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Sancionaron a Humberto Mingorance por omisiones en su Declaración Jurada: cuál es la suma que deberá pagar

La Oficina de Ética Pública tomó esta determinación y también puso en conocimiento de la causa al Ministerio Público Fiscal. El titular de Aysam puede abonar, presentar descargo o ir a la Justicia.
Humberto Mingorance Foto: X
Humberto Mingorance Foto: X

Luego de la polémica que se generó semanas atrás con la omisión de una serie de inmuebles en su Declaración Jurada por parte del titular de Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam), Humberto Mingorance, la Oficina de Ética Pública de Mendoza le impuso una sanción por $981.751,89, equivalente al 25% de la remuneración bruta mensual del gobernador provincial, según lo establece la normativa vigente.

Pero además, en el dictamen firmado el 1 de abril por el auditor general, Gabriel Balsells Miró, se puso en conocimiento también al Ministerio Público Fiscal “a fin que éste evalúe si procede su intervención”.

Desde la Oficina hicieron referencia al artículo 4 inciso 13 de la ley 8993 (Ley de responsabilidad en el ejercicio de la función pública), que establece la obligación cumplir con una serie de deberes y pautas de comportamiento ético, como es el de “denunciar ante la autoridad competente todo hecho, acto u omisión de los que tuvieran conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones que pudiera causar perjuicio a la Provincia o configurar delito”.

El auditor general de la oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró.

También se envió el informe al ministerio de Gobierno, que lidera Natalio Mema.

Irregular

En su descargo, Mingorance admitió haber olvidado publicar bienes inmuebles y su correspondiente avalúo fiscal, y presentó documentación respaldatoria ante la autoridad de control.

No obstante, el organismo determinó que la omisión constituye un incumplimiento del régimen específico de declaraciones juradas establecido por la Ley Nº 8.993 de Ética Pública.

El dictamen de la Oficina de Ética Pública, argumenta que si bien hubo una subsanación posterior por parte del funcionario, la falta inicial y la demora en cumplir con lo estipulado por la ley configuran una infracción. En consecuencia, se dispuso aplicar la máxima sanción económica prevista por el artículo 21 de dicha ley.

El importe de casi $1 millón deberá ser abonado en la cuenta oficial de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública del Banco Nación dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la notificación. En caso de no concretarse el pago, “se procederá a su requerimiento judicial con más sus intereses, costos y costas por la vía de Apremio por ante los Tribunales Tributarios de la Provincia de Mendoza”.

Además, se informó que Mingorance tiene la posibilidad de presentar un descargo en el plazo de cinco días o interponer una Acción Procesal Administrativa a la Justicia Provincial si así lo considerara pertinente. Si elige la última opción, el expediente irá directamente a la Suprema Corte de Justicia.

Qué dijo Mingorance

En diálogo con MDZ Radio 105.5 el pasado 12 de marzo, Mingorance dio su postura sobre la polémica y señaló que las propiedades no declaradas (que son seis departamentos y dos cocheras) corresponden a una herencia anticipada de sus padres, pero que no tiene usufructo de ellas. También señaló que hubo un error en uno de los datos de la base catastral de ATM sobre otro terreno. 

Alfredo Cornejo y Humberto Mingorance.

“Es el único lote que tengo, la única propiedad inmueble que tengo adquirida por mí. El resto de las propiedades que son departamentos y algunas cocheras son todas de mis padres que lo ponen como anticipo de herencia en el 2022 para mí y mis hermanos en partes iguales. Ellos los adquirieron hace por lo menos 9 años sobre un terreno que compró mi bisabuelo cuando llegó de España”, justificó.

Explicó al respecto que “yo no puedo disponer patrimonialmente de esas propiedades, no puedo meterlas en ninguna transacción económica. El espíritu de la Ley de Ética Pública persigue que, si un funcionario entra con X cantidad de propiedades, se tiene que ir con las mismas o con alguna más que justifique el ingreso que ha tenido en esos años”.

Enfatizó en que “es imposible que un funcionario público adquiera 7, 8 o 9 propiedades entre departamentos y cocheras en esta cantidad de tiempo”.

En este sentido, reconoció que entró a la administración pública con un automóvil Fiat Duna y que ahora “tengo un Audi Q3 2015 que compré en Tierra del Fuego”. “Pero este año cumplo 60 años. Y es un auto 2015, una moto Guzzi del 2017 y un lote, nada más que eso”, sostuvo.

El dictamen de Ética Pública