Avance para Argentina: deja la categoría más severa en un informe de Estados Unidos

Por primera vez en más de diez años, la Argentina dejó de figurar en la categoría más severa del informe anual sobre propiedad intelectual de Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. El país fue reclasificado desde la Priority Watch List —el nivel más crítico— hacia la Watch List, un escalón inferior que, si bien mantiene observaciones, implica un reconocimiento a los cambios recientes.

La decisión marca un quiebre en una trayectoria prolongada: durante más de tres décadas, la Argentina acumuló cuestionamientos por debilidades estructurales en la protección de derechos de autor, marcas y patentes, con impacto directo en el comercio internacional.

El acuerdo con Estados Unidos que explica el cambio

El cambio de estatus se da en el marco del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), firmado en febrero de 2026 entre Buenos Aires y Washington.

A través de este instrumento, el gobierno argentino asumió una serie de compromisos orientados a elevar los estándares de protección y enforcement en materia de propiedad intelectual.

Desde la óptica estadounidense, el acuerdo apunta a corregir distorsiones que afectaban a empresas intensivas en innovación. En el informe oficial, la USTR destaca que el entendimiento bilateral “fortalece la protección de la propiedad intelectual y prioriza la lucha contra su uso indebido”, en beneficio de creadores e inversores.

Entre los puntos centrales, la Argentina se comprometió a avanzar en tratados internacionales relevantes y a modernizar su marco regulatorio para alinearlo con prácticas globales.

Cambios regulatorios: del enfoque restrictivo a la evaluación caso por caso

Uno de los ejes más sensibles del informe es la modificación del régimen de patentes, en especial en el sector farmacéutico. Durante años, Estados Unidos cuestionó a la Argentina por aplicar criterios considerados excesivamente restrictivos para otorgar patentes.

Ese esquema comenzó a revertirse en marzo de 2026, cuando el Gobierno eliminó una normativa vigente desde 2012 que limitaba el alcance de la patentabilidad en invenciones químico-farmacéuticas.

A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) recupera la potestad plena para analizar cada solicitud de manera individual, sin las restricciones previas. La medida fue oficializada mediante una resolución conjunta firmada por Mario Lugones, Luis Caputo y el titular del organismo, Carlos María Gallo.

Para Washington, este cambio corrige un punto crítico: las directrices anteriores rechazaban de forma automática solicitudes que en otras jurisdicciones eran consideradas válidas.

Más controles, sanciones y coordinación institucional

El informe también detalla avances en la aplicación concreta de la normativa. Entre ellos, la elaboración de estudios sobre protección de datos y sobre los retrasos en la concesión de patentes, así como el endurecimiento del régimen penal frente a la falsificación.

El Gobierno se comprometió a implementar sanciones más severas —incluidas multas más altas y penas de prisión— especialmente en casos vinculados a redes criminales organizadas. Además, se prevé fortalecer el rol de las autoridades fronterizas, que podrán intervenir de oficio, y crear instancias de coordinación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En paralelo, se impulsan reformas legales para facilitar acciones civiles más efectivas, como la posibilidad de dictar medidas cautelares contra la piratería.

La economía informal y el desafío de la piratería

Más allá de los avances, el informe estadounidense mantiene alertas sobre problemas persistentes. La aplicación de los derechos de propiedad intelectual sigue siendo desigual, tanto en el comercio físico como en el entorno digital.

En ese sentido, vuelven a aparecer dos focos históricos: La Salada y el Barrio Once, señalados como centros de distribución de productos falsificados. A esto se suma la proliferación de plataformas online vinculadas a estos circuitos.

Si bien en 2025 se realizaron operativos masivos con decenas de allanamientos, el reporte señala limitaciones en la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos no actúan de oficio o enfrentan trabas administrativas.

Internet, estadísticas y presión sobre intermediarios

El compromiso argentino también incluye un cambio en la estrategia operativa. Entre las medidas previstas figura el incremento de incautaciones en mercados informales, la elaboración de estadísticas trimestrales sobre enforcement y la implementación de una política más activa frente a la piratería digital.

En este último punto, el país se propone avanzar sobre los operadores de sitios web dedicados a la distribución ilegal de contenidos y promover la cooperación entre proveedores de internet, titulares de derechos y otros actores del ecosistema digital.

Otra novedad es la incorporación de responsabilidades para propietarios de inmuebles donde se comercialicen productos falsificados, lo que amplía el alcance de las sanciones más allá de los vendedores directos.

Reconocimiento con advertencias: qué sigue para la Argentina

El cambio de categoría representa una señal positiva para el Gobierno, que busca reposicionar al país frente a inversores internacionales. De hecho, desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales destacaron la decisión como un reconocimiento a las reformas recientes.

Sin embargo, Estados Unidos dejó en claro que el proceso está lejos de completarse. El informe advierte que persisten “desafíos históricos” y anticipa un seguimiento cercano de la implementación de los compromisos asumidos.

El monitoreo se canalizará a través de los mecanismos bilaterales vigentes, como el Foro de Innovación y Creatividad establecido bajo el acuerdo TIFA.

En ese marco, la salida de la “lista negra” no implica un punto de llegada, sino el inicio de una etapa en la que la consistencia en la aplicación de las normas será clave para consolidar la credibilidad del sistema.