Cornejo va por una nueva reforma del Código Procesal Penal: qué cambios impulsa
El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para reformar el Código Procesal Penal de la provincia. La iniciativa apunta a darle mayor dinamismo a los procesos y concretamente busca acelerar la investigación penal preparatoria, la etapa previa al juicio propiamente dicho.
La propuesta, que lleva las firmas del mandatario provincial y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, ingresó este jueves a la Cámara de Diputados provincial y plantea una serie de modificaciones a la Ley N° 6730 del Código Procesal Penal de Mendoza.
En sus fundamentos, el proyecto aclara que está en sintonía con las reformas en materia penal impulsadas desde el inicio de la primera gestión de Alfredo Cornejo como gobernador. Destaca que “a partir del año 2016 más de doce leyes emanadas de la Legislatura han generado una transformación profunda en el sistema de enjuiciamiento penal en la Provincia”.
En tanto, se resalta que los procesos penales de la provincia tienen dos etapas bien demarcadas: investigación penal preparatoria y juicio propiamente dicho. Explica que la primera se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal y tiene como contenido la investigación del hecho objeto del proceso, reuniendo la prueba pertinente y útil a fin de que el órgano de persecución genere su teoría del caso y decida si se encuentra o no en condiciones de acusar al sospechado para ingresar así a la etapa de plenario.
A su vez, la segunda etapa está fundamentalmente dirigida al desarrollo del debate oral en el que acusador y defensa han de dirimir la cuestión ante el órgano jurisdiccional a fin de que éste último se encuentre en situación de dictar la sentencia definitiva.
El proyecto de reforma recientemente enviado a la Legislatura apunta a modificar aspectos de la primera etapa. El Gobierno subrayó que tiene como finalidad “perfeccionar la actividad procesal en la etapa de la investigación penal preparatoria”.
“La primera etapa del proceso tiene por finalidad reunir los elementos esenciales para el desarrollo del juicio y, en caso de no lograrlo, concluir anticipadamente el proceso. Y por ello, la investigación preparatoria no puede convertirse en una instancia engorrosa y dilatada en el tiempo cuando es el juicio, con todas las garantías de oralidad, inmediación, publicidad y contradictorio, el ámbito propicio para dirimir las distintas posiciones de cada una de las partes en el juicio”, expresan las autoridades provinciales en los fundamentos de la iniciativa.
En este sentido, advierten que “si la investigación que llevan adelante los Fiscales de Instrucción es solamente preparatoria de la acusación, parece razonable buscar un punto de equilibrio que no suspenda ni aletarde la investigación, entre las facultades que se le otorgan al titular de la acción y el control que de ellas se concede a las demás partes, pues de contrario, estamos dilatando una etapa procesal preliminar que sólo es ‘preparatoria’ del juicio oral”.
La propuesta impulsada por el Ejecutivo pretende “simplificar y eficientizar” la litigación durante la primera etapa del proceso para que se pueda arribar con mayor premura a la instancia del juicio oral.
Destacan que a partir de las reformas planteadas “se dota al titular del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado de facultades suficientes para cumplir con la misión encomendada sin que ello implique menoscabar los derechos que le asisten al imputado, salvaguardando razonablemente las instancias de oposición y ocurrencia.