Las sillas de la Corte

Extraordinarias en febrero y negociación por Ariel Lijo: la posibilidad que baraja el Gobierno

En Casa Rosada congelaron el camino de designar a sus candidatos para la Corte Suprema por decreto presidencial y abrieron en su lugar las puertas de un acuerdo que podría ocurrir en febrero.

Nicolás Palermo
Nicolás Palermo viernes, 27 de diciembre de 2024 · 07:00 hs
Extraordinarias en febrero y negociación por Ariel Lijo: la posibilidad que baraja el Gobierno
El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Foto: Presidencia

Hay un tema que es una preocupación confesa para el Gobierno: las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia. La falta de acuerdos en el Congreso para cubrir los huecos alimentó la versión de designar por decreto a los dos candidatos del oficialismo para el máximo tribunal, pero ahora la Casa Rosada ahuyenta ese fantasma y pone nuevamente sobre la mesa la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias para discutir los pliegos.

"Extraordinarias es una posibilidad en febrero", reconoció una alta fuente del Gobierno, que entre los posibles temas a tratar menciona el proyecto para eliminar las PASO, la privatización de Aerolíneas Argentinas y por supuesto, los nombramientos en la Corte.

"Ficha Limpia puede estar en extraordinarias, Presupuesto no", agregan desde la Casa Rosada, dando por cerrado uno de los mayores reclamos de los gobernadores: la ley de leyes que determina los montos de las partidas a ejecutar en el próximo 2025. Si eso puede complicar las negociaciones del Gobierno respecto a los jueces, no parece despertar mayores alarmas en Balcarce 50, donde deslizan que hay un "60% de posibilidad de acuerdo con la oposición" por el pliego de Ariel Lijo, uno de los dos aspirantes.

El otro pliego que camina por los pasillos del Congreso es el del académico Manuel García Mansilla. Ambos fueron enviados por la Casa Rosada al Senado el pasado 15 de agosto para ser aprobados por la Comisión de Acuerdos. Allí los candidatos necesitan 9 firmas para que se habilite el tratamiento en el recinto, donde necesitan dos tercios de los votos de la Cámara para ser nombrados.

En ese escenario, el apoyo del kirchnerismo es imprescindible debido a su peso específico de 33 legisladores de los 72 que componen la cámara. Ese terreno adverso le impidió al Gobierno tratar los pliegos durante el periodo de sesiones ordinarias del Congreso por lo que el Ejecutivo comenzó a analizar dos escenarios posibles. El primero de ellos, nombrar a los jueces por decreto en comisión.

La Constitución avala al Presidente a avanzar de esta forma cuando el Palacio Legislativo está en receso, pero estos nombramientos expirarían al final del siguiente periodo ordinario y hasta entonces el Senado puede decidir prestarles acuerdo o rechazarlos.

El único antecedente desde el regreso de la democracia es el de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, designados para integrar la Corte en comisión por Mauricio Macri en diciembre de 2015. Sin embargo, finalmente los magistrados no asumieron hasta después de obtener el acuerdo de la Cámara alta.

La Libertad Avanza reconoció evaluar esa posibilidad cuando a fines de noviembre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que "hay una preocupación del Gobierno con que la Corte esté integrada", ya que "va a quedar con menos miembros en poco tiempo".

La inquietud de Francos tiene que ver con que Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte desde 2002, cumplirá el próximo 29 de diciembre los 75 años, edad límite que establece la Constitución para ocupar el cargo. Dado que el Gobierno decidió no recurrir a la prórroga de 5 años más que tiene permitido, el máximo tribunal quedaría con solo 3 de los 5 miembros que corresponden, ya que el sillón que ocupaba Elena Highton de Nolasco está vacante desde 2021.

En ese sentido, el veterano funcionario aseguró que el nombramiento por comisión "es una posibilidad que tiene antecedentes nacionales e internacionales" y explicó que "si no se han dado los acuerdos para la designación de los jueces conforme la propuesta formulada por el Ejecutivo, el Presidente tomará la decisión que le parezca que tenga que tomar". En una sintonía similar, el propio presidente Javier Milei había manifestado que "si el Senado no resuelve, lo tendrá que hacer él".

Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a entreabrir las puertas de la negociación este jueves en su última conferencia de prensa del año. Allí, el funcionario negó que la Casa Rosada esté trabajando en la redacción de un decreto para cubrir las vacantes en el máximo tribunal, y si bien aseguró que "todas las posibilidades están abiertas", enfatizó que "el decreto sólo ocurrirá en condiciones en donde la Justicia se empantane, cuando se necesiten los jueces por una cuestión coyuntural y el Senado no haya resuelto”.

El rebaje de la Casa Rosada llegó días después de que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, advirtiera en una entrevista en LN+ que "la Corte tiene que funcionar, con tres, con cuatro o con cinco integrantes” y afirmara que llegado el caso de una eventual designación de Lijo y García-Mansilla por decreto, “lo tiene que resolver la Corte en última instancia si hay cuestionamientos”.

El mensaje, que algunos interpretaron como direccionado al Gobierno, fue precedido por una acordada firmada por el propio Rosatti, el saliente Maqueda y Rosenkrantz que aprobaba un mecanismo para que la Corte Suprema pudiera seguir funcionando con solo 3 de sus miembros a partir del sorteo de conjueces en aquellos casos donde no se logren consensos para completar las mayorías necesarias. La medida apunta a evitar la paralización de expedientes por falta de acuerdo, garantizando que los casos continúen su curso sin bloqueos y que el acceso a la justicia sea oportuno.

Por el momento, ese será el sistema con el que funcionará el tribunal supremo hasta que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para sentar a sus elegidos en sus sillas, o se canse de esperar y todo quede bajo la determinación de Milei. Qué camino será, eso dependerá de los porcentajes.

Archivado en