Meritocracia: con una mención a Juan Bautista Alberdi, el Gobierno prohibió los cargos hereditarios
El Gobierno oficializó este lunes mediante un decreto presidencial la eliminación de cualquier tipo de privilegio heredado para el acceso a empleos públicos, reafirmando el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
La medida publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Javier Milei y Federico Sturzenegger, dispone que "la idoneidad" será la única condición válida para ocupar cargos dentro del sector público, prohibiendo la entrada de familiares directos de empleados fallecidos o en funciones. Este decreto pone fin a la práctica de permitir el ingreso de cónyuges, parejas convivientes o hijos de empleados públicos fallecidos, como era el caso en instituciones como el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En los fundamentos del decreto 959 se lee, por ejemplo, que "en un sistema político democrático y constitucional, en el que la igualdad jurídica procura reflejar la igualdad natural de oportunidades para los hombres, toda diferenciación normativa que se establezca entre ellos, o toda prerrogativa que se les conceda con motivo de su nacimiento, resulta arbitraria e irrazonable".
También se destaca entre los argumentos que "el artículo 17 del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi ya establecía que “la ley no reconoce diferencia de clase ni persona. No hay prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay fueros personales”.
El decreto se basa entonces en los principios constitucionales de igualdad y meritocracia. La normativa establece que los organismos del sector público nacional tendrán un plazo de 30 días para ajustar sus reglamentos a las disposiciones del nuevo decreto, con el fin de eliminar cualquier reglamento o cláusula contractual que permita el ingreso o promoción de empleados en función de lazos de parentesco.
Este ajuste incluirá la revisión de los convenios colectivos de trabajo celebrados en organismos clave como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Banco de la Nación Argentina, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la ex Dirección General de Aduanas, entre otros, que incluían cláusulas de preferencia por parentesco para el ingreso a determinados cargos.
La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano queda encargada de la supervisión de estos cambios en los convenios colectivos del sector público. A partir de la entrada en vigencia de este decreto, la Secretaría no podrá homologar convenios que contengan disposiciones contrarias a la exigencia de idoneidad como único criterio para el ingreso y ascenso en la carrera administrativa. El Gobierno también busca que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios adopten normativas similares, con el objetivo de unificar el criterio de ingreso en todos los niveles del sector público.
La nueva disposición tiene sus raíces en el decreto 732/18, que en su momento instruyó a las autoridades superiores de los organismos del sector público a abstenerse de emitir resoluciones que establecieran privilegios o preferencias por parentesco. Sin embargo, el Gobierno señala que dicha medida no ha logrado eliminar los beneficios heredados en el acceso a empleos, lo cual justificó esta nueva normativa más estricta.
En términos legales, el decreto se apoya en el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que considera inconstitucionales las preferencias basadas en lazos hereditarios al violar el principio de igualdad. También retoma la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, que sostiene que las prerrogativas basadas en el nacimiento o la sangre son incompatibles con los valores democráticos de igualdad jurídica y de oportunidades para todos los habitantes del país.
A través de esta medida, el Gobierno argentino busca promover, según indica, "el mérito y la profesionalización, a los fines de asegurar la más eficiente prestación de los servicios del Estado y protección de los recursos públicos"