Código de aguas: por falta de acuerdos, Alfredo Cornejo pospone uno de sus proyectos prioritarios
El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que tomó la decisión de posponer la presentación del Código de Aguas debido a la falta de acuerdos para avanzar en dicha propuesta legislativa. Esto ya había sido anticipado como una posibilidad por Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación, en octubre. Se trata del primer Código de Aguas de la provincia, con el propósito de realizar cambios en la normativa hídrica vigente desde el siglo XIX.
Cornejo lo comunicó este miércoles durante el acto por el Día Provincial del Agua y el 140º aniversario del Departamento General de Irrigación. "Los cambios que debemos llevar a cabo, no son solo cambiar leyes porque finalmente pueden ser solamente papeles y letra muerta si no tienen una gestión propiamente dicha de cada una de esos temas. Mendoza es más eficiente en el uso del agua en la década por las obras que se han venido haciendo".
"Desperdiciamos menos agua, pero paralelamente a ese trabajo tenemos mucho menos agua disponible. O sea que hemos hecho el trabajo, pero tenemos mucho menos agua, así que tenemos que ser mucho más eficiente aún para el futuro. A mí no me gusta alarmar -y la verdad es que creo que los que hacen política pública con el miedo son antidemocráticos-, pero sí debo decir que tenemos dificultades", deslizó el mandatario provincial.
Y agregó: "Entonces, si no tomamos las medida con tiempo, las generaciones que vienen van a tener dificultades para tener agua para el uso residencial, uso agrícola, uso industrial y todos los usos. Si Mendoza sigue haciendo su tarea de eficiencia del agua, pues no vamos a tener problemas porque -cambio climático mediante- la dotación de agua que tenemos bien utilizada, eficiente, con medidores, cuidando el agua, no derrochando como se hace en la actualidad en Mendoza, vamos a poder vivir tranquilamente. No tiene mucho rédito anunciar obras de agua cuando no se ven los progresos inmediatamente, pero si no las hacemos en este tiempo, en 15 o 20 años más vamos a tener dificultades". En ese orden, sostuvo que "la modificación del Código de Aguas y el Plan Estratégico hídrico tienen que ver con eso".
Y luego dijo sobre los plazos establecidos: "No la voy a mandar a la Legislatura hasta que no tenga el consenso suficiente con todas las recorridas que hagan falta. Había dicho que lo íbamos a hacer a fin de año, pero lo vamos a dejar todo el tiempo que haga falta. Si tiene que ser en febrero, en febrero... si tiene que ser en marzo, en marzo... Pero necesitamos modificar nuestra legislación adecuandola al Plan Hídrico y a las necesidades que tenemos de hacer bien las cosas. Las leyes tienen que ser con sanciones específicas y concretas para que el que derroche, contamine o no haga las cosas como debe lo pague caro".
"Todas esas cosas requieren una institucionalidad fuerte un control un poder de Policía adecuado, pero también una cultura que acompañe esa esa tarea. Así que estamos en esa dirección. En lo que sí estamos avanzando mucho es en el Plan Hídrico. Nos va a dar la obligación de saber cuánto cuesta producir el agua, que nadie lo sabe a ciencia cierta. El ingeniero Marinelli explicó muy bien todas las cosas que se están haciendo: las cosas que se están haciendo para saber exactamente cuánto nos cuesta producir agua, distribuirla y consumirla para los distintos usos que tiene la actividad económica de Mendoza y fundamentalmente el residencial, que es prioritario", sumó Alfredo Cornejo
En la nueva estructura organizativa, el proyecto propone la creación de un organismo técnico extrapoder denominado "Departamento de Aguas", que reemplazaría al actual Departamento General de Irrigación (DGI). Esta entidad tendría potestades exclusivas en asuntos relacionados con el recurso hídrico. La ausencia de mención explícita al DGI en el texto ha generado inquietudes entre los regantes y usuarios del agua.
Aunque se mantienen las prioridades tradicionales de uso del agua (abastecimiento poblacional, riego agrícola, industria, entre otros), el Código otorga al Poder Ejecutivo la facultad de alterar este orden en casos justificados de "beneficio económico-social superior". Esta disposición ha suscitado debates sobre la posible discrecionalidad en la asignación del recurso.
Existe otro punto: temporalidad de las concesiones. Se propone eliminar la perpetuidad de las concesiones de agua, estableciendo un plazo máximo de 30 años. Además, se enfatiza la necesidad de una planificación hídrica obligatoria y se reconoce el "valor económico" del agua como recurso estratégico para el desarrollo socioeconómico de la provincia.
Meses atrás, una vez que se puso el tema sobre la mesa, diversos sectores expresaron su preocupación por la falta de participación amplia en la elaboración del Código y por la rapidez con la que se buscaba su aprobación, hoy postergada. Regantes y asociaciones de usuarios solicitaron más tiempo para analizar y debatir el proyecto, argumentando que decisiones de esta magnitud requieren un consenso más amplio.
Autonomía del organismo hídrico: la propuesta de reemplazar al DGI por un nuevo Departamento de Aguas ha generado dudas sobre la autonomía y la estructura de la entidad encargada de la gestión del recurso. Algunos temen que esta reestructuración pueda afectar la participación de los usuarios en la toma de decisiones y la descentralización en la gestión del agua.
En tanto que la posibilidad de que el Poder Ejecutivo altere las prioridades de uso del agua ha sido objeto de críticas, ya que podría permitir cambios en la asignación del recurso basados en criterios económicos o políticos, afectando potencialmente a sectores como la agricultura.