La trama del caso judicial más resonante y polémico llega a la Corte nacional

Una de las causas más resonantes de los últimos tiempos en la Justicia provincial llegará esta semana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata del caso conocido como Zuccardi-Zuccardi, la disputa familiar entre hermanos que se convirtió en una pelea judicial millonaria en dólares, que involucra a una de las bodegas más importantes de Mendoza y que tiene un trasfondo que supera a la mera interna de una familia. El fallo judicial, que generó un reguero de preocupación en muchas empresas mendocinas porque podría influir en futuras decisiones judiciales relacionadas con derechos de herencia y otros por el estilo, terminó definiéndose con perspectiva de género dentro de la Corte mendocina y fue así por la mirada que introdujo la jueza María Teresa Day como redactora principal.

El próximo miércoles, los abogados del reconocido bodeguero José “Pepe” Zuccardi, presentarán ante el máximo órgano de Justicia de la Nación un “recurso de queja” para intentar dar vuelta allí la sentencia que la Corte local emitió en su contra y que terminó favoreciendo a su hermana, María Cristina, en una demanda que quedó estipulada en más de 12 millones de dólares.

El planteo judicial surge luego de que la Sala 1 del tribunal mendocino rechazara hace quince días un recurso extraordinario para rever el fallo, en medio de una negociación que habrían encarado las partes para intentar llegar a un acuerdo y que tiene, asimismo, una espada de Damocles que pende sobre la empresa en cuestión: con dos fallos judiciales en contra salidos de la Corte, la Justicia podría definir la ejecución de la sentencia a través de embargos. La jugada judicial está a cargo del estudio del abogado Bernardo Saravia y apunta, al menos, a abrir un paréntesis en la discusión entre las partes que está en pleno proceso.

En agosto pasado, la Suprema Corte sentenció finalmente a favor de la demanda de Cristina Zuccardi presentada en 2014, en un fallo que redactó la jueza María Teresa Day y que acompañaron los magistrados Omar Palermo y Pedro Llorente. En ese sentido, la Justicia determinó que José Zuccardi le debe pagar a su hermana 12 millones de dólares más intereses, porque aceptó los argumentos de la demandante de que cuestiones de género incidieron en la repartición de bienes en perjuicio de las hermanas mujeres y en beneficio del hermano varón. Esto, cuando los jefes de la familia, Emma Cartellone y Alberto Victorio Zuccardi, decidieron, en vida y en 1991, realizar una partición de bienes entre sus tres hijos.

En aquel momento dejan para Cristina específicamente el manejo de dos empresas Cimalco y Cimalco Neuquén (dedicadas a la construcción de premoldeados de hormigón) y a José Alberto le entregan el control accionario de La Agrícola, la bodega familiar, que con el paso de los años se transformó en Zuccardi Wines.

En su fallo, Day sostiene que “al analizar con detenimiento los actos celebrados y las situaciones acaecidas en el devenir de esta historia familiar, advierto la presencia de marcados estereotipos de género en las decisiones adoptadas por el causante respecto a sus bienes, los cuales resulta necesario poner en evidencia en pos del derecho a la igualdad que reclama la recurrente". Y concluye que, en este aspecto, hubo una “ notoria afectación de la legítima amerita idéntica solución sea el perjudicado un heredero varón o mujer. La legítima no distingue de sexos ni géneros. Es un derecho de todo heredero forzoso que debe ser respetado y protegido si se advierte su conculcación".

El argumento central de la jueza suprema fue económico. Según ella calculó, el valor de las empresas y los bienes hereditarios se estimaba en alrededor de 119.5 millones de dólares y por diferentes operaciones que también fueron denunciadas por la demandante, se determinó que María Cristina Zuccardi recibió sólo 7.8 millones de dólares (lo mismo que su otra hermana) mientras que el hijo varón terminó percibiendo bienes por 94.7 millones de dólares.

“La prueba que existe en la sentencia es que este tipo de repartos eran discrecionales. Por lo general, en otras épocas, esa era la forma de dirimir este tipo de cuestiones entre las familias, en donde siempre se privilegiaba al hijo varón”, argumentaron voceros de la Corte para justificar la resolución de la causa.

El reparto de bienes intrafamiliar no fue cuestionado (por lo menos en la Justicia) durante 23 años. Recién en 2014, cuando fallece Alberto Zuccardi, Cristina acciona legalmente. Esa causa tuvo al menos tres instancias previas antes de llegar a la Corte tras sucesivas apelaciones: todas rechazaron el planteo de la demandante, incluso dos tribunales conformados íntegramente por mujeres. En 2022 así lo determinó la jueza Fernanda Salvini, del Tercer Juzgado Civil y Comercial. Y un año después la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, conformada por las magistradas Silvina Furlotti Moretti, Gladys Marsala y Teresa Carabajal Molina,  siguieron el mismo camino y dejaron firme el fallo de la primera instancia.

Algo muy interesante de esta parte de la historia, al menos. En el último escalón antes de llegar a la Corte, la Procuración rechazó el planteo de Cristina Zuccardi a través de un dictamen que lleva (en un caso en donde la perspectiva de género se convirtió en el punto clave) la firma de otra mujer. En este caso de María Cecilia Aymerich, fiscal civil adjunta, quien sostuvo que su recomendación era rechazar que el expediente llegara al Supremo Tribunal. Y lo hizo, entre otros argumentos, sosteniendo dos que resaltan. Uno de ellos, vinculado a la cuestión de género. “No se vislumbran concretas situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso, o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente, ello a los efectos de romper esa desigualdad, manejando el concepto de 'categorías sospechosas' (sospechosas de sufrir discriminación) al momento de repartir el concepto de la carga probatoria, como cuando nos encontramos frente a mujeres... niños, grupos LGTBTI y personas con discapacidad”. Y el otro aspecto central: Aymerich entendió que, al momento del reparto de los bienes en 1991, Cristina se quedó con la parte del león que, en aquél momento, eran las empresas Cimalco. “Los bienes donados por el matrimonio Zuccardi - Cartellone a su hija María Cristina, ahora impugnante, superaban notablemente los efectuados a su hermano varón”, redactó.

En este punto, la Procuración sigue en términos generales los argumentos de José Zuccardi. Ante la Corte planteó que La Agrícola, a principios de los años 90, era apenas un “prototipo” de lo que es hoy la bodega que lleva su nombre, empresa que creció y se consolidó, se defiende, con su conducción y con la participación de sus tres hijos. Según presentó asimismo, la participación de bienes por parte de su padre se hizo en términos “equivalentes” y asignando empresas de acuerdo al perfil de cada uno de sus hijos. “Todo el proceso fue formalmente contractualizado con asistencia legal y contable y consentido de manera libre, voluntaria e incondicional por todas las partes. Las situaciones jurídicas abordadas, quedaron así firmes y consolidadas”, planteó ante la Corte, quien por lo genera rechaza planteos de revisión. En este caso, además lo hizo para no terminar debilitando su propia sentencia.

El punto de Cristina es que ella entiende que la valuación de la empresa debe hacerse al momento del fallecimiento del padre, porque si bien “Pepe” quedó al frente de La Agrícola y fue quien la convirtió en una de las bodegas más importantes del país, Alberto siguió trabajando en allí hasta sus últimos días Y que por ello, esos años deben computarse para calcular el monto final de la demanda.

La irrupción en escena de Day

Desde que la sentencia se conoció en agosto, lo que desde allí se desencadenó fue un sismo que, si bien no se detectó en superficie, generó todo tipo de movimientos por debajo. En los últimos dos meses pasó de todo alrededor de este tema: intervención de la política al más alto nivel, versiones sobre reuniones que fueron fotografiadas para ser utilizadas como herramienta de presión por una de las partes, jueces de la misma Corte (en este caso ninguno de ellos que firmó la sentencia) que se manifestaron en privado como “amigo” de los demandantes y un intento de llegar a un acuerdo entre los representantes legales de los hermanos que, por ahora, se frustró porque la Corte rechazó el pedido de revisión de la sentencia.

Un detalle. El abogado contratado por José Zuccardi, Bernardo Saravia, es la cabeza de un estudio jurídico de Buenos Aires que  ostenta pergaminos en tramitaciones ante la Corte nacional. Fue, por caso, el que logró torcerle el brazo al poderoso Luis Barrionuevo, en un conflicto que tuvo, vaya paradoja, con un familiar. Esa sentencia, que se conoció en diciembre, dejó sin efecto la intervención de Barrionuevo al gremio gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, terminó restableciendo en su cargo a su ex cuñado, Dante Camaño, con quien viene peleándose desde hace años. En apariencias Saravia presume de llegada a la Corte. Tanta, que hasta Alfredo Cornejo lo tiene contratado. Este mismo letrado es el representante legal de Mendoza ante los juicios que se tramitan en el máximo órgano de Justicia Nacional.

En el camino de toda esta historia, un dato no menor. La demanda de Cristina Zuccardi no puede entenderse sin la intervención de otra figura: la de su esposo Alberto Flamarique, quien sería el verdadero estratega legal y piedra de toque de las disputas en la familia. Los antecedentes políticos lo condenan a Flamarique y envuelven de sospechas a este caso. El fue sindicado hace más de veinte años, como ministro de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa, como el encargado de usar “la Banelco” para, según se investigó en aquel  momento, pagar coimas a los senadores y aprobar así una reforma laboral. La figura de Flamarique enturbia un proceso en donde lo que está en danza son millones de dólares. Y que son muchos más de lo que se especula: se estima que, de confirmarse la sentencia, con intereses el resarcimiento a Cristina Zuccardi podría trepar a los 20 millones de dólares.

Más allá de esto, María Teresa Day viene dando señales de que llegó a la Corte para firmar sentencias con una clara perspectiva de género. El caso Zuccardi sorprendió, porque entre otros aspectos impulsó una demanda que en instancias previas habían rechazado cinco magistradas mujeres. Sin embargo, en este camino, no fue novedad otro caso que se conoció hace tres días y que tuvo repercusión nacional, inclusive. La Corte sentenció que un hombre le otorgue una compensación económica a su exesposa en un juicio de divorcio, por el sacrificio laboral y profesional que implicó la dedicación a tareas domésticas y cuidado familiar por parte de la mujer durante casi veinte años que duró la pareja. En este caso, la sentencia de Day fue acompañada por Pedro Llorente nuevamente. y por Julio Gómez. Desde hace meses que ya no es secreto: en medio de una posible ampliación de la cantidad de miembros de la Corte que podría terminar negociando el gobierno de Javier Milei (rosca que fue muy fuerte hace tres meses y que ahora volvió a instalarse) la figura de Day podría resultar atractiva para que Cornejo y los radicales en definitiva, la terminen promocionando.

La propia ministra no fue ajena a esta campaña. Solo unos días después de haber fallado en la causa Zuccardi, voló a Buenos Aires para participar en el Senado de un foro en donde se están discutiendo los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. Lo hizo en representación de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina y dijo allí: “Yo vengo a defender que haya mujeres en la Corte”, apostando, quizás, a que uno de esos hipotéticos sillones termine siendo para ella.