Walter Bento se desligó de una sospechosa maniobra de una empleada de su Juzgado

El exjuez federal Walter Bento retomó este miércoles su declaración en la megacausa en la que se lo investiga como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales y por la que, en la actualidad, se encuentra privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial. El magistrado destituido insiste en cuestionar los pilares de la investigación del fiscal Dante Vega y afirma que a él lo acusan de liderar una asociación ilícita, cuando en realidad el que lidera una asociación ilícita integrada por políticos, magistrados y policías es el propio Vega. En esta nueva jornada, Bento tuvo que responder preguntas del Ministerio Público Fiscal.

Uno de los temas abordados fue la fuerte revelación que se dio en la audiencia del 19 de octubre de 2023 -y que hasta hoy se desconocía que pensaba públicamente Bento- sobre el hecho de que una de las empleadas de la Secretaría del Juzgado Federal compró un departamento valuado en US$ 180.000 que, de forma asombrosa, pertenecía a Juan Carlos Molina, imputado por cohecho agravado en la causa vinculada a Javier Ortega, contrabandista de prendas deportivas que confesó haber pagado US$ 722.000 para que modificaran su situación procesal en una causa. La secretaria le tomó indagatoria y, dos meses después, le compró el inmueble.

En ese intercambio de dinero estaría involucrado Walter Bento, justamente acusado de liderar una banda dedicada a otorgar favores a presos a cambio de coimas. Javier Ortega está imputado por cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.

Para recapitular, el departamento de Molina fue comprado por María Carolina Bartolini -empleada de la Secretaría C a cargo de Mariela Andía- días después de la detención de Molina. Lo que sucede es que el 17 de agosto de 2019 Bartolini -junto con su marido- adquirió uno de los departamentos que vendía Ortega, un fideicomiso donde el fiduciante era Molina y el fiduciario era Ortega. El 17 de mayo de 2019, Bartolini le tomó indagatoria a Molina y el 17 de agosto de 2019 le compró un departamento. Mariela Andía dijo desconocer la situación en aquel entonces -antes de la revelación de Fiscalía- y sostuvo que "desconocía" si Bento estaba al tanto. Bartolini, que estaba en uso de licencia cuando declaró Andía, renunció a su cargo en el Juzgado, en donde cumplía funciones desde 2008. No obstante, sigue en la mira por la compra de dicha propiedad.

Este miércoles, la fiscal Gloria André -entre cientos de preguntas que se le realizan a Bento- reflotó el tema. Bento esgrimió haberse "enterado en el debate" de la sospechosa situación. "Cuando usted tomó conocimiento en cuanto a los dichos de Ortega de que una secretaria del Juzgado le había comprado un departamento, ¿le interesó corroborar la situación?", indicó la fiscal.

Walter Bento contestó: "Me enteré acá en el debate. Creo que igual que la secretaria Andía. Nunca tomé conocimiento, ni mi señora y creo que nadie de la Secretaría. Tampoco es algo que me concierne. No preguntaba ni cuándo viajaban ni a dónde. La única condiciones era que tenían que traerme una lechuza o un búho. Es algo que concierne entre el empleado y la secretaria. Si la secretaria no lo sabía, menos yo".

En ese orden, André reformuló y lanzó: "Cuando tomó conocimiento de los dichos de Ortega respecto de que una secretaria había comprado uno de los departamentos que había tenido que vender, ¿hizo indagaciones?

Bento, un poco molesto, señaló: "Usted está omitiendo parte de la información. Tiene que seguir leyendo: dice una secretaria que tiene hijos chicos. Porque ninguna de las cuatro secretarias tiene hijos chicos. Entonces, cuando leímos eso todos nos reíamos. Decíamos: '¿Qué va a ser una secretaria del Juzgado? Si ninguna tiene hijos chicos'".

En torno a su relación con la secretarias del Juzgado, se defendió al asegurar: "No conozco dónde vive Gabriela Del Campo. Sí donde vivía la Dra.(Gabriela Curri) porque hizo una vez un asado. También la Doctora (Mariela) Andía y la Doctora (Florencia) Elías porque hicieron un asado en sus casa. Ninguna de las cuatro secretarias tenía hijos chicos. Entonces dije 'esto es absolutamente falso' y nadie le dio importancia. Ni la Fiscalía ni la querella, nadie. Si lo leí en ese momento y dije (sic) 'miércole, qué mal y no en sus cabales habrá estado esa persona para decir eso'".

La Fiscalía le consultó a Bento si sabía dónde vivía Bartolini, a lo que respondió: "Sabía que alquilaba un departamento en la Quinta Sección, pero exactamente no porque nunca fui".

"¿En algún momento Ortega dijo dónde eran los departamentos?, retrucó la fiscal. "En la calle Avellaneda 777 o algo así, pero eso de ninguna manera asociar al domicilio de una empleada a la que nunca fui ni conozco", respondió.

Bento negó tener una relación de amistad con Bartolini y sostuvo al respecto: "Entra a trabajar porque la conocía mi hijo Nahuel, que habían sido compañeros en la Universidad de Mendoza y me había dado muy buenas referencias de ella. Por eso la entrevisté e ingresó en algún interinato y después, por su capacidad, la dejé como efectiva. Incluso la ascendí en un cargo".

Detalles de la historia de la causa que involucra a Ortega y a Molina

Tal como explicó MDZ en los inicios del Bento gate, el caso de Javier Ortega y Juan Carlos Molina data de 2019, cuando investigadores detectaron la llegada irregular de miles de prendas deportivas provenientes de Chile que estaban comercializándose de forma ilegal en la provincia. En aquel entonces, el cálculo oficial  las prendas tenía un valor que superaba los $200 millones de pesos

Entre la madeja de involucrados y negocios donde se vendían esos productos, había un depósito ubicado en la calle Alsina al 3800 (Maipú), donde se acopiaba la mercadería. El titular de ese inmueble era justamente Javier Santos Ortega. Junto a él quedaron pegados su hija -que vendía lo que llegaba-, su marido -también metido en la venta- y el mencionado primo, Molina, que regenteaba el galpón y distribuía el material.

El abogado inicial fue desplazado e ingresaron a la causa Aramayo, Ríos y Ortego: el trío acusado de colaborar con el juez Bento en las negociaciones.

En agosto de 2019’, y tras algunas declaraciones indagatorias, Molina pasó de contrabandista a “encubridor”, al igual que Ortega. Extraños encubridores, ya que -como se señaló más arriba- se los encontró con doscientos millones de pesos de mercadería ilegal dentro de un galpón de su propiedad.

Para el Ministerio Público, esta modificación se dio porque comenzó a tallar en la causa la banda que "manijeaba" en la Justicia Federal: el abogado inicial de Ortega, de apellido Figueroa, fue desplazado y asumieron su representación Ríos y Aramayo, justamente dos de los letrados que están imputados como cómplices de Bento en el presunto cobro de coimas.

Figueroa también fue desplazado de la defensa de Molina. Lo reemplazó otro viejo conocido: Ortego, que es precisamente el tercer abogado que se consideró partícipe probable de la asociación ilícita. En cuestión de meses, Ortega y Molina quedaron libres, lo cual habría tenido relación con los US$ 722.000 que Ortega confesó haber abonado para que modificaran su situación frente a la Justicia.