Acceso a las armas, femicidios y vecinos armados
El caso de la joven que se atrincheró en una escuela de La Paz con el arma de su padre policía es un punto de inflexión. Es la advertencia de lo que sucede cuando un gobierno decide liberar la venta y tenencia de armas de fuego.
Cómo el Gobierno liberó el acceso a las armas
Hasta hace pocos años, Argentina contaba con un sistema restrictivo. La Anmac controlaba la compra, con exigencias médicas y psicológicas, edad mínima de 21 años y vedas sobre armas semiautomáticas de uso militar. Esa estructura fue desmantelada en 2024 y 2025: la edad mínima se redujo a 18 años, se creó el sistema digital “Tenencia Express” que permite adquirir un arma en cuestión de horas en armerías privadas, se derogaron las prohibiciones sobre armas semiautomáticas derivadas de uso militar y se eliminó la Anmac para volver al viejo RENAR, un retroceso de dos décadas en política de control.
Este cambio no fue neutro. Significa que miles de jóvenes sin preparación y sin filtros efectivos ya pueden acceder a armas de fuego. Y cuando la política habilita ese acceso, los riesgos se trasladan a toda la sociedad.
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La escuela como zona de riesgo
La escena de La Paz recuerda lo que durante años se consideró una tragedia exclusiva de Estados Unidos: tiroteos escolares, estudiantes armados, comunidades enteras marcadas por la violencia en el ámbito educativo. Argentina ya tuvo advertencias: alumnos que ingresan armas a colegios, amenazas en redes y ahora, por primera vez, un caso de atrincheramiento en Mendoza.
Los estudios internacionales son claros: la proliferación de armas en manos civiles aumenta exponencialmente los incidentes en escuelas. En Estados Unidos, entre 2022 y 2023, hubo más de 300 episodios de disparos en ámbitos educativos. Argentina está abriendo esa misma puerta. Y el caso de La Paz es la primera señal roja.
Violencia de género: armas en el hogar, mujeres en riesgo
En nuestro país, uno de cada tres femicidios es cometido con un arma de fuego. El patrón se repite: parejas, exparejas o familiares que, ante una discusión, recurren a la pistola disponible en la casa. Lejos de significar “defensa personal”, la presencia de un arma multiplica la vulnerabilidad de las mujeres.
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema lo refleja en sus informes: en 2023 más de 60 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego en contextos de violencia de género. Cada arma que entra a un hogar donde hay conflicto o sometimiento se convierte en un gatillo directo contra la vida de una mujer.
Vecinos armados: defensa que se transforma en muerte
Las estadísticas nacionales muestran que más del 50 % de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego. La mayoría no se da en hechos de inseguridad urbana, sino en conflictos interpersonales: riñas barriales, discusiones de tránsito, disputas entre conocidos.
Lo que se vende como “arma de defensa personal” rara vez cumple ese rol. No estamos hablando de profesionales entrenados para responder en situaciones límite, sino de civiles comunes, sin práctica ni control emocional. En lugar de brindar protección, el arma de mano se convierte en el catalizador de la violencia. El vecino que debía estar protegido termina siendo víctima o victimario.
Defensa del consumidor: el arma como producto peligroso
Desde la perspectiva de la defensa del consumidor, un arma de fuego no puede considerarse un bien de consumo ordinario. La Ley 24.240 establece que todo producto debe ser seguro para el consumidor y no poner en riesgo su salud o integridad. Es decir, la norma reconoce que la seguridad es un principio rector y que el mercado no puede ofrecer bienes que, por su propia naturaleza, atenten contra la vida.
La doctrina ya discute la categoría de los productos riesgosos, aquellos que, aun usados conforme a las instrucciones, generan un peligro objetivo. El arma de fuego encaja de manera directa en esta categoría: no existe un uso hogareño o cotidiano que pueda considerarse seguro, porque su diseño tiene como finalidad causar daño letal.
Pretender que una pistola es un “producto de consumo” más, equiparable a un electrodoméstico, es jurídicamente inaceptable. Tampoco resiste el argumento de que “la responsabilidad es del usuario”: en materia de armas, el riesgo es intrínseco y no puede ser trasladado al individuo. El Estado tiene la obligación de limitar la circulación de estos bienes porque el derecho a la vida y a la integridad personal es superior a cualquier pretendido derecho a consumir.
Por eso, la liberalización de armas no sólo contradice las políticas de seguridad, sino también el principio más elemental de la protección al consumidor: que ningún producto puede poner en riesgo sistemático la vida de las personas.
El mito de la defensa y el lobby de las armas
El discurso del gobierno insiste en que armarse es sinónimo de libertad y seguridad. Pero la realidad muestra lo contrario. Más armas no reducen el delito: aumentan las muertes evitables, los femicidios, los accidentes domésticos y los conflictos barriales con desenlace fatal.
La única libertad que crece con esta política es la del negocio: fabricantes y vendedores de armas que, detrás de un relato de autonomía individual, esconden un mercado millonario. La liberalización no responde a una demanda social genuina, sino a un lobby que encontró en este gobierno un socio ideal.
La verdadera libertad: vivir sin miedo
La Paz encendió la alarma. El arma que debería estar guardada bajo custodia policial terminó en manos de una estudiante en un colegio. Los datos sobre femicidios y peleas vecinales confirman que el problema no es hipotético: es cotidiano. Y si seguimos desarmando las políticas de control, el futuro de Argentina será un espejo de Estados Unidos, donde la violencia armada ya es parte de la rutina.
La democracia no se construye con pistolas en las mochilas de los estudiantes, ni con revólveres en los cajones de las mesas de luz. Se construye con justicia, educación y políticas de seguridad pública.
El gobierno puede repetir que armarse es libertad. Pero la libertad verdadera no es la de tener un gatillo a mano, sino la de caminar por la calle, entrar a una escuela o vivir en un hogar sin miedo a que una discusión termine en una muerte.