El peronismo bonaerense, en alerta por la "conflictividad social en aumento", llama a marchar contra la ley Bases

Los intendentes del peronismo kirchnerista del Gran Buenos Aires decidieron movilizar el próximo miércoles al Congreso de la Nación para presionar a los senadores de su partido que tienen pensado apoyar, tanto con el voto o con su ausencia, el voto de la Ley Bases.

En uno de los tantos agasajos por el Día del Periodista que se dieron durante la jornada del 7 de Junio, uno de los jefes comunales que participó en la reunión que mantuvieron en Suipacha, en el extremo noroeste del Gran Buenos Aires, se sorprendió con la pregunta de MDZ. ¿Por qué le dan semejante excusa al presidente para que diga que ustedes son una máquina de obstruir? Además, ¿si sabés que, estés o no movilizando, los votos no se cambian? Incrédulo, el intendente recapacitó. “Eso se discutió, pero viste, algo hay que hacer para marcar una postura”, dijo casi resignado.

“Charlamos mucho de todo, pero fundamentalmente nos pusimos de acuerdo en un par de temas como lo son parar con la locura de la discusión interna, y empezar a analizar cómo seguimos hasta fin de año… Realmente la plata no va a alcanzar” comentó, resignado, otro protagonista del encuentro.

Mariel Fernández, Gustavo Menéndez, Pablo Descalzo, Leonardo Nardini, Beto Remil, Damián Selci y Leonardo Boto, entre otros intendentes peronistas de la Primera Sección Electoral, se juntaron en Suipacha junto con el anfitrión Juan Luis Mancini. Por supuesto, no estuvieron varios de importancia como General San Martín, Tigre, Morón, José C. Paz, Malvinas Argentinas y Pilar; San Fernando y General Rodríguez. “Es que la juntada iba a hacerse el martes y se pospuso, por eso algunos no pudieron venir”, confió un participante. 

En el documento difundido con posterioridad del encuentro alertaron que en los municipios se está volviendo a instalar un “sálvese quien pueda” que está provocando serios inconvenientes en materia de seguridad y provoca un aumento de la conflictividad social.

Tal cual anticipó MDZ, todos reconocieron cómo tuvieron que aumentar en la asistencia social y la comida que se distribuye en los comedores escolares, a través del SAE, y en los clubes y entidades predeterminados para el retiro de las mercaderías.

Además, empiezan a encenderse las luces de alerta sobre los gastos corrientes que tienen las comunas en materia de servicio urbano y el costo que afrontan, por ejemplo, para mantener el servicio de iluminación en las calles y dependencias públicas. “Es una exorbitancia… La verdad que tuve la necesidad de preguntarle al gerente de Edenor si podían cortar el suministro en caso de no poder pagar la factura”, reconoció uno de ellos. “No lo vamos a hacer, sería una decisión desesperada, pero tampoco la empresa puede trabajar en esas condiciones”, reconoció.

Si bien hubo muchos momentos de “rosca” y debate político para ver cómo frenan las discusiones que “terminan esmerilando al único candidato que podemos presentar en 2027”, en referencia a Axel Kicillof, varios pidieron que empezara a intervenir ante Hugo y Pablo Moyano por la problemática de la recolección de residuos, que por los aumentos mensuales llega a ocupar un 40% del presupuesto municipal en la mayoría de los casos.

“En 2013 tuvimos una situación similar, habíamos amenazado en municipalizar el servicio y casi nos queman el edificio”, reconoció Pablo Descalzo, que en aquel momento era jefe de Gabinete de Ituzaingó. También Hugo Curto se había plantado y solicitó la ayuda de Julio De Vido, para ver si podían bajar las cargas impositivas tanto en Nación como en Provincia.

“Todo está en revisión y sabes de ante mano que mucho no podés hacer. Los costos están al límite, pero hay que buscar variantes porque, verdaderamente, así todo se complica mucho más”, agregó el intendente que busca por todos lados afinar los gastos en un municipio más que ordenado y cuyo territorio y población no es tan grande como la de varios de sus colegas ahí presente.

Todos los intendentes, inclusive los que no fueron, como Fernando Moreira y Julio Zamora, aceptaron que las inquietudes son más que válidas. De hecho, algunos le pidieron a la empresa contratista de la recolección de servicios urbanos que no facturara con el aumento predeterminado en la factura de mayo.

Además, están analizando con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, mejorar  las condiciones de leasing que tienen cada vez que adquieren maquinarias o vehículos que terminan siendo utilizados por organismos provinciales, como lo son las motos y los autos de la Policía Bonaerense.

“Nos cobran como a cualquier otro cliente, nos obligan a sacar los seguros del Banco, y no nos brindan más que algunos meses más de facilidades cuando en realidad lo hacemos para tener vehículos que terminan de nuevo en la Provincia. Ganan o ganan. Bueno, capaz que algo podemos hacer”, confió otro intendente.

Todos los consultados, además, ratificaron la información brindada por MDZ sobre la delicada situación presupuestaria del gobierno provincial. Pesimista, uno de los que estuvo en Suipacha reconoció que “Axel tiene para un par de meses más, termina de pagar el aguinaldo, y tiene que revisar cómo llega a fin de año”.

Por supuesto, la lógica del ajuste en el gasto público no afectará a los empleados municipales ni provinciales. “Es aumentar la tensión social y la disolución de las familias que ya están muy complicadas”, admite otro de los jefes comunales que, preocupado, empezó a postergar los pagos de 30 a 45 días.

Como hace mucho tiempo los intendentes de todos los partidos empiezan a alertar por el desmadre de la inseguridad. "Por más que hagas y pongas en la calle, los delincuentes cada vez son más. Las alertas tempranas se ven desbordadas y todo eso se agrega a los problemas estructurales que ya teníamos en la fuerza", le confiaron a MDZ.