La letra chica que blindaría a los funcionarios VIP de la Justicia

La letra chica que blindaría a los funcionarios VIP de la Justicia

Ayer la Sala Segunda de la Suprema Corte le dio lugar a las medidas cautelares y permitió que los equiparados a magistrados sigan cobrando como jueces hasta que se resuelva la constitucionalidad de la ley 9230.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Ayer los jueces Omar Palermo y Mario Adaro le dieron lugar a las cautelares presentadas por los 22 funcionarios judiciales que están equiparados a magistrados y cobran como jueces pese a tener funciones administrativas. La decisión se tomó con el voto en disidencia del tercer integrante de la Sala Segunda, José Valerio, y permite que los empleados sigan percibiendo sus salarios que en algunos casos superan los 400 mil pesos por mes. Pero los fallos contendrían un guiño para los equiparados que dilataría la resolución final del conflicto.

Específicamente, el modo en que está redactado el fallo da a entender que aún aunque la Suprema Corte resuelva la constitucionalidad de la ley y entienda que deben perder el beneficio los funcionarios que están equiparados, seguirán cobrando sus sueldos de privilegio. Es que al aceptar las medidas cautelares se aclaró que estarán vigentes "hasta que se dicte sentencia definitiva en estos autos". Esa oración abre la puerta a que los funcionarios sigan cobrando como jueces hasta que la Corte de la Nación resuelva el tema.

Ser equiparado a magistrado significa cobrar como juez pero sin serlo. La figura se implementó de forma discrecional en la Justicia y producto de ello hay empleados administrativos que tienen sueldos de privilegio y no pagan impuesto a las ganancias. En algunos casos, como el de la secretaria Administrativa de la Corte, es superior a los 400 mil pesos, por lo que cobra más que algunos jueces del máximo Tribunal. Todos ganan más que el gobernador Rodolfo Suarez, que al tomar conocimiento de la situación envió un proyecto a la Legislatura que se convirtió en ley.

Luego de que la Legislatura provincial sancionara la ley 9230 que ponía fin -salvo polémicas excepciones- a la figura de "equiparados a magistrados", decenas de empleados del Poder Judicial presentaron una batería de acciones judiciales para no perder el estatus adquirido. Ayer la Corte le dio lugar a las medidas cautelares presentadas por los 22 empleados y determinó que su situación de revista se mantenga sin alteración alguna.

"Hacer lugar a la pretensión cautelar de la accionante en los términos dispuestos en los considerandos y, en consecuencia, ordenar al Gobierno de la Provincia que, a través de sus dependencias competentes en la materia, se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos", resuelven los jueces Omar Palermo y Mario Adaro.

Pero en lugar de hacer lugar a la cautelar hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, que lo hará la Corte en pleno, aclara que es "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos". Técnicamente, eso permitiría que aún si los jueces de la Corte de Mendoza determinan la constitucionalidad de la ley 9230 y determine que los 22 accionantes están alcanzados por la ley, su situación tampoco podrá ser modificada.

Es que aún podrían pedir un recurso extraordinario federal para llevar su reclamo hasta la Corte Suprema de la Nación e incluso aunque se les negara ese recurso pueden ir en queja al máximo tribunal nacional. Mientras dure ese proceso y hasta que se expidan en la Corte Nacional, los 22 funcionarios seguirán cobrando como jueces.

Los equiparados beneficiados por la Corte:

  1. Elizabeth Carbajal (secretaria Administrativa, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Corte)
  2. Carlos Quiroga Nanclares (secretario de Gestión y Control)
  3. Eleonora Lamm (subdirectora de Derechos Humanos)
  4. María Milagros Noli (Directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la justicia)
  5. Cristóbal López Maida (Subdirector de Niñez y Adolescencia)
  6. Romina Cucchi (Sub Directora de Ejecución Penal)
  7. Beatriz Fanny Naves (Coordinadora Provincial del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario)
  8. Mónica González (Administradora General del Poder Judicial)
  9. Gustavo Abaca (Director de Contabilidad y Finanzas)
  10. Silvia Cataldo (subdirector Interino de la Dirección de Contabilidad y Finanzas)
  11. Mario Jesús Cano (Director de Informática)
  12. Hugo César Correas (Director de Recursos Humanos)
  13. Beatriz Elena Chávez (Inspectora del Ministerio Público Fiscal)
  14. Sandra Canese (Inspectora y Delegada de la Procuración General en la Cuarta Circunscripción)
  15. Jorge Frigerio (Administrador Financiero del Ministerio Público Fiscal)
  16. Alfredo Eduardo Clavel (Inspector en el Ministerio Público Fiscal)
  17. Jorge Rubio (Inspector del Ministerio Público Fiscal)
  18. Mario Alberto Gabriele (delegado de la Procuración General e Inspector)
  19. Alberto Luis Tonelli (Delegado del Procurador en la tercera Circunscripción)
  20. Gerardo González (Director de Perfeccionamiento y Modernización del Ministerio Público Fiscal)
  21. Javier Alejandro Salinas (Director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico)
  22. Juan Manuel Lima (a cargo de la Oficina de Jurisprudencia del Ministerio la Defensa y Pupilar)
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