Bomba: fuerte revelación de la Fiscalía en medio del juicio a Walter Bento

La nueva jornada del megajuicio que tiene como principal protagonista al titular del Juzgado Federal N°1 suspendido en sus funciones, Walter Bento, dejó una nueva revelación este jueves por la tarde cuando Mariela Andía, de la Secretaría Penal C, se sentó en el banquillo -en carácter de testigo ofrecida por la propia defensa- a responder preguntas del Ministerio Público Fiscal.

La situación sorprendió a quienes estaban en Tribunales y consistió en que una de las empleadas de la Secretaría compró un departamento valuado en US$ 180.000 que, de forma asombrosa, pertenecía a Juan Carlos Molina, imputado por cohecho agravado en la causa vinculada a Javier Ortega, contrabandista de prendas deportivas que confesó haber pagado US$ 722.000 para que modificaran su situación procesal en una causa. En ese intercambio de dinero estaría involucrado Walter Bento, justamente acusado de liderar una banda dedicada a otorgar favores a presos a cambio de coimas. Javier Ortega está imputado por cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador.

Según fue precisado durante la audiencia, el departamento de Molina fue comprado por María Carolina Bartolini -empleada de la Secretaría a cargo de Andía- días después de la detención de Molina.

La fiscal Gloria André le preguntó a la secretaria sobre expedientes de cohecho y los cambios de calificación que hubo en el medio. Andía comentó que María Carolina Bartolini "oficiaba, tomaba audiencias y proyectaba algunas resoluciones". Posteriormente se da a conocer que Bartolini hizo una orden de allanamiento en el domicilio Las Palmeras 3173 de Villanueva. Cuando la fiscal le preguntó si recordaba de quién era esa dirección (de Molina), Andía indicó que "no".

Poco a poco, la Fiscalía fue ejerciendo presión y pasó a la parte del domicilio de Bartolini. ¿Sabe usted si Carolina Bartolini junto con su esposo adquirieron un departamento de Ortega?", lanzó. "No, alquilaban en ese momento", contestó.

"Conforme el informe de las matrículas que tenemos acá, Ortega mencionó que tuvo que vender unos departamentos. Para la tesis de la Fiscalía, pago de coimas... Para la otra tesis, pago de honorarios. Pero esta es la situación: 17 de agosto de 2019 adquiere la señorita María Carolina Bartolini -junto con su marido- uno de los departamentos que vende Ortega, un fideicomiso donde el fiduciante es Molina y el fiduciario Ortega. ¿Sabía usted eso?", dijo André. A lo que Andía manifestó de forma escueta: "Desconozco".

"El 17 de mayo de 2019 María Carolina Bartolini le toma en indagatoria Molina y el 17 de agosto de 2019 le compra un departamento en el cual el acreedor hipotecario es Molina", añadió Fiscalía. "Yo desconocía que habían comprado un departamento de Ortega", esgrimió Andía, quien, luego, ante la pregunta acerca de si Walter Bento desconocía esa situación, afirmó: "Desconozco".

Finalmente, Andía relató que María Carolina Bartolini se encuentra de licencia sin goce de haberes hace un mes. Posteriormente, se procedió a una compulsa en el medio de la audiencia, que consiste en que, ante el hecho de que está teniendo conocimiento de la comisión de un delito -es decir, un nuevo cohecho aparte de los 15 existentes- se pide que se investiguen eso nuevos hechos. La Fiscalía pidió al Tribunal Oral que se saque compulsa para la Fiscalía Penal en turno investigue esa adquisición del departamento por parte de la funcionaria judicial.

La historia de la causa que involucra a Ortega y a Molina

Tal como explicó MDZ en los inicios del Bento gate, el caso de Javier Ortega y Juan Carlos Molina data de 2019, cuando investigadores detectaron la llegada irregular de miles de prendas deportivas provenientes de Chile que estaban comercializándose de forma ilegal en la provincia. En aquel entonces, el cálculo oficial  las prendas tenía un valor que superaba los doscientos millones de pesos

Entre la madeja de involucrados y negocios donde se vendían esos productos, había un depósito ubicado en la calle Alsina al 3800 (Maipú), donde se acopiaba la mercadería. El titular de ese inmueble era justamente Javier Santos Ortega. Junto a él quedaron pegados su hija -que vendía lo que llegaba-, su marido -también metido en la venta- y el mencionado primo, Molina, que regenteaba el galpón y distribuía el material.

El abogado inicial fue desplazado e ingresaron a la causa Aramayo, Ríos y Ortego: el trío acusado de colaborar con el juez Bento en las negociaciones "non sanctas"

En agosto del 19’, y tras algunas declaraciones indagatorias, la situación era así: Molina pasó de contrabandista a “encubridor”, al igual que Ortega. Extraños encubridores, ya que -como se señaló más arriba- se los encontró con doscientos millones de pesos de mercadería ilegal dentro de un galpón de su propiedad.

Para el Ministerio Público, esta modificación se dio porque comenzó a tallar en la causa la banda que "manijeaba" en la Justicia Federal: el abogado inicial de Ortega, de apellido Figueroa, fue desplazado y asumieron su representación Ríos y Aramayo, justamente dos de los letrados que están imputados como cómplices de Bento en la presunta cobranza de coimas.

Figueroa también fue desplazado de la defensa de Molina. Lo reemplazó otro viejo conocido: Ortego, que es precisamente el tercer abogado que se consideró partícipe probable de la asociación ilícita. En cuestión de meses, Ortega y Molina quedaron libres, lo cual habría tenido relación con los US$ 722.000 que Ortega confesó haber abonado para que modificaran su situación frente a la Justicia.