado eficacia para reducir la circulación de armas en la sociedad.

El diagnóstico oficial: armas fuera del sistema

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo advierte sobre la magnitud del problema. Señala que una parte significativa del armamento en el país no está registrada o presenta irregularidades, producto de trabas burocráticas, falta de renovación de permisos y escasa digitalización de los trámites.

En ese contexto, la propuesta busca ofrecer una salida tanto para quienes deseen regularizar su situación como para quienes opten por entregar sus armas de manera definitiva.

Seguridad, control y discusión política

El debate no está exento de tensiones. Mientras el oficialismo plantea la necesidad de mejorar el control sobre el circulante de armas, distintos sectores advierten sobre los alcances de la regularización y el equilibrio entre flexibilización y seguridad.

Con el dictamen en la mira, el Senado abre una discusión que combina política criminal, control estatal y derechos individuales, en un tema históricamente sensible para la agenda pública argentina.