Funcionarios que cobran como jueces denuncian "persecución política"
Un nuevo capítulo se suma en la novela de los equiparados a magistrados. Los funcionarios que cobran como jueces y gozan de beneficios como no pagar impuesto a las ganancias, han ampliado sus demandas para no perder esa posibilidad. Si bien una ley sancionada en la Legislatura provincial elimina la figura, los trabajadores alcanzados presentaron una batería de acciones judiciales que van desde una acción declarativa de certeza para ver si están alcanzados a una medida de inconstitucionalidad en caso de estarlo. Pero ahora han sumado un pedido de informes para conocer cómo se les paga a los funcionarios judiciales de provincias como Río Negro e incluso un "equiparado" denuncia una persecución política y personal en su contra.
Además de buscar una justificación en base a lo que ocurre en otras provincias, uno de los equiparados a magistrados que perdería el beneficio denunció una "persecución política y personal" en su contra. Se trata de Carlos Quiroga Nanclares, pariente del expresidente de la Jorge Nanclares.
"Desde la designación de nuestro representado en el cargo de Secretario de Gestión y Control del día 4 de diciembre del año 2017, sufrió un claro señalamiento periodístico, mediante el cual se insinuaba un supuesto trasfondo de carácter nepótico", subrayan los representantes legales de Quiroga Nanclares en alusión a que su madre es prima de Jorge Nanclares.
"Si bien esta 'portación' de apellido, cabe destacarlo, se ha constituido a lo largo de toda su carrera profesional en un verdadero desafío, toda vez que ha tenido que redoblar esfuerzos por demostrar que el lugar que ocupa no se relaciona con su vinculación familiar, sino que es fruto de su formación y experiencia, ello se vio agravado a partir de 2017", adhieren.
Incluso, Quiroga Nanclares dice ser un perseguido político por haberse desempeñado "como Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, y miembro del Consejo de la Magistratura por el Poder Ejecutivo, desde el año 2010 hasta el mes de diciembre del año 2012, durante el gobierno de otro signo político".
Por último, cuestiona la ley que se aprobó en la legislatura y dice que afecta solo a "un puñado de personas" y que es arbitraria. "No existe fundamento que justifique la diferencia entre la equiparación legítimamente dispuesta por Acordada de la Suprema Corte, en uso de sus facultades legales, y aquella que se ha dispuesto con anterioridad para otros cargos, incluso por la misma Legislatura, en los que tampoco se ejercen funciones propias de la jurisdicción", argumenta.
"A modo de ejemplo, el Secretario de la Junta Electoral (el exlegislador Jorge Albarracín) se encuentra recientemente equiparado en sus remuneraciones a un magistrado, al igual que el cargo de quien ejerce el cargo de Contadora General de la Provincia (Paula Allasino). Ambos habrían sido expresamente excluidos de los alcances de la ley, y no ejercen funciones propiamente jurisdiccionales", señala Quiroga.
"La equiparación salarial de los funcionarios con la retribución que perciben los magistrados, tal como se ha visto que ocurre en otros casos, no puede afirmarse que se encuentre atada al ejercicio o no de funciones jurisdiccionales (propias de jueces, fiscales y defensores públicos), sino a la trascendencia y envergadura de las tareas que cumplen en sus funciones. Ello es así, toda vez que no se equipara el cargo, sino la retribución por la tarea ejercida", finaliza.
Mal de muchos...
La semana pasada los funcionarios alcanzados por la ley impulsada por Rodolfo Suarez para eliminar las equiparaciones hicieron una ampliación de demanda y pidieron que se gire oficio al "Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro a fin de que informe el salario que perciben los funcionarios que desempeñan los cargos jerárquicos en la administración del Poder Judicial (secretarías y direcciones) y si sus sueldos se establecen tomando como referencia el fijado para otro cargo de la estructura judicial".
El objetivo es demostrar que en otras jurisdicciones el salario "eventualmente se determina por remisión a la remuneración asignada a otro tipo de cargos o una parte proporcional de los mismos". Pero
La polémica gira en torno a funcionarios administrativos del Poder Judicial cuyos salarios se determinaron mediante la "equiparación" al cargo de magistrado. Eso no solo implica cobrar el mismo sueldo que un juez -pese a la diferencia de las responsabilidades- sino que a su vez extiende otros beneficios como los antes mencionados de no pagar impuesto a las ganancias.
Mientras que para ser juez es necesario cumplir con requisitos legales, rendir un examen, ser seleccionados y pasar el filtro del Senado, los "equiparados" fueron designados a dedo por acordada judicial. Incluso, hay funcionarios que están equiparados y otros que cumplen la misma función o tienen el mismo cargo de director, subdirector o coordinador pero sin cobrar como jueces.
Fe de erratas: Los equiparados a magistrados no cuentan con el mismo régimen de jubilación que los jueces. Si están exentos de pagar impuesto a las ganancias.