A 50 años del golpe de Estado: el rol clave de la Corte Suprema en los juicios por lesa humanidad
Desde el fallo Simón hasta el rechazo al “dos por uno”, el máximo tribunal construyó una doctrina clave para juzgar los crímenes de la dictadura.
A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Corte Suprema de Justicia tuvo un rol central en el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura. Desde 2004 hasta hoy, el máximo tribunal firmó cerca de 2000 sentencias vinculadas a delitos de lesa humanidad, consolidando una línea jurisprudencial clave para avanzar en los procesos judiciales.
En ese repaso institucional, la Corte destacó una serie de decisiones que marcaron el rumbo de la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina, y que permitieron sostener la persecución penal de los responsables del terrorismo de Estado.
El fallo Simón: el punto de quiebre para reabrir las causas
Uno de los hitos centrales fue el fallo “Simón”, dictado el 14 de junio de 2005, que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Esa decisión abrió definitivamente la puerta para reactivar los juicios por violaciones a los derechos humanos.
El pronunciamiento no fue un hecho aislado: se inscribió en una política más amplia que combinó decisiones del Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y el impulso legislativo del Congreso.
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Los antecedentes: imprescriptibilidad e invalidez de los indultos
Antes de ese punto de inflexión, la Corte ya había sentado bases importantes. En 2004, en el caso “Arancibia Clavel”, estableció que los delitos de lesa humanidad no prescriben, reforzando el principio de persecución permanente.
Años más tarde, en 2007, el tribunal avanzó un paso más con el fallo “Mazzeo”, en el que declaró inválidos los indultos otorgados a militares condenados por crímenes durante la dictadura.
El caso Muiña y el rechazo social al “dos por uno”
La línea jurisprudencial tuvo también momentos de fuerte controversia. El más resonante fue el fallo de 2017 que aplicó el beneficio del “dos por uno” al represor Luis Muiña, lo que implicaba una reducción de su condena.
Con los votos de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton, la Corte consideró aplicable el principio de la ley penal más benigna, en base a una norma derogada que duplicaba el cómputo del tiempo de prisión preventiva.
La decisión generó una reacción inmediata: miles de personas se movilizaron en todo el país bajo la consigna “No a la impunidad”, con una masiva concentración en Plaza de Mayo.
La respuesta política y el giro de la Corte
Tras el impacto social del fallo, el Congreso actuó con rapidez y sancionó en menos de 24 horas la ley 27.362, que excluyó de manera explícita a los delitos de lesa humanidad del beneficio del “dos por uno”.
Ese cambio normativo, sumado a la presión social, derivó en una revisión del criterio judicial. En 2018, en el fallo “Batalla”, la Corte rechazó aplicar ese beneficio en nuevos casos.
En esa resolución, el tribunal negó beneficios al exagente de inteligencia Rufino Batalla, condenado por secuestros y homicidios en el centro clandestino La Cacha, consolidando el nuevo estándar.
El estado actual de las causas por lesa humanidad
Según registros oficiales de la propia Corte, desde 2004 se dictaron 1907 fallos vinculados a delitos de lesa humanidad. En paralelo, los datos de la Procuraduría especializada muestran que, desde la reapertura de los juicios en 2006, se dictaron 361 sentencias en todo el país.
En ese universo, 1231 personas fueron condenadas, mientras que 250 resultaron absueltas. Actualmente hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación.
El legado del Juicio a las Juntas y su impacto actual
En 2024, la Corte rindió homenaje a los jueces que llevaron adelante el histórico Juicio a las Juntas de 1985, al cumplirse 40 años de esa sentencia que marcó un precedente global.
Durante ese acto, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, destacó el coraje de haber llevado adelante ese proceso en un contexto adverso, al que definió como un verdadero juicio justo, alejado de cualquier lógica de revancha.
En la misma línea, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz valoró que aquella decisión ofreció una respuesta jurídica sólida frente a crímenes aberrantes, mientras que Ricardo Lorenzetti sostuvo que la política de memoria y justicia se consolidó como un pilar del acuerdo social en la Argentina.