Vialidad: el caso testigo que desnuda la puja política dentro de los órganos de control
La causa Vialidad Provincial es un caso testigo que sirve para comprender cómo opera la política partidaria dentro de los órganos de control. En este caso puntual, el radicalismo se unió para salvar a Oscar Sandes, mientras que del otro lado, el peronismo intentó evitarlo. Desde el inicio, el escándalo de Vialidad estuvo empañado por la puja política entre "amigos y enemigos" en la que finalmente los primeros salieron triunfantes.
En ese sentido, no hay dudas de que el de Sandes es un caso particularmente didáctico. En su devenir quedaron expuestos los posicionamientos políticos de cada uno de los entes de control y cómo el oficialismo impone sus mayorías para inclinar la balanza. Los jugadores de la UCR en este caso fueron Néstor Parés, Gustavo Riera, Liliana Muñoz, Alejandro Gullé, Pedro Llorente y María Teresa Day. En el equipo contrario participaron Dante Caputto, Ricardo Pettignano, Mario Angelini, Fernando Simón y Julio Gómez. El primer tiempo fue para el peronismo, pero con la ayuda del VAR el radicalismo inclinó la cancha y ganó el partido, liberando de culpa y cargo a "Cacho" Sandes. Un superclásico entre peronistas y radicales.
El culebrón comenzó de forma intempestiva cuando en el año 2019 el Tribunal de Cuentas detectó que se estaban desviando millones de pesos de la caja chica de Vialidad provincial. En el año 2020 se formularon cargos para que los responsables de los gastos irregulares repusieran el dinero que le habían quitado a la institución. Al destaparse el escándalo, el administrador general de Vialidad, Oscar Sandes, denunció a la gerenta de Recursos Humanos, que reconoció haber falsificado la firma de su jefe. Sandes la denunció penalmente.
Para Sandes, el primer tiempo se jugó en el Tribunal de Cuentas y lo perdió por la mínima. El presidente del órgano de control, Néstor Parés, y la vocal Liliana Muñoz (ambos designados por Alfredo Cornejo) se ampararon en los argumentos del secretario relator Gustavo Riera y plantearon que los cargos no podían formularse hasta que se determinara quiénes habían hecho uso irregular del dinero. Esgrimían que la falta de control ameritaba sanción de multa, pero Sandes no podía ser considerado responsable del desvío del dinero y por ende no se le podía pedir que devuelva, solidariamente, 5 millones de pesos.
Pero la votación terminó 3 a 2 y los vocales Dante Caputto, Ricardo Pettignano y Mario Angelini resolvieron que Sandes debía responder patrimonialmente. Casualmente, los tres vocales votaron de una forma y los representantes radicales del directorio, de otra.
En el entretiempo, Sandes presentó una Acción Procesal Administrativa ante la Corte afirmando que le habían falsificado la firma y culpó con nombre, apellido y montos a los empleados que le respondían. La pelota quedó picando a la espera de que se determinara si la negligencia en los controles era suficiente para responsabilizar a Sandes por lo ocurrido.
Para el fiscal de Estado, Fernando Simón, no había dudas de ello. "Dichas irregularidades que pasaban antes sus ojos fueron justamente advertidas por el propio Tribunal de Cuentas, lo que demuestra una clara negligencia en el ejercicio de su cargo, ya sea por acción y también por la omisión en el debido control", establece el dictamen del fiscal de Estado, que casualmente coincidió con el criterio de los vocales peronistas.
"Es decir que el actor no tomó ninguna medida correctiva de las innumerables irregularidades que ocurrían en el organismo a su cargo, sino hasta que el Tribunal de Cuentas auditó su gestión", subrayó Simón y agrega que el propio Sandes reconoce que se realizaron pagos sin control.
Pero la visión de los hechos fue totalmente diferente en el dictamen del Ministerio Público, que encabeza el cornejista Alejandro Gullé. Otra casualidad. Allí se inclinaron por la misma percepción que los funcionarios radicales del Tribunal de Cuentas. A tal punto que el fiscal Darío Tagua citó en su dictamen el voto en disidencia de Nestor Parés y Liliana Muñoz para afirmar que "la concreta intervención de Sandes en los hechos investigados generadora de responsabilidad no ha podido ser determinada con el grado de certeza necesario para imponer un cargo".
El juego de fuerzas estaba parejo pero la cancha comenzó a inclinarse a favor de Oscar Sandes en la Suprema Corte. El juez Julio Gómez, nombrado durante el gobierno de Francisco Pérez, aseguró que el exfuncionario era responsable por omisión de lo ocurrido y por ende ratificó el fallo del Tribunal de Cuentas. Pero su voto no alcanzó.
El exlegislador radical Pedro Llorente y la jueza María Teresa Day adoptaron un criterio diferente al de Julio Gómez y volvieron a tomar como propios los argumentos de Néstor Parés, Liliana Muñoz, Gustavo Riera y el Ministerio Público Fiscal. Anularon el fallo en votación dividida y Oscar Sandes quedó libre de culpa y cargo.
Para muchos es casualidad que los peronistas hayan votado de la misma forma y que los radicales hayan determinado que su correligionario no debía ser solidariamente responsable de la restitución de 5 millones de pesos (a valores del 2019) que fueron utilizados irregularmente durante su gestión. Afirman que todo está técnicamente fundado y que nada tiene que ver que Sandes haya sido funcionario de Alfredo Cornejo desde los tiempos en que el actual gobernador era intendente en Godoy Cruz.
Todo parte de una larga serie de simples coincidencias.