En la mira: los tres casos por los que el Gobierno amenaza con un Jury al juez Sebastián Sarmiento

"Estamos evaluando pedir un Jury", dijo este jueves la vicegobernadora Hebe Casado, y también lo admiten desde Casa de Gobierno, aunque falta la decisión política. El apuntado es el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, magistrado que ha sido blanco de fuertísimas críticas por parte del gobernador Alfredo Cornejo, que en estas horas analiza si accionar o no contra él. 

El último motivo fue la resolución que firmó Sarmiento este miércoles, donde dispuso el freno de la quita de los celulares de las cárceles Boulogne Sur Mer y San Felipe, que está realizando el Servicio Penitenciario de Mendoza desde hace algunos meses. Dio lugar a un hábeas corpus, al entender que se debían instalar dispositivos tecnológicos de comunicación, algo que a la fecha no se ha hecho.

Pero además, desde el Gobierno suman hechos controversiales anteriores. Uno de ellos fue que Sarmiento había dictaminado el beneficio de la libertad condicional a Roberto Carlos Pereyra Cruz, quien cinco meses después de salir de la cárcel asesinó al expolicía Héctor Pelayes, en septiembre del 2024. 

El otro fue también un asesinato, en 2019, de Héctor Osvaldo Quiroga, cuyo autor fue Cristian Segundo Reina Flores, también con libertad condicional firmada por Sarmiento. 

"Extralimitado" en sus funciones

Respecto a la causa de los celulares, el Gobierno Provincial estalló contra su resolución, la apeló a la Justicia y asegura que Sarmiento "se ha extralimitado de sus funciones", al entender que la Suprema Corte ya había resuelto respecto a la quita de los celulares. 

Desde la cartera de Seguridad, hicieron referencia a los anuncios que hicieron el 1 de abril, día en el que se dispuso la compra de teléfonos antivandálicos que se instalarán en las penitenciarías para garantizar la comunicación, pero a su vez evitar que los presos tengan acceso a internet y al manejo de billeteras virtuales. 

"Tenemos comprobado y está en algunas causas federales que desde algunos IP de la cárcel (número único que identifica a un dispositivo conectado a internet) se han realizado por parte de internos movimientos de sumas millonarias a través de billeteras virtuales. No vamos a proporcionar celulares para que sigan los delitos de estafas", aseguraron a MDZ.

Además, indicaron que estos teléfonos antivandálicos "avisan a los números de teléfonos que se está llamando desde la cárcel, para evitar algún tipo de delito", por lo que tampoco tienen la idea de acceder a los requerimientos que ha establecido el juez, como cabinas aisladas que garanticen confidencialidad, pantallas con privacidad visual, y que la propia instalación sea en "espacios neutrales y que no impliquen largos traslados".  

Para el Ejecutivo, Sarmiento ha tenido una "intromisión en las funciones que son propias de la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial", y hacen referencia a la ley orgánica 9569, que establece en su artículo 4 que es el "órgano responsable de la conducción operativa y administrativa del Servicio Penitenciario conforme lo que disponga la legislación en materia de ejecución penal". 

En esta línea, argumentaron en la apelación que Sarmiento tuvo un "claro exceso en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, que provoca una intromisión y avasallamiento de las facultades del poder ejecutivo, delegadas específicamente al director del Servicio Penitenciario".

Agregaron que también resultó "arbitrario" e "irrazonable" el plazo que fijó para cumplir con las "nuevas condiciones creadas", ya que "algunas implican compras administrativas que requieren de un procedimiento legal con plazos específicos que superan los plazos establecidos en esta resolución recurrida como en la de fecha 13 de marzo de 2025".

En su defensa, Sarmiento explicó en diálogo con MDZ Radio que el Servicio Penitenciario "no estaba cumpliendo con el requisito de garantizar la comunicación de los internos con sus familiares y abogados".

“Esto empezó el año 2024, cuando me toca resolver una situación que había comenzado en 2020 con la pandemia en relación a los celulares. En enero de 2024 entendí que ya no había una situación de emergencia que ameritara la continuidad de esa utilización. Y dispuse como condiciones para el retiro de los celulares determinadas circunstancias. Una de ellas era la instalación de un aparato cada 200 personas detenidas que permitiera la comunicación virtual a través de videollamadas o cualquier tipo de plataformas para situaciones de emergencias familiares o comunicación con sus defensores por un proceso judicial”, indicó.

Asesinato de Héctor Pelayes

Sobre el expolicía asesinado el 1 de septiembre del año pasado en Guaymallén, sostuvieron que Pereyra Cruz "contaba con una condena por homicidio en ocasión de robo y, sin embargo, se encontraba en libertad condicional al momento del hecho".

"Cuando se trata de un homicidio en ocasión de robo no puede proceder el beneficio de la libertad condicional", aseguraron desde el Gobierno. 

De hecho, el propio Cornejo sostuvo en aquel momento que Sarmiento "no cumplió la ley". 

"Esa persona debería haber estado privada de la libertad y hubiésemos evitado un homicidio. Tenía condena a 12 años de prisión y no cumplió la condena y salió en libertad porque un juez de garantía lo dejó en libertad", marcó el mandatario. 

También recordaron que "existía un informe técnico del equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario que desaconsejaba la liberación por considerar que el condenado presentaba indicadores de riesgo".

Consultado también en su momento por MDZ Radio, Sarmiento dijo que tomó una decisión "cumpliendo con la ley".

"Lo que se evalúa en este tipo de incidencias es si los elementos de prueba que hay y los informes son suficientes para acreditar un pronóstico favorable de reinserción social que exige la norma", manifestó Sarmiento, y agregó que "básicamente, con lo que existió entendí que la defensa aportó los elementos suficientes para acreditar estas circunstancias y se otorgó la libertad condicional". 

Asesinato de Héctor Quiroga

En tanto, también se suma el caso de septiembre del 2019, donde fue asesinado Héctor Osvaldo Quiroga en Maipú, en el cual el Gobierno también amagó con solicitar un Jury a Sarmiento.

Sobre este tema en particular, sostuvieron desde el Ejecutivo que el homicida, Cristian Segundo Reina Flores, "se encontraba en libertad condicional a pesar de sus antecedentes penales y de informes técnicos que desaconsejaban su liberación".

El victimario había sido condenado en 2012 a 12 años de prisión por robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, pero Sarmiento resolvió concederle la libertad condicional "en contra de las recomendaciones del Consejo Correccional, del Organismo Técnico Criminológico del penal y del Ministerio Público Fiscal".