Citan nuevamente a declarar al espía inorgánico y al hacker acusados inteligencia ilegal contra jueces
El juez Marcelo Martínez de Giorgi amplió las acusaciones sobre Ariel Zanchetta y Ezequiel Nuñes Pinheiro, ahora por posible asociación ilícita, y sumó a un nuevo sospechoso.
El magistrado federal Marcelo Martinez de Giorgi citó al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y al espía inorgánico Ariel Zancheta para ampliar sus indagatorias en el marco de la causa donde investiga presuntas maniobras de inteligencia ilegal sobre funcionarios judiciales.
La medida busca incorporar una posible asociación ilícita a la investigación y se suma a la convocatoria de un nuevo sospechoso: Tomás Patricio Hválica. Para el magistrado, existen elementos suficientes para sumar su declaración en calidad de imputado luego de diversas medidas de prueba recopiladas que apuntan a su participación en el hecho.
Fuentes judiciales señalaron que Nuñes Pinheiro y Zancheta volverán a ser indagados el 17 y 19 de junio, respectivamente, por Zoom, mientras que Hválica fue citado a declarar el 20 del mismo mes, también por videoconferencia.
Nuevos sospechosos y el rol de las herramientas informáticas
La incorporación de Hválica aparece como uno de los elementos que impulsaron esta nueva etapa de la investigación. El magistrado entendió que la prueba reunida durante la instrucción permite sospechar de su participación en los hechos bajo análisis. Aunque la resolución no detalla cuál habría sido su función específica, fuentes judiciales lo identifican como el creador de "Dark PFA", un sitio que permitía acceder a bases de datos con información personal y líneas telefónicas de particulares, una herramienta que habría sido utilizada en algunas de las maniobras investigadas.
El expediente tiene su origen en denuncias por la creación de líneas telefónicas a nombre de jueces de la Corte Suprema y otros magistrados, así como en ataques informáticos dirigidos contra integrantes de la Cámara de Casación, jueces del juicio por la causa Vialidad y funcionarios públicos. Entre las víctimas figuran los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, además de Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes integraron el tribunal que condenó a Cristina Kirchner en el expediente Vialidad.
El historial de los implicados y el avance de la prueba digital
Nuñes Pinheiro ya había sido procesado por delitos vinculados con acceso ilegítimo a datos personales, violación de correspondencia, interrupción de comunicaciones y tentativa de estafa. La Cámara Federal confirmó esa decisión y la dejó firme. Durante la investigación, el joven admitió haber realizado tareas vinculadas con hackeos por encargo y declaró que un usuario identificado como "ElJuanxd" le transmitía objetivos específicos relacionados con teléfonos de jueces y funcionarios.
En paralelo, Zancheta quedó bajo sospecha por una serie de consultas realizadas en bases de datos que contenían información sensible de magistrados, dirigentes políticos y figuras públicas. La investigación determinó que muchas de esas búsquedas coincidían con personas que posteriormente fueron víctimas de hackeos o de maniobras de suplantación de identidad. Los fiscales sostienen que actuaba como agente inorgánico de los servicios de inteligencia, una acusación que el propio imputado rechazó.
La resolución también pone el foco en la prueba digital pendiente. Martínez de Giorgi ordenó a Gendarmería Nacional acelerar el análisis de computadoras, discos rígidos y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos. El juez reclamó que se agoten todos los recursos disponibles para concluir las pericias y establecer el alcance de las actividades investigadas, además de identificar posibles conexiones con otros expedientes en trámite.
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es la posible vinculación de esta causa con procesos judiciales que tramitan en otros fueros. De hecho, el magistrado solicitó información a una jueza porteña que analiza un acuerdo abreviado con Nuñes Pinheiro en una investigación paralela. En ese contexto, advirtió que cualquier decisión que se adopte deberá contemplar el avance de la causa federal, donde aún se busca determinar quiénes ejecutaron las maniobras y, sobre todo, quiénes pudieron haberlas impulsado o coordinado.