Arde la Justicia

Apuran a la Corte para que se expida sobre los sueldos millonarios de los equiparados a magistrados

A través del Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, el Ejecutivo le pidió al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, que realice los actos útiles para definir quiénes integrarán el tribunal en pleno.

Mariano Bustos
Mariano Bustos domingo, 19 de mayo de 2024 · 07:30 hs
Apuran a la Corte para que se expida sobre los sueldos millonarios de los equiparados a magistrados
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El gobernador Alfredo Cornejo decidió firmar el aumento por decreto para los trabajadores judiciales en medio de un clima tenso marcado por las medidas de fuerza que han afectado el servicio de justicia. Pero al mismo tiempo, presiona a la Suprema Corte para que se expida de una vez por todas sobre un tema que alimenta el malestar de los empleados y funcionarios en el Poder Judicial de Mendoza: los sueldos de los equiparados a magistrados. En concreto el Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, solicitó que el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, ordene que se realicen los actos útiles para resolver el futuro de una veintena de funcionarios que aunque no son jueces cobran como si lo fuesen.

Lo que genera indignación en los pasillos del Poder Judicial es que les digan a los trabajadores que no hay fondos para mejores aumentos, pero al mismo tiempo los "amigos del poder" siguen manteniendo sus privilegios. Les molesta que la brecha entre el sueldo de magistrados y funcionarios es cada vez mayor, pero lo que más irrita es el caso de aquellos "bendecidos" que sin ser magistrados cobran sueldos exorbitantes que superan los 5 millones de pesos por mes. Es tal el enojo que hasta los propios jueces civiles amenazan con sumarse a los reclamos para que se corrija esa situación.

El escándalo salió a la luz hace cuatro años cuando se conoció que los equiparados a magistrados cobraban más que algunos jueces de la Corte. Ante esa situación, el exgobernador Rodolfo Suarez envió un proyecto de ley para terminar con esos sueldos de privilegio que durante años se otorgaron a dedo con la venia de las autoridades del Poder Judicial. La ley se aprobó pero los afectados presentaron una medida cautelar para seguir cobrando hasta que se resuelva si la norma es constitucional. Eso fue hace cuatro años y aún no hay respuesta.

Por ese motivo la secretaria de la Corte, Elizabeth Carbajal, sigue cobrando un salario millonario que supera los 5,5 millones de pesos, igual que otros equiparados como el secretario de Gestión, Carlos Quiroga Nanclares, con un sueldo de 4,6 millones de pesos. 

 "Lo de los equiparados a magistrados es algo que nosotros todavía no terminamos de digerir", admitió en MDZ Radio el secretario General de Funcionarios Judiciales, Marcelo Fekonja y en el Ejecutivo son conscientes del malestar que esa situación genera puertas adentro del Poder Judicial.

Por ese motivo, a través del Asesor de Gobierno intentan acelerar las definiciones. Primero que se determine cómo se integrará el tribunal ya que algunos jueces de la Corte, como Pedro Llorente, se han excusado de resolver por haber sido ellos quienes equipararon a magistrados a esos funcionarios. Y una vez resuelto eso, que voten sobre la constitucionalidad de la ley que elimina la categoría de equiparados para esos 21 trabajadores.

En diciembre se cumplirán dos años desde que se llamara a acuerdo para que la Corte resuelva en pleno la situación y desde entonces no hubo más movimientos en el expediente. La pelota la tiene ahora el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, y desde el Ejecutivo presionan para que realice "los actos útiles" para que avancen hacia una resolución.

La rebelión de los trabajadores judiciales, que amenazan con nuevas medidas de fuerza a pesar del aumento que decretó Alfredo Cornejo, vuelve a poner en vidriera las inequidades que existen en el Poder Judicial de Mendoza. "Para equiparados y magistrados siempre hay fondos para hacer frente a sus aumentos. Pero cuando se trata de funcionarios, no", se quejan desde el gremio. Para el gobernador llegó la hora de que los jueces de la Corte dejen de hacerse los distraídos y resuelvan de una vez por todas esa situación.

Los equiparados se resisten a perder su "estatus"

Apenas sancionada la ley 9230, los equiparados a magistrados presentaron una batería de medidas judiciales. Primero una acción declarativa de certeza para saber si se ven afectados por el alcance de la ley, segundo una acción de inconstitucionalidad y tercero una medida cautelar para que no se aplique la norma hasta que se resuelva si es legal. La cautelar fue aceptada y los funcionarios que cobran como jueces afirmaron ser víctimas de una persecución política.

Para los equiparados la ley afecta derechos adquiridos entendiendo que es al Poder Judicial al que le corresponde determinar el salario de sus trabajadores. Además, esgrimen que la norma no puede tener efectos retroactivos. Pero esos argumentos han sido rebatidos tanto por el propio Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, como por la Fiscalía de Estado.

"Es evidente que la razón filosófica del Poder Legislativo al establecer un régimen salarial que elimine a ciertos funcionarios del régimen de equiparación, es para asegurar el derecho de igualdad con el resto de los empleados y funcionarios judiciales no equiparados", manifiesta el dictamen de Fiscalía de Estado publicado en marzo del 2021. Tres años han pasado desde entonces y la situación sigue sin resolverse. 

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