Los detalles del amparo que busca frenar la exploración minera en Malargüe
El Senado provincial aprobó por mayoría de votos este martes 12 de noviembre la ratificación de 34 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) para proyectos de exploración minera en el departamento de Malargüe, conocido como el Distrito Minero Malargue Occidental. Con este aval legislativo, las empresas cuentan ahora con el visto bueno para avanzar en estos emprendimientos de exploración, que buscan evaluar la viabilidad de futuras extracciones en la zona. Tras el trámite legislativo, la FADE- Federación Argentina de Espeleología-, presentará un amparo para frenar el avance del proyecto, a través de un equipo de abogados y del reconocido ambientalista Eduardo Sosa.
La búsqueda principalmente de cobre que apunta el Gobierno como política de Estado, ya fue cuestionada administrativamente pero recibió un dictamen en contra de Fiscalía de Estado, liderada por Fernando Simón, por improcedente porque el expediente estaba en trámite, y aún no había pasado los pasos legales para concluirlo. Se trató de una denuncia que hizo Eduardo Sosa, quien fue presidente de la ONG Oikos Red Ambiental y ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, quien apuntó contra la iniciativa por considerar que se violaba la legislación vigente y que además, carecía de la información correspondiente para ser analizado.
El Malargüe Distrito Minero Occidental es el plan para ejecutar un shock de exploración en una zona de 20 mil kilómetros cuadrados en el departamento del extremo sur de la provincia. Además de aprovechar la oportunidad que creen que hay por la fiebre del cobre, buscan marcar un hito: que haya minería metalífera en Mendoza. La empresa estatal Impulsa Mendoza encabeza el plan. Además de los 18 proyectos que se aprobaron en la Legislatura, ahora se pondrán en debate 60 más, que serán enviados por el Gobierno a la Casa de las leyes en breve.
Pero mientras esto ocurre, la FADE junto a Sosa y un equipo de abogados presentarán un recurso de amparo para frenar el avance de los primeros 34 proyectos. Los argumentos están vinculados a que existiría violación de normas existentes, como "la ley de glaciares" y otras legislaciones provinciales y nacionales.
Sobre los detalles del amparo, MDZ habló con una de las abogadas que lo presentará, Diana Rusalen, quien adelantó que: " Me encuentro como abogada patrocinante, con la presentación de un amparo contra el Gobierno de la provincia de Mendoza, donde el objeto principal es defender judicialmente los derechos de las personas ante decisiones arbitrarias e inconstitucionales de otros poderes del estado, aquellas que violan los derechos fundamentales. Es el caso este, el del proyecto "Distrito Minero Malargüe Occidental", sostuvo.
Además, agregó que: "Este proyecto entre muchas otras cuestiones, se basa en ocupar practicamente dos millones de hectáreas malargüinas en minería, donde ya se encuentran en exploración 700.000 de las mismas, con mas de 34 proyectos mineros.Creemos que hay que tener que en cuenta la violación de muchas leyes, pero entre ellas la Ley 26.639 de glaciares que prohibe explícitamente la actividad minera en tales ambientes. Por otro lado, se viola el Tratado de Escazú, el Convenio 169 de la OIT que protege los pueblos indígenas y para no srr menos, se encuentran viciados los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, ya que la autoridad ambiental minera violó decretos y otras legislaciones provinciales y nacionales.Mucho más no puedo explayarme, por reserva al debido proceso, pero quiero aclarar que esta defensa viene de la mano de un excelente equipo interdisciplinario", concluyó.