El Gobierno envió un proyecto para la digitalización integral de la administración pública
El Gobierno de Mendoza envió un proyecto de ley mediante para la creación e implementación del Sistema de Administración Pública Digital, mediante el cual pretende digitalizar los procesos administrativos y así garantizar mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad en la prestación de servicios.
Asimismo, se prevé la creación del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDIMza), un marco que permitirá la conexión segura y eficiente entre entidades gubernamentales, garantizando la trazabilidad y fiabilidad de la información.
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Otro de los pilares clave de la normativa es la plataforma integral de servicios ciudadanos Mendoza×Mí, que ofrecerá una identidad digital, portadocumentos digitales y notificaciones electrónicas para facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado. Una situación similar a MiArgentina. Además, se incorpora la firma digital obligatoria para los trámites administrativos, garantizando la autenticidad y validez de los documentos electrónicos.
En otro sentido, en materia de contrataciones públicas la ley propone la adopción de plataformas de comercio electrónico y marketplaces digitales. Esto permitirá dar mayor competitividad, transparencia y eficiencia en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.
Mendoza ya cuenta con otras experiencias en digitalización de procesos como el sistema de gestión documental electrónico (GDE), la plataforma de transporte público MendoTran y el sistema de gestión educativa (GEM). Esta iniciativa busca profundizar la digitalización y principalmente optimizar la interoperabilidad entre organismos públicos.
Facundo Biffi, el director general de Modernización de la provincia, destacó: “Esta ley establece principios y estándares para la interoperabilidad de la administración pública en sí misma, y la interacción con el ciudadano, a los efectos se que sean ambas más agiles y eficientes. La prioridad es la implementación de las herramientas digitales. Esto obliga a revisar procesos y procedimientos para dar cumplimiento a nuevas metodologías necesarias para las actividades cotidianas de vinculación con el Estado".
Según el Ejecutivo, el proyecto pretende alcanzar principios fundamentales, precisamente como la transparencia, la inclusión digital, la seguridad informática y la simplificación administrativa.