El Procurador de la Nación pidió suspender el fallo que le da más poder a la Justicia porteña
El fallo de la Corte Suprema que le otorga más poder a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha sido foco de discusiones. Las protestas en contra de esta medida desencadenaron en que, este viernes, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le envíe al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, un pedido para anular la aplicación de dicha medida.
A través de un oficio que recibió el juez Rosatti, el procurador insiste en que el fallo Levinas le impedirá “cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos”. El mismo exige que todas las sentencias de la Justicia nacional sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia porteña.
La petición dirigida al miembro de la Corte, con fecha de este viernes 31 de enero de 2025 y a la que accedió La Nación, va de la mano de las quejas de jueces nacionales. Además, son las Cámaras del Trabajo, Comercial, Civil, Penal y la Cámara Nacional de Casación las que se reunirán la próxima semana a fin de dictar acordadas o fallos plenarios que también rechacen este criterio.
Los antecedentes de esta sentencian recuerdan cuando el máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti Juan, Ricardo Lorenzetti y su antiguo miembro Carlos Maqueda, tomó la decisión -en una causa de la familia del artista León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas- que las sentencias de la Cámara civil tenían que ser enviadas en revisión al órgano de la Ciudad y no a la propia Corte Suprema. Además, se fijó esto como criterio general en hechos penales, civiles, comerciales y laborales que tramiten en la ciudad de Buenos Aires.
El magistrado Carlos Rosenkrantz había votado en disidencia y dijo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no es el “órgano superior jerárquico común” que deba resolver el conflicto de competencia entre un tribunal porteño y uno de la justicia nacional ordinario. Además, aseguró que si la Corte admitió que el carácter nacional de los jueces es meramente transitorio, no debería negarle su carácter nacional.
La salida de Maqueda generó que la Corte Suprema se conformara de tres jueces y, por lo tanto, no puede formar una mayoría para dictar esta sentencia, ya que las posturas están dos a uno y, por el contrario, necesitan de tres firmas para que un fallo entre en vigencia.
De cualquier forma, los jueces comenzaron una movida para rechazar la decisión. Y a esta lucha, se sumó el jefe de todos los fiscales del país, Eduardo Casal, quien aseguró que "las normas que rigen las competencias del Ministerio Público Fiscal de la Nación no le otorgan legitimidad procesal para intervenir sino ante tribunales nacionales”. En otras palabras, los fiscales nacionales no pueden proceder en la justicia local y, por lo tanto, "no están legalmente habilitadas por la simple razón de que no tienen más competencia que la establecida en la ley”.