Qué significa que el Gobierno haya eliminado la emergencia en tierras indígenas
El Gobierno puso fin a la emergencia en tierras indígenas y las fuerzas de seguridad podrían avanzar con los desalojos. Esto fue posible mediante la derogación de la Ley N° 26.160 de emergencia territorial y su prórroga con el decreto 805/2021.
"Se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia", se lee en el considerando del decreto 1083/2024, publicada en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo, argumentando el abuso de la emergencia en tierras indígenas.
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros, dispuso la derogación del Decreto N° 805, publicado el 17 de noviembre de 2021. De esta manera, se declara "finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto".
Así, también queda sin vigencia la Ley Nº 26.160, sancionada a fines del 2006, que declaraba la emergencia territorial de las comunidades originarias. Esta normativa dictaba la emergencia en "materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, con personería inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o en el organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de CUATRO (4) años desde dicha sanción".
En la misma ley, se suspendía, por el plazo de la emergencia declarada, el desalojo o desocupación de las tierras indígenas. En tanto, el decreto 805/2021 extendía el plazo de la emergencia hasta noviembre de 2025. Ahora, tras la derogación de ambas normativas, las fuerzas de seguridad podrían avanzar en el desalojo de las tierras, en caso de ser necesario.
En el considerando, las autoridades argumentaron que tanto la ley 26.160 como el decreto de la prórroga "excesiva" de emergencia, "ha dado lugar a una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado".
Asimismo, apuntaron que "la situación que dio origen a las sucesivas prórrogas de la emergencia se ha agravado debido al incremento de inscripciones de comunidades indígenas en los respectivos registros, sin cumplir las mínimas condiciones para que los peticionantes sean reconocidos como comunidades indígenas autóctonas". En este sentido, en la actualidad son 1626 las comunidades reconocidas como indígenas.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Economía, Luis Andres Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Iván Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Federico Adolfo Sturzenegger.
En el documento, también se menciona el crecimiento progresivo del conflicto que lleva años en el sur de la Argentina, entre las comunidades que reclaman y toman tierras y las fuerzas de seguridad y propietarios intentando frenar su avance. Esto, según el texto, habría derivado "en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales". En este punto, se contabilizaron, al menos, 254 hechos judicializados por usurpaciones y hechos violentos en todas las provincias del país.