Lobby, pases de factura e intereses cruzados: qué hay detrás del impuesto al tabaco
El lobby del "Señor Tabaco", Pablo Otero, dueño de la tabacalera Sarandí S.A., quedó en el centro de la escena luego de que el Gobierno libertario no incluyera en el nuevo borrador de Ley Bases las modificaciones tributarias a la industria. Desde el Ejecutivo explican que la decisión se tomó para que la ley siga su curso sin trabas, y que más adelante se presentará un proyecto que termine con lo que perciben como desigualdades en el sector, a pesar de señalar anteriormente a determinados diputados como los encargados de presionar para que se retiren los artículos que tenían como objetivo regularizar el sector.
"Si no está el capítulo del tabaco va a poner el grito en el cielo", había dicho hace unos días una fuente gubernamental, sobre el enojo que le causaría al presidente Javier Milei no ver en el nuevo proyecto de ley ómnibus los artículos que buscaban estabilizar el sector y que todas las empresas paguen los mismos impuestos. A pesar de ello, los gobernadores y jefes de bloque recibieron los papeles sin rastros del capítulo que tenían como uno de los objetivos la desaparición del impuesto interno mínimo, que le cobra a casi todas las tabacaleras alrededor de 500 pesos por cada atado que vende actualmente.
Uno de los más enojados sobre el asunto fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que criticó a Milei por ceder ante el "Señor Tabaco" y le exigió que "no claudique ante las presiones" que el propio jefe de Estrado "ha atacado en público”.
Fuentes de Casa Rosada le explicaron a MDZ que la decisión de no incluir el capítulo del tabaco se basó en el objetivo de que la ley avance sin trabas ni artículos polémicos, como este, ya que tienen mucho “lobby" y operaciones, que no permitirían que Ley Bases siga su curso sin problemas.
La apuntada por el lobby es Sarandí S.A., empresa que no paga el impuesto interno mínimo desde hace años. Otero consiguió que la Justicia, a través de una cautelar, le permita no pagar el tributo por ser una pyme y estar en desventaja con las multinacionales, que sí lo pagan. El impuesto, en su momento, se creó con el fin de recaudar y también de bajar el consumo de cigarrillos.
La administración libertaria no solo tenía la idea de eliminar el impuesto interno mínimo con el capítulo del tabaco, sino que también buscaba elevar el impuesto interno a 73% y fijar la nueva base tributaria en función de lo que la tabacalera informe como valor de venta al público.
Además, el "antiguo" borrador de la ley Bases advertía que si se verificaba que el precio era 20% inferior al que realmente aparecería en los puntos de distribución, podría tomarse como base imponible la auditoría permanente que el Ministerio de Salud haga, es decir, un relevamiento mensual en los puntos de venta.
Las decisiones también tenían que ver con una necesidad de cuidar al Estado, que estaba teniendo una recaudación inferior a la que podría percibir si cobrara el impuesto interno mínimo de todas las empresas tabacaleras. La pérdida para habría sido alrededor de US$2.000 millones en los últimos ocho años.
Con todas estas medidas libertarias, Sarandí S.A. era una de las perjudicadas, por lo que se culpó a ciertos diputados de presionar para que no aparezcan en el nuevo borrador. Este medio se comunicó con algunos de ellos, que dieron la misma versión que el Ejecutivo: "La Casa Rosada decidió retirar el capítulo porque quieren que sea un tema que se trate aparte, ya que requiere de un nivel de profundidad, análisis y debate mayor que el que puede darse dentro de la Ley Bases".
Otras partes que tuvieron que ver con las negociaciones de la Ley Bases confesaron que entendían que era un asunto con mucha polémica por detrás y que era mejor tratarlo en otro momento, para que no salpique el tratamiento del megaproyecto de 279 artículos.
El vocero presidencial Manuel Adorni ya lo había adelantado el miércoles pasado, explicando que no van a "quedar presos de peleas entre lobbys, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos". "Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, para Massalin (tabacalera), para Sarandí, para sus voceros. No nos metemos con este debate que le hace mal a los argentinos. Se va a presentar más adelante una ley donde se termine con estos lobbys que no le hacen bien a nadie”, agregó en Radio El Observador. Massalin Particulares es la tabacalera que produce Marlboro y Philip Morris, y que tiene una interna con Sarandí.
Cabe destacar que esa "pica" aumentó cuando comenzó a rumorearse el nombre de Javier Ortíz Batalla como uno de los craneadores de los artículos sobre el tabaco, que también fue exvicepresidente de Massalin y que habría sido exfuncionario del Banco Nación durante la gestión de Federico Sturzenegger.
Más allá de las idas y vueltas de empresarios, la política decidió no ser parte del lobby y dejó el asunto de lado, por necesidad o intereses, para enfocarse en que la Ley Bases salga sin ninguna piedra en el camino.
Los diputados
Una vez que se confirmó la ausencia de los artículos tabacaleros en la ley, los funcionarios del Gobierno bajaron el tono sobre la injerencia de los diputados en relación al tema. MDZ se comunicó con fuentes legislativas de La Libertad Avanza y del PRO y confirmó que ambas quieren que haya igualdad en el sector y no quieren dejar que el lobby empresarial se entrometa en las cuestiones legislativas.
Asimismo, desde el PRO explicaron que la posición del bloque sobre el tema siempre fue la misma: eliminar el Impuesto Interno Mínimo que "fue lo que generó todas las distorsiones en los últimos tiempos entre la Justicia, las tabacaleras multinacionales y las locales", pasar a un esquema como el brasileño, que aumente el impuesto Ad Valorem entre un 75% y 82% tal cual lo recomienda la OMS, buscar mecanismos que eviten la evasión de este impuesto y aumentar las penas, y la "lucha contra el contrabando y otras prácticas ilegales en el traslado y el despalillado".
La Justicia
La Justicia también fue apuntada como una de las que permite que Sarandí S.A. siga sin pagar el tributo, ahorrándose dinero en ese sentido. La causa en la que la empresa de Otero consiguió la cautelar para no pagar el impuesto interno mínimo ahora se encuentra en la Corte Suprema. Inició en 2017 y en 2021 se consiguió el primer fallo, que dejó "sin efecto" la medida temporal -que otorgó la cautelar- que dejaba a Sarandí no pagar el impuesto. Asimismo, no resolvió la cuestión de fondo, es decir, no analizó todo el asunto.
En el medio de esto, en junio de 2022, el juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, resolvió sobre el fondo de la cuestión y manifestó la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo. Ahora el asunto tendrá que ser resuelto por el máximo tribunal para que se termine con las actuales distorsiones y contraposiciones que no dejan que sea transparente el mercado.