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La decisión del Gobierno frente a la semana de paro de la Justicia

En una nueva semana de paro, el Gobierno provincial tiene una postura sobre el conflicto y se tensan las negociaciones. Cuál sería la única propuesta posible y qué pasa con el servicio.

Mientras los empleados y los funcionarios judiciales (nucleados en distintos gremios) comienzan una semana de paro para pedir la reapertura de paritarias, el Ejecutivo provincial se muestra firme y minimiza el impacto de la medida de fuerza. Además, en Casa de Gobierno aseguran que no están dispuesto a dar un nuevo ofrecimiento salarial e insiste con el ítem de productividad que los trabajadores han rechazado en asamblea. La Corte y el Ministerio Público están intentando mediar en el conflicto, pero el dato de adhesión que manejan es del 32%, según datos del reloj de empleados y aguardan la información de los jueces para conocer la adhesión de los funcionarios.

Se trata de un número que ambos gremios desconocen y hablan de una masividad de la medida que rondaría según sus números, más del 80%. El Gobierno además advierte que no hay ninguna denuncia que no se haya dejado de tomar pese a la medida de fuerza.

Los empleados y los funcionarios judiciales piden que se reabran las paritarias, es decir, la negociación salarial. Este reclamo se da luego de que el Gobierno decidiera no darles aumento salarial tras que ambos sindicatos rechazaran las ofertas del Ejecutivo, que son las mismas que ofrecieron al resto de los sectores estatales y que fueron aceptadas por todos los gremios estatales. Pero en el medio, además, hay un conflicto abierto desde el primer fin de semana de marzo con los auxiliares fiscales- quienes toman las denuncias en las oficinas fiscales- que han venido realizado distintos paros para pedir una recomposición de sus salarios más profunda que una actualización por inflación. A esa medida se han sumado en distintas oportunidades los ayudantes, que forman parte de los funcionarios. 

La semana pasada, ambos gremios pararon martes, miércoles y finalmente el jueves para acompañar el paro nacional convocados por las centrales de trabajadores a nivel nacional. Ese mismo día los empleados decidieron parar desde el viernes pasado hasta el próximo a excepción de que hubiera algún llamado del Gobierno para reabrir las paritarias y por lo tanto, en ese caso se suspendería la medida. Los funcionarios paran desde este lunes hasta el viernes incluido. 

En el medio, están la Corte y el Ministerio Público que son "la patronal" pero dependen del Ejecutivo para decidir subas salariales porque el presupuesto lo tiene Casa de Gobierno. Mantienen conversaciones permanentes pero, la decisión oficial es no responder al paro con una nueva propuesta salarial e insisten que de haberla, sería el ítem productividad que el Gobierno ha ofrecido para las oficinas fiscales y los sindicatos han rechazado. 

El procurador Gulle, la ministra de Seguridad Marimé Rus y el subsecretario de Justicia, Marcelo Dagostino

"Nosotros seguimos recorriendo y los que no se habían sumado lo están haciendo. Cada vez es más fuerte la medida de fuerza", advirtió este lunes a MDZ Ricardo Babillón, titular de empleados Judiciales. "Estamos teniendo una adhesión preliminar de más del 65% pero creemos que es superior porque aún no nos llega toda la información", sostuvo Marcelo Fekonja, titular del sindicato de funcionarios judiciales, que representa a profesionales que trabajan junto a los magistrados.

Los funcionarios están de paro toda la semana, también lo hicieron martes y miércoles de la semana pasada. "Hemos rechazado la propuesta ofrecida en la paritaria porque en realidad no es un paritaria, sino es una imposición de una oferta salarial, no una negociación. Y la última oferta, con lo ofrecido, como tenemos un básico muy bajo, que ronda los 300.000 pesos, significa para nosotros un 6% sobre ese básico, por lo tanto la suba es bajísima", comentó Fekonja a este diario. "Nosotros trabajamos junto a los jueces pero ganamos el 28% de lo que ganan ellos, aproximadamente. Sin nuestro trabajo, se resiente el servicio de justicia y en algunos casos casi no se puede hacer. Además, cargamos con un atraso salarial del 2020. El exgobernador Rodolfo Suarez no nos dio aumento en la pandemia y nosotros entendimos que debíamos apoyar al Gobierno en esta situación, pero los años posteriores no recibimos ninguna compensación, de algún modo nos sentimos decepcionados por esto. Además, Mendoza está muy abajo en cuanto a los salarios de los funcionarios ya que mientras los jueces están en el lugar 9 a nivel nacional, los funcionarios estamos en el lugar 22", agregó.

El viernes pasado, en el primer día del nuevo paro de empleados, intervino el Colegio de Abogados para pedir guardias mínimas. Para el Gobierno este requerimiento se está cumpliendo desde este lunes, para el sindicato, depende de cada juez. E incluso trascendió que podría haber un decreto declarando "servicio esencial" a la Justicia para conseguir que las guardias mínimas fueran generales, pero eso no ha sido confirmado. 

En ese sentido, el Colegio de Abogados informó que: "Sergio Molina y Jazminka Mihaljevic, en representación del Directorio, mantuvieron un encuentro con Dalmiro Garay Cuelli para dialogar sobre la preocupación de los profesionales del Derecho por las medidas de fuerza de empleados y funcionarios judiciales.Representantes de los matriculados de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza se reunieron con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia para dialogar sobre las  huelgas que se llevan adelante en el Poder Judicial.

Luego de exponer la preocupación de los profesionales del Derecho analizaron el impacto de la medida, de distinto alcance según el fuero, y el presidente Garay informó que estaba dando trámite al pedido de declaración de inhabilidad que realizó el Colegio, a fin de dar la mejor respuesta a la colegiatura, teniendo en cuenta que si bien la presentación de escritos y gestión de las causas no se ha visto interrumpida, en algunos casos podría ser procedente la suspensión de los plazos.Igualmente el titular de la Suprema Corte aseguró que mantendrá un diálogo constante con las autoridades del Directorio del Colegio de Abogados para canalizar los reclamos que sean necesarios".

Por ahora, el conflicto tiene un destino incierto.